Los desafíos del cambio en Ecuador
Jorge Núñez Sánchez
Guayaquil, Ecuador. 28 de marzo de 2013
Me apena la situación en que se halla todavía buena parte de la universidad pública ecuatoriana, en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y me apena porque me formé en ella y luego trabajé en sus aulas por casi cuarenta años.
Por un imperativo nacional, la universidad pública está llamada a ser un factor de igualdad educativa y equilibrio social. Frente a la presencia de la universidad privada, a donde concurren los jóvenes de mayores recursos, la universidad estatal ha sido y debe seguir siendo una opción ideal para los jóvenes que vienen del pueblo y carecen de recursos para pagar una educación rentada. Y también tiene que seguir siendo un espacio ideal para la vigencia del laicismo y el florecimiento de todas las ideas.
Pero esto no significa que las universidades estatales deban continuar en el estado calamitoso en que las dejaron la politiquería y el fementido “libre ingreso” y que deban seguir actuando como verdaderos “asilos de jóvenes”, creados por el sistema para inducir al engaño de que la obtención de un título profesional, por cualquier medio, garantiza el paso a una mejor vida.
Por suerte, la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ha creado un marco jurídico que apunta a superar esa situación y organizar universidades nacionales de alto nivel científico y educativo, que sirvan como puntales para el desarrollo nacional.
Desde luego, la conquista de esa ambiciosa meta educativa no puede lograrse solo por la aplicación a rajatabla de la LOES y su reglamento, sino por un coordinado esfuerzo de todos los organismos y estamentos implicados en el asunto.
La transición de la vieja a la nueva universidad requiere de ajustes continuos y de comprensión mutua entre la autoridad y los organismos universitarios. Aquella debe discriminar cuidadosamente lo bueno y lo malo que tienen las universidades nacionales, para rescatar y potenciar lo primero y desechar lo segundo. Y estos tienen que acoplarse al proyecto transformador del poder público y no limitarse a criticarlo y resistirlo.
Para hablar de ejemplos concretos, las universidades públicas deben concentrarse ahora en facilitar a sus docentes la adquisición de títulos de postgrado, en vez de gastar sus recursos en la construcción de obras faraónicas e inconsultas. Y las autoridades, por su parte, no pueden seguir creyendo que todo se resolverá trayendo doctores extranjeros recién graduados y usando a los becarios Prometeo tanto para hacer investigación científica como para improvisar rectores universitarios.
Fuente: El telégrafo
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