Paraguay. Golpes de Estado institucionales

Golpes de Estado institucionales

Juan J. Paz y Miño Cepeda (1)

En 2009, Manuel Zelaya, Presidente de Honduras, fue apresado por los militares y expulsado a Costa Rica. La Corte Suprema y el Congreso coincidieron en ese “golpe” que colocó en la presidencia a Roberto Micheleti. La Comisión de Verdad y Reconciliación auspiciada por la OEA y el nuevo presidente Porfirio Lobo, concluyó en su informe (2011) que el derrocamiento de Zelaya fue un «golpe de Estado al Ejecutivo».

Entre jueves y viernes de la semana pasada, el Presidente del Paraguay Fernando Lugo fue destituido por el Congreso. Todo bajo fórmula aparentemente “legal”, pues se amañó un juicio político contra el Mandatario, que concluyó nombrando a Federico Franco como nuevo Presidente.

América Latina ya no se llama a engaños y varios países de la región han denunciado ese golpe de Estado, anunciando desconocer al nuevo gobierno paraguayo, en tanto se analiza la exclusión del Paraguay de UNASUR y MERCOSUR.

Honduras y Paraguay han demostrado la consolidación de un nuevo mecanismo para deshacerse de gobiernos que, con respaldo popular electoral, han alterado las bases de los poderes tradicionales en el Estado y orientan sus políticas con sentido social.

Se trata de “golpes de Estado institucionales”. En contubernio con otras funciones o instituciones del Estado, el Congreso actuó como instrumento, que manipulando mecanismos constitucionales, justificó la destitución presidencial con cualquier hecho o argumento circunstancial. En Honduras o Paraguay la movilización popular a favor de los mandatarios legítimos no interesó y simplemente fue reprimida.

Se demostró, además, la necesidad de que los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, junto con el respaldo popular, cuenten con mayorías institucionales y sin duda en el Congreso. Lugo careció de ella. Y es que precisamente contra estos gobiernos apuntan las confabulaciones de las derechas y los intereses de las potencias imperialistas que las respaldan, pues ambas fuerzas no perdonan su desplazamiento del poder.

Pero también debería entenderse que el terreno ideológico del “golpismo” es alimentado, directa o indirectamente, por la pseudopolitología académica, que utilizando conceptos inadecuados desde una perspectiva histórica responsable y objetiva, considera como “populistas”, “hiperpresidencialistas”, “autoritarios”, “violadores de derechos y libertades”, “criminalizadores de la protesta social”, etc. precisamente a los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana.

Golpes de Estado «legales»

El Telégrafo Ecuador, 02/07/2012

Una serie de opinadores de ocasión, sostiene que la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay fue un asunto “constitucional”: el Congreso entabló un juicio político al Mandatario, el Senado votó en su contra y hasta el mismo presidente aceptó la decisión. Por tanto, concluyen, no hubo “golpe de Estado”. Se ha confundido así dos niveles distintos de la vida social: uno es el orden jurídico, que es una esfera institucional del Estado; y otro es el mundo de los procesos sociales reales, que en determinados momentos históricos incluso rompen con el orden jurídico existente. Desde el punto de vista meramente jurídico, tanto las revoluciones de Independencia en América Latina, como la Revolución Liberal Ecuatoriana (1895), la Revolución Mexicana (1910) o la Revolución Cubana (1959), simplemente serían acontecimientos absolutamente ilegales, porque atentaron contra las leyes de su tiempo. Pero un golpe de Estado no es un acontecimiento simplemente “legal” o “ilegal”. Es un hecho “histórico”, que responde a las lógicas internas de la sociedad, que moviliza intereses sociales, clases en conflicto, fuerzas activas en el mundo político. Otra cosa es que al hecho social se lo revista con cualquier ropaje legalista. En Ecuador, fueron verdaderas rebeliones ciudadanas en Quito (menores en el resto del país), las que provocaron el derrocamiento de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). El “golpe de Estado” vino de la clase política en cada momento, que rebuscó alguna causal constitucional para sustituir a esos mandatarios por títeres políticos aceptables al juego de intereses que esa clase movilizaba. En Venezuela, el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 ni siquiera se cuidó de montar una justificación legal. En Honduras el “golpe” (2009) se inició sacando al presidente Manuel Zelaya fuera del país. En Paraguay, “todo” fue legal, para ocultar el evidente golpe de Estado institucional que movilizó los intereses de la poderosa oligarquía agraria. El 30-S en Ecuador no es más que una “insubordinación” policial para los opositores al gobierno del Presidente Rafael Correa. Desde luego, “ninguno” quiere ver que tras esa aparente insubordinación, muy parecida a la de los policías en Bolivia en días pasados, se camuflan interesados sociales, que coinciden en buscar el derrocamiento de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. Y todo bien podría aparecer como muy “constitucional”.

 

(1) Juan J. Paz y Miño Cepeda es Vicepresidente de ADHILAC.

Publicado por ADHILAC Internacional © www.adhilac.com.ar

Si Ud. desea asociarse de acuerdo a los Estatutos de ADHILAC (ver) complete el siguiente formulario (ver)

E-mail: info@adhilac.com.ar

Twitter: @AdhilacInfo