Por Sergio Guerra Vilaboy
Con la ocupación de Lima por el ejército chileno en 1881, que ya contamos en Informe Fracto, se agudizaron las contradicciones entre Estados Unidos e Inglaterra por el dominio de América Latina. En este conflicto fratricida sudamericano, Londres apoyó al gobierno de Chile, para quedarse con los disputados yacimientos de guano y salitre, a lo que se opuso Washington.
La política injerencista norteamericana en la región fue impulsada por el nuevo secretario de Estado James G. Blaine, nombrado por el presidente James Garfield, tras su entrada a la Casa Blanca (1881). Blaine sería durante toda la década del ochenta el principal artífice de una nueva modalidad de la expansión de Estados Unidos, el panamericanismo, que comenzaría a impulsar, en ese mismo año, con la convocatoria a una reunión de los países latinoamericanos que no podría concretar hasta octubre de 1889.
Blaine se inmiscuyó en la contienda del Pacífico, que consideraba “una guerra inglesa contra Perú con Chile como instrumento”. Instigado por su representante diplomático en Lima, Isaac P. Christiancy, el canciller estadounidense reconoció al nuevo mandatario peruano Francisco García Calderón para frenar la cesión territorial exigida por los chilenos para hacer la paz. El presidente de Perú había sido nombrado, el 22 de febrero de 1881, por una “junta de notables” permitida por Chile para debilitar la resistencia nacional y conseguir un interlocutor que aceptara sus pretensiones. Como Lima estaba ocupada por el ejército invasor encabezado por el general Patricio Lynch, casualmente formado en la marina inglesa, García Calderón debió formar gobierno en el poblado de La Magdalena, en las afueras de la capital.
En un despacho confidencial al Departamento de Estado, Christiancy manifestó su preocupación por el destino del litoral peruano ocupado, que podía caer en la órbita inglesa, proponiendo una fuerte presión diplomática para obligar a los chilenos a retirarse, o incluso mediante la intervención directa, para impedir que en “la actual emergencia”, la doctrina Monroe, no sea considerada “un mito en todos los Estados sudamericanos.” Según Christiancy: “Cincuenta mil ciudadanos emprendedores de los Estados Unidos dominarían toda la población y haría al Perú totalmente norteamericano. Con el Perú bajo el gobierno de nuestro país dominaríamos a todas las otras repúblicas de Sud América, y la doctrina Monroe llegaría a ser una realidad, se abrirían grandes mercados a nuestros productos y manufacturas…”
El 26 de junio de 1881, Estados Unidos otorgó su reconocimiento al presidente García Calderón, que a partir de ese momento se negó a toda cesión a Chile e inició negociaciones secretas con Washington, ahora representado en Perú por Stephen Hurlbut, amigo personal de Blaine. El nuevo diplomático norteamericano llegó a elaborar un Memorándum, enviado el 14 de agosto de ese año al propio general Lynch, oponiéndose a que varias provincias peruanas fueran anexadas a Chile.
Cinco semanas después, García Calderón concedió a Estados Unidos el derecho a una estación naval y carbonífera en Chimbote y explotar minas, así como el ferrocarril en construcción desde ese estratégico puerto al interior. Entretanto, se constituía en New York la Peruvian Company, asociada con la entidad francesa de Crédito Industrial, para reclamar, en nombre de empresarios expropiados por Perú antes de la guerra, la posesión de yacimientos de guano y salitre en Tarapacá, departamento ocupado por el ejército chileno junto con Arica, Tacna y la provincia boliviana de Antofagasta.
El proyecto de Blaine, sin embargo, fracasó. La inesperada muerte del presidente Garfield, en septiembre de 1881, impidió la salida de una escuadra norteamericana hacia el sur, y la rápida reacción chilena, que el 6 de noviembre de ese mismo año detuvo y trasladó a Valparaíso a García Calderón, abortaron las maniobras norteamericanas. José Martí, en un artículo publicado entonces en La Opinión Nacional de Caracas, supo calibrar las “concepciones monstruosas” de Estados Unidos, aún antes del desenlace, “como una compañía peruana, que mantiene que los hombres del Norte de América tienen derecho a todo el oro y riquezas de la América del Sur, y a que en el Perú se haga lo que ha comenzado a hacerse en México, lo cual ha de empezar porque, en pago de un crédito de aventurero, abra el Perú todas sus minas a los reclamantes avarientos, sus lechos de oro, sus vetas de plata, sus criaderos de guano; y, en prenda del contrato, sus puertos y ferrocarriles.”
Fuente: www.informefracto.com – 26 de marzo de 2021
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