La olvidada reforma agraria peruana

Sergio Guerra Vilaboy

Hoy pocos recuerdan la trascendental reforma agraria de Perú, promulgada el 24 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado, con el lema “Campesino, el patrón no vivirá de tu pobreza”, un verdadero parteaguas en la historia del país andino. La llegada al poder de los militares peruanos, el 3 de octubre de1968, ocurrió en reacción a la terrible situación económico-social –la devaluación de la moneda era de un 40%-, agravada por la manifiesta incapacidad del presidente Fernando Belaunde Terry.

La profunda crisis había conducido al recrudecimiento de las luchas estudiantiles, las huelgas obreras, al aumento de protestas rurales y la eclosión de guerrillas. La sed de tierras y justicia social agitaban al campesinado indígena, que en pleno siglo XX todavía soportaba una barbarie medieval: para los gamonales eran como animales de su propiedad, que debían arrodillarse ante ellos, cargarlos para cruzar los ríos y sufrir inhumanos castigos corporales, entre ellos ser marcados como reses.

La primera medida revolucionaria de Velasco Alvarado sorprendió a todo el mundo, acostumbrado a los tradicionales golpes militares latinoamericanos al servicio de la oligarquía y Estados Unidos. El 19 de noviembre de 1968 tropas del ejército ocuparon los yacimientos de hidrocarburos de la Brea y Pariñas, junto a las instalaciones de la refinería de Talara, ambas en manos de la empresa norteamericana International Petroleum Company, envuelta en un escándalo de ilegalidades y corrupción.

Aunque el ejército peruano era considerado una institución de casta, algunos oficiales de origen humilde, formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), de concepciones desarrollistas de seguridad nacional, impactados por los problemas sociales palpados en la represión a las guerrillas, habían escalado posiciones silenciosamente en la cadena de mando. Su programa, denominado Plan Inca, tenía por eje una ambiciosa reforma agraria que desde 1969 expropió varios millones de hectáreas, casi la mitad del área agrícola del país, en provecho de la cuarta parte de la población rural. Los grandes complejos agroindustriales de los llamados barones del azúcar y el algodón de la costa fueron entregados a cooperativas de trabajadores, mientras que los latifundios y haciendas ganaderas de los Andes se repartían a las comunidades campesinas tradicionales o a las llamadas sociedades agrícolas de interés social.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, como se autodenominó, también nacionalizó la mayor parte de la banca, los recursos naturales estratégicos y los servicios públicos básicos, entre ellos electricidad, ferrocarriles, telecomunicaciones, televisión, radio, teléfonos y prensa escrita. A ello debe añadirse la firme defensa de la soberanía nacional sobre las 200 millas de mar territorial y la creación de una serie de organismos e instituciones estatales de nuevo tipo, como Petroperú. Además, dictó avanzadas leyes sociales que regularon la actividad laboral, los salarios, las jubilaciones y beneficiaron en especial al campesinado indígena con la prohibición de los servicios personales (pongueaje) y el voto a los analfabetos, condición de la mayoría de la numerosa población quechua. Por último, la política exterior peruana se proyectó soberana e independiente, hizo causa común con la del Tercer Mundo y restableció relaciones con Cuba (1972).

Pero los militares nacionalistas peruanos no pudieron sostener esta política durante mucho tiempo, sobre todo después de la grave enfermedad que aquejó al presidente Velasco Alvarado, quien falleció el 24 de diciembre de 1977. Dos años antes había sido sustituido por el general Francisco Morales Bermúdez, principal responsable del retroceso de la singular revolución peruana al firmar acuerdos neoliberales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), permitir la reaparición de la prensa tradicional y pasar a retiro a los oficiales de izquierda. Este giro no sólo era un repliegue frente a la hostilidad oligárquico-imperialista, sino también fruto de la propia hechura socio-clasista del movimiento militar que limitaba la participación popular.

Cada vez más aisladas, las fuerzas armadas de Perú fueron creando condiciones para dejar el gobierno, cediendo paulatinamente en sus programas originales de transformaciones socioeconómicas. En 1980 se cerró el ciclo revolucionario con la devolución del poder a Belaunde Terry, el mismo presidente derrocado por los militares doce años atrás. Pero la reforma agraria peruana, una de las más radicales de la historia de América Latina, ya no podría ser revertida.

Fuente: www.informefracto.com – 14 de julio de 2020

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