La decisión  tomada el lunes 16 de junio  por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no dar lugar al pedido de revisión del fallo del Juez estadounidense Thomas Griesa, por el que se establece el pago por parte de Argentina de 1.500 millones de dólares reclamados  por una parte de  los popularmente llamados «fondos buitres» o holdouts –Elliot Management  a través de su fondo  NML Capital y Aurelius-  pone en serio riesgo no sólo la estabilidad económica y por ende política y social de este país, sino también de toda América Latina y el Caribe. La Argentina ha demostrado sobradamente voluntad de honrar su deuda externa, con un gran esfuerzo y sacrificio interno, sobreponiéndose a la trágica situación vivida a comienzos del siglo XXI.

Los tenedores de bonos que en el colapso que sufrió el país en 2001, compraron bonos a porcentajes mínimos de su valor nominal, hoy reclaman el ciento por ciento más los intereses, multiplicando cientos y cientos de veces el capital invertido, lo cual se traduce en millones de dólares impagables por el país sudamericano.

Asimismo, esto pone en evidencia la centralidad del sector financiero en el sistema internacional, que con una lógica específica de acumulación, separada de la base productiva de cada una de las naciones,  trasciende y condiciona los intereses de los países, aún  los más poderosos del planeta.  La justicia en un sistema de este tipo es parte del engranaje que aceita el mismo, por lo que el fallo no debe llevar a sorpresas, al ser congruente con la lógica interna del mismo.

Para limitar las consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener sobre la calidad de vida de los habitantes de la diversas naciones de la región es imprescindible una acción conjunta de las mismas, que vaya más allá de las declaraciones retóricas de ocasión. Abogamos por esto y rechazamos LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA TOTAL DE LA DEUDA DE MANERA INMEDIATA POR LA ARGENTINA. Este  intento de desestabilización  no apunta a un gobierno, sino a todo el país y a toda la región. Por ello pedimos a los gobiernos de la región, la solidaridad de instituciones y asociaciones, más allá de sus diferencias,  una acción consensuada, conjunta y contundente en este caso que por su implicancia afecta no solo a la Argentina y a la región sino al mundo.

Directiva de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(ADHILAC Internacional)

20 de junio de 2014

 

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