Juan J. Paz y Miño Cepeda
Después de su proceso independentista, la primera mitad del siglo XIX en la República de Bolivia fue inestable y bajo constantes amenazas de sus vecinos.
Con el caudillo militar Andrés de Santa Cruz y Calahumana (1829-1839), primer presidente de origen indígena (en realidad, mestizo) y Protector de la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839), se logró imponer el orden y la institucionalización del Estado, con la profesionalización del ejército, la reestructuración de los organismos seccionales, la nueva legislación civil y penal, el arreglo y severa vigilancia de las finanzas públicas. Fue un esfuerzo modernizante y reformista temprano, beneficiado por una economía estable y creciente, basada en la diversificación agrícola y minera, los convenios y aperturas comerciales, la extensión de carreteras y otras inversiones públicas, el impulso a la educación general, incluyendo la universitaria con apoyo para estudios en Europa. A Santa Cruz le correspondió defender la Confederación, cuya derrota le obligó a salir del país, llegando a establecerse en Ecuador: primero en Guayaquil y luego en Quito.
Siguieron años de inestabilidad e incluso la pérdida del territorio boliviano que permitía su salida al mar, debido a la Guerra del Pacífico (Chile contra Bolivia y Perú, 1879-1884), claramente económica, por la disputa de territorios ricos en salitre, que pasaron bajo la jurisdicción del victorioso Chile. Al iniciarse el siglo XX, la economía minera dio un giro, al pasar de la plata al estaño, que se convirtió en el centro de las exportaciones y del poder de los “barones del estaño”. Los liberales, que desplazaron a los conservadores y sus “patriarcas de la plata”, lograron cierta “modernización” proto-capitalista del país, aunque sin superar las miserables condiciones de vida y de trabajo de la mayoritaria población indígena nacional, sometida al régimen de las haciendas. Sin embargo, a partir de la década de 1920, la legislación social y laboral, motivada por el ascenso de las luchas obreras y campesinas, así como la labor social e ideológica de los nuevos partidos de la izquierda política, e incluso con varios de los gobiernos militares nacionalistas y reformistas de los 30 y los 40, se inició en Bolivia el largo camino para la superación del régimen oligárquico, un proceso compartido con otros países como Ecuador, en el cual la Revolución Juliana de 1925 también sentó las bases para superar el Estado oligárquico.
La Guerra del Chaco (1932-1935) con Paraguay, desangró tanto a Bolivia como a su vecino, por un territorio cuyo manto de horror escondió los intereses de las gigantes petroleras imperialistas Shell y Standard Oil. Desde entonces, en Bolivia se agudizaron los conflictos entre las crecientes clases trabajadoras y la elite oligárquica, profundamente racista y cada vez más antidemocrática. De hecho, esos sectores trataron de impedir e inmediatamente desconocieron el triunfo electoral de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo cual provocó la Revolución Nacionalista (1952), una impresionante jornada popular, incluso respaldada por las armas, que retornó del exilio a Paz Estenssoro. Su presidencia (1952-1956) ejecutó un programa radical: nacionalización del estaño, estatización de minas, reforma agraria, soberanía frente a las compañías extranjeras, voto universal, reforma educativa, promoción de inversiones, bienes y servicios públicos. Le sucedió Hernán Siles Zuazo (1956-1960), quien afrontó una economía débil, pero continuó con el proyecto reformador. La Revolución Boliviana logró poner fin al dominio económico de la “rosca minero-feudal” de la plata y del estaño, favoreciendo incluso la formación de una burguesía chola (cunumis), proveniente de sectores populares emergentes.
El retorno de Paz Estenssoro (1960-1964), coincidió con el destape de la “guerra fría” en América Latina, motivada por el triunfo de la Revolución Cubana (1959), de modo que en 1964 un golpe militar se orientó por la liquidación del “comunismo”. Siguieron años de gobiernos militares anticomunistas (en 1967 es derrotada la guerrilla dirigida por Ernesto Che Guevara), aunque entre 1970-1971 el general Juan José Torres resultó un paréntesis efímero por su orientación “izquierdista” y antimperialista, comparable con los gobiernos del “socialismo peruano” del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y del “Nacionalismo Revolucionario” del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) en Ecuador, quienes lograron, en estos dos países, un tipo de desarrollismo de vertiente social, que permitió superar definitivamente el régimen oligárquico característico de buena parte del siglo XX latinoamericano.
El coronel Hugo Bánzer (1971-1978) dio el golpe de Estado que instaló una dictadura hermanada con el terrorismo que implantaron las dictaduras militares del Cono Sur de la época. Esa política fue revivida por el general Luis García Meza (1980-1981), hasta que en 1982 Bolivia logra iniciar los gobiernos constitucionales. Increíblemente es Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) quien dio inicio a la carrera neoliberal en Bolivia, continuada por los gobernantes posteriores, al mismo ritmo de lo que también ocurría en casi toda Latinoamérica, de la mano del FMI, el BM y el Consenso de Washington. Pese a los reformismos de otros momentos históricos, en Bolivia la situación de los indígenas, pobladores, campesinos, mineros, trabajadores y capas medias, no había logrado mejoras estructurales y definitivas; pero el neoliberalismo arrasó con los avances sociales y aceleró la hegemonía económica y política de elites rentistas, aliadas con los intereses del capital transnacional y diferenciadas por sus poderes regionales.
El gobierno de Evo Morales (2006-2019), primer presidente indígena (aymara) liquidó el neoliberalismo heredado, impulsó una economía social inédita, que pasó a ser ejemplar en América Latina por su crecimiento y dinamia, pero sobre todo, desarrolló políticas de amplio beneficio popular (miles de bolivianos salieron de la miseria, la pobreza y el desempleo), sobre la base del reconocimiento a la plurinacionalidad del país y la guía de los principios del Buen Vivir, consagrados por la Constitución de 2009. Estos logros, internacionalmente reconocidos por entidades como la CEPAL, pero también por el mismo FMI, el BM y las NNUU, desplazaron el antiguo poder de los clanes ricos, las elites propietarias y las “burguesías cholas”, que nunca perdonaron el camino seguido por el “indio comunista”. En 2008 los prefectos de la región de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando) encabezaron la agresiva desobediencia civil, con la amenaza de una guerra interna. En internet han quedado las imágenes de los ataques y agresiones a los “indios de mierda”, con los que las elites supuestamente “blancas” pretendían hacer notar quiénes son los “señores”.
Las elecciones de 2019 se transformaron en la oportunidad para que, a través del golpe de Estado interno y las maniobras con apoyo internacional (OEA a la cabeza), se impusiera la renuncia de Morales (el Vicepresidente y los colaboradores), su salida del país con asilo político inicial en México y la instauración del gobierno de Jeanine Áñes, quien recuperó el dominio del Estado para las derechas económicas y políticas, bajo inspiración del neoliberalismo (y la Biblia, a su modo). Se implantó la directa represión a los movimientos sociales (ha sido sangrienta la que sufrieron los indígenas), el autoritarismo y la política de persecución a Evo, al Movimiento al Socialismo (MAS) y a todo izquierdismo progresista. Los acelerados retrocesos económicos y sociales, que multiplicaron la pobreza y el desempleo incluso por la crisis de la pandemia por el coronavirus, no han podido ocultarse y constan en los informes que también han difundido las entidades internacionales antes mencionadas.
En medio de esas condiciones, las elecciones que se convocaron para octubre de 2020 activaron la lucha política, en la cual actuaron medios de comunicación, las manipulaciones legales y electorales, el intervencionismo gubernamental y las campañas derechistas para impedir el triunfo del binomio del MAS. Todo resultó infructuoso, pues Luis Arce Catacora y David Choquehuanca alcanzaron un aplastante triunfo con el 52% de los votos en primera vuelta.
El proceso electoral y sus resultados han producido un fenómeno de singular importancia en América Latina, porque no sólo significan el retorno del progresismo, sino la configuración de una inédita revolución democrática, que merece ser analizada y comprendida desde otras perspectivas. De la tradicional “política en las calles”, impedida por la pandemia o por la represión, se ha pasado a la movilización electoral de los sectores populares y clases medias, que asumieron, con plena conciencia, sus votos a favor de un proyecto político específico de cambio social y económico, contra el neoliberalismo y el dominio político de las burguesías y oligarquías racistas y clasistas. Un fenómeno que rebasó todos los esfuerzos oficiales e internacionales por impedir que se produzca. Además, no implica el “retorno” de Evo Morales -como han combatido los opositores-, sino la renovación en las personalidades y fuerzas políticas, con la intención de recuperar y dar continuidad a los logros que alcanzó el gobierno de Evo, pero también con el interés de responder al pronunciamiento colectivo para superar los errores y pulir el camino de construcción de una nueva sociedad.
Es tan significativo este giro en la política latinoamericana, que Bolivia pone de manifiesto una realidad que podría extenderse a otros países de la región: el triunfo de las fuerzas progresistas y democráticas, de las izquierdas de avanzada social, ha descolocado a las derechas económicas y políticas más radicales, a tal punto que ellas han pasado a cuestionar la propia democracia y a recelar de los procesos electorales; apelan al intervencionismo con golpes blandos o duros, y abiertamente manifiestan no estar dispuestas a reconocer a los adversarios, en quienes ven un peligro para la “nación” y una amenaza para la “sociedad”.
Con mucha razón, las expectativas latinoamericanas han puesto sus miras sobre Ecuador, país en el cual las elecciones de febrero de 2020 podrían ratificar la tendencia marcada por Bolivia o detenerla al menos temporalmente, porque el siglo XXI ha pasado a definir la democracia por la activa incorporación política de los sectores populares, su ascenso electoral y la confrontación directa con las elites del poder económico neoliberal.
Fuente: www.informefracto.com – 23 de octubre de 2020
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