Sergio Guerra Vilaboy

En los años veinte del pasado siglo, la prensa de Estados Unidos calificó de Suiza de América a la República Oriental del Uruguay, lo que se popularizó. La generosa comparación le vino como anillo al dedo al ex presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez, quien la difundió en su periódico El Día, convencido que los elogios norteamericanos tenían que ver con las reformas implantadas durante sus dos mandatos, sobre todo el de 1911 a 1915, cuya impronta perduraría más allá de su muerte (1929).

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos de principios del siglo XX, Uruguay se había insertado con ciertas ventajas en la división internacional de trabajo y pudo desarrollar un sector urbano con los niveles de vida más altos del continente, comparables al de algunos países europeos. Factores diversos facilitaron la ampliación de las relaciones capitalistas y la estabilidad política, que lo distanciaron de las “repúblicas bananeras” de América Latina, de las que se burlaba la propia prensa estadounidense por su miseria y dependencia extrema. 

En gran medida, los éxitos de Uruguay se debían a las reformas políticas y socioeconómicas del batllismo. Sin paralelo hasta entonces en América Latina, eran sólo equiparables a las conseguidas en México con la sangrienta revolución de 1910 y recogidas en la constitución de Querétaro, aunque sin alcanzar la tranquilidad de la república oriental. El artífice de esas trasformaciones fue Batlle y Ordóñez, de la élite del tradicional Partido Colorado. 

Durante su primer mandato (1903-1907), Batlle y Ordóñez derrotó la rebelión del caudillo del Partido Blanco Aparicio Sarabia, logró la estabilidad política de la nación e impulsó la modernización del puerto de Montevideo, entre otras obras de infraestructura. Pero no fue hasta su segundo gobierno que pudo dar un giro a la historia del país, que de algún modo promovía en sus artículos en El Día, y en su Manifiesto de 1910, sobre la necesidad de crear un Estado democrático y benefactor situado por encima de las clases, que le dieron el apoyo de la emergente burguesía nacional, las capas medias y los trabajadores. Aunque no se proponía afectar el gran latifundio exportador de lana y carnes, que proporcionaban más del 60% de los ingresos del país, no obtuvo el respaldo de la cúpula colorada y la oligarquía.

Fue durante este periodo presidencial iniciado en 1911 que pudo impulsar una especie de capitalismo de Estado, fundamentado en nacionalizaciones de los servicios públicos básicos (electricidad, teléfonos, gas, tranvías, ferrocarriles, agua y otros), establecimiento del proteccionismo aduanero, el desarrollo de la industria y la creación de “entes autónomos”, como las Usinas Eléctricas del Estado, mientras el Banco de la República y el Hipotecario, así como los seguros, eran estatizados.

Promovió un novedoso sistema de gobierno colegiado inspirado en el de Suiza, que sólo se vertebró por completo después de su muerte, aunque logró instalar un Consejo Nacional de Administración para el manejo de la economía nacional. A ello hay que sumar la adopción de una legislación social progresista, que incluía jubilaciones, pensiones, jornada de ocho horas, enseñanza gratuita, descanso semanal y salario mínimo. Gran parte de estas conquistas fueron plasmadas en la constitución de 1917, que incluyó el voto secreto y universal, así como la separación de la Iglesia del Estado.

En política exterior el batllismo se alineó totalmente a favor de Estados Unidos y respaldo sus intervenciones en América Central y el Caribe. Esta postura de Batlle estaba en consonancia con su apertura al gran capital norteamericano en detrimento del británico, que había predominado hasta entonces, al extremo que en 1920 el comercio con Inglaterra era sólo el 17% mientras el de Estados Unidos superaba el 35% y las deudas de Uruguay con esta potencia pasaron de dos millones de dólares (1919) a cuarenta y cinco millones (1929).

Pero el estado de bienestar general conseguido con el batllismo comenzó a declinar desde los años treinta –en 1933 Gabriel Terra se declaró dictador y derogó la constitución-, proceso acelerado en los cincuenta y sesenta, cuando el ingreso de su población cayó en picada, poniendo al Uruguay con una situación socio-económica cada vez más parecida al resto de los países latinoamericanos. El resultado fue el ascenso de las luchas populares, las acciones armadas de los Tupamaros y el golpe de estado militar de 1973 que estableció la dictadura de José María Bordaberry, esfumando las últimas conquistas de la otrora Suiza de América.

Fuente: www.informefracto.com – 24 de agosto de 2021