Breve Historia del Brasil

Antonio Prieto y Sergio Guerra
La Habana, 1991

La apertura democrática y el fin de la dictadura

A principios de 1939 se efectuó el último acercamiento entre Brasil y la Alemania nazi, luego del enfriamiento de relaciones tras el fracasado golpe integralista. La nueva luna de miel entre los dos países fue en parte resultado de la negativa norteamericana de vender armas a Brasil, actitud aprovechada por el Reich para ofertar a los brasileños sus productos y equipos bélicos, proponían incluso el financiamiento de la siderurgia de Volta Redonda, cuando aún no se había concretado el acuerdo con el EXIMBANK. Fue en esa oportunidad que ambos Estados volvieron a intercambiar embajadores.

La proximidad de la Segunda Guerra Mundial y la nueva correlación internacional de fuerzas cortaron de raíz el idilio, y pusieron fin definitivamente a los coqueteos de Vargas con los regímenes fascistas europeos. Los primeros pasos en esa dirección se dieron con la misión a Washington del ministro de relaciones exteriores Osvaldo Aranha y el intercambio de visitas entre los jefes de estado mayor de los Estados Unidos y Brasil, generales George C. Marshali y Goes Monteiro, ocurridas en el primer semestre  de 1939. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano reconsideró su posición anterior, y   ofreció a los brasileños abundantes préstamos, armamentos y la construcción de bases militares. El último obstáculo al mutuo entendimiento fue el discurso de Vargas, pronunciado el 11 de julio de 1940, en el que celebró lablitzkrieg alemana desde Noruega a Francia. Esa intervención se interpretó como una especie de chantaje, que obligó a los Estados Unidos a darle más dinero a Brasil con vistas a la construcción de la usina de Volta Redonda. En consecuencia, en 1940 el comercio brasileño con el Reich fue prácticamente nulo –menos del 2%-, mientras con los norteamericanos alcanzaba el 50%.

La política de Vargas en contra del Eje se acentuó desde 1942, debido al curso que tomaba el conflicto en Europa –se producían las primeras victorias aliadas- y por los indiscriminados ataques alemanes contra los mercantes de Brasil. Prueba de la inclinación brasileña al bando antifascista fue el destacado papel de su ministro Osvaldo Aranha en la reunión de cancilleres americanos que tuvo lugar en Río de Janeiro en enero de 1942. En esa conferencia se recomendó la ruptura de relaciones con el Eje, decisión que adoptó el gobierno de Vargas el día 28 de ese mes. Un tiempo después, entre julio y diciembre, los aparatos de seguridad del Estado Novo desarticularon varios centros de espionaje alemán y japonés en Sao Paulo, Río de Janeiro y Santa Catarina. Los beneficios que Brasil conquistó por su alineamiento antifascista fueron cuantiosos: obtuvo un tratamiento privilegiado en el contexto latinoamericano por parte de los Estados Unidos, lo cual se expresó en ayuda a su industria, Fuerzas Armadas y en la promoción de un acuerdo internacional favorable al café brasileño.

En ese clima comenzó la revitalización de los sectores de oposición, los cuales exigían una amplia amnistía, la democratización, el desmantelamiento del Estado Novo y la entrada de Brasil en la guerra contra el fascismo. El primer indicio se produjo el 4 de julio de 1942, cuando cientos de manifestantes desfilaron por las calles de Sao Paulo enarbolando aquellas consignas. Paralelamente en Río de Janeiro, la Unión Nacional de Estudiantes, con la colaboración de la Sociedad de Amigos de América y la Liga de Defensa Nacional, organizó una marcha en la cual se condenó a los elementos derechistas del gobierno, aunque sin aludir a Vargas. La Sociedad de Amigos de América había sido fundado a principios de ese año por grupos de oposición pronorteamericanos encabezados por el general (r) Manuel Rabello y tenía de presidente de honor al propio embajador yanqui Jefferson Caffery. Por su parte, la Liga de Defensa Nacional venía actuando desde 1937, primero clandestinamente y luego en la legalidad, a partir de un pequeño núcleo de militantes comunistas que habían escapado a la represión de 1935. Esta organización popular tenía un programa basado en el apoyo a las iniciativas positivas del gobierno, tales como las campañas reivindicativas del petróleo y los recursos naturales, así como de respaldo a la construcción de una siderúrgica nacional, carreteras y plantas de energía.

El auge del movimiento antifascista repercutió en el seno del gobierno, por lo que se dividió el gabinete en un ala proclive a los aliados –encabezada por Aranha- y otra favorable al Eje, en la cual la figura central era el ministro de justicia Francisco Campos. Por fin, en julio de 1942, luego de una línea zigzagueante de varios meses, Vargas inclinó definitivamente la balanza a favor de los primeros y expulsó del gobierno a los más connotados simpatizantes del nazi-fascismo, entre ellos el propio Campos y el jefe de la policía del Distrito Federal, Filinto Müller, quien se había distinguido por sus despiadas torturas a los comunistas. Unas semanas después, el 21 de agosto, Vargas declaró la guerra a Alemania e Italia, pues en solo cinco días, submarinos nazis hundieron indefensos mercantes brasileños con más de 600 personas a bordo. Las propiedades alemanas –tal como había sucedido en la Primera Guerra Mundial- fueron confiscadas, entre ellas la compañía Cóndor, con cuyos aeroplanos se constituyeron las empresas estatales de aviación VASP y VARLG.

El 15 de marzo de 1943 el gobierno de Vargas decidió formar una fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB), mientras con ayuda norteamericana se construía un triángulo defensivo con sus vértices en las bases militares de Natal, Recife y la isla Fernao de Noroña. A fines de 1944 los 25 000 hombres de la FEB –entre los cuales se hallaba como piloto un hijo de Vargas; Lutero- desembarcaron en el frente italiano, y combatieron a las órdenes del general Joao Batista Mascarenhas de Morais.

En el ambiente creado por la Segunda Guerra Mundial se conformaron en Brasil dos grandes corrientes políticas. Una estaba integrada por los representantes de la vieja oligarquía agrario-exportadora, sectores liberales de las capas medias e incluso algunos grupos independientes de izquierda, que deseaban la completa desmantelación del Estado Novo. La otra tendencia nucleaba un conjunto todavía más heterogéneo, pues reunía desde sectores oligárquicos y representantes de la burguesía industrial, hasta líderes sindicales y comunistas.

Los primeros entendían que la unidad nacional para enfrentar la guerra debía darse sin Getulio, mientras que los otros concebían el frente antifascista con Vargas en la presidencia.

Para comprender la postura asumida por el Partido Comunista hay que tener presente que desde 1941 Vargas había dado un sorpresivo giro a la izquierda y dictado una serie de decretos que beneficiaban a los trabajadores junto a disposiciones de acentuado corte nacionalista. La evolución progresista del gobierno de Vargas, unida a la necesidad de fortalecer el frente interno antifascista, condujo al ilegalizado PCB, en su tercera conferencia nacional, celebrada en Mantiqueira  (agosto de 1943), a adoptar una nueva línea. En esa reunión se trazaron las tareas patrióticas en la lucha contra el Eje y de respaldo a la Fuerza Expedicionaria Brasileña, por las libertades democráticas y la amnistía de los presos políticos. A partir de ese instante el PCB dio un tácito apoyo a Vargas, organizó mítines, desfiles y campañas con el fin de recaudar fondos para las familias de los soldados que peleaban en Europa y exigió la convocatoria de una constituyente y la libertad de todos los presos políticos.

Entretanto, la presión de diferentes sectores sobre el gobierno no amainaba. Exigían de Vargas mayores concesiones a la oposición. El 24 de octubre de 1943 un grupo de 90 intelectuales y políticos de Minas Geraes, en su mayoría vinculados al extinguido régimen del “café con leche”, encabezado por el expresidente Artur Bernardes, dio a conocer el Manifiesto de los Mineiros. En ese documento, lleno de referencias a la Carta del Atlántico de Roosevelt y Churchill, la oligarquía se pronunciaba a favor de ciertas reformas jurídicas al sistema –derecho de voto, reimplantación del hábeas corpus, mayores garantías constitucionales, etc.-, pero sin tomar en cuenta para nada los problemas económicos y sociales del país. En otros lugares del territorio nacional se elaboraron textos semejantes, como el de los estudiantes paulistas, aunque en su mayoría fueron censurados por el DIP. La respuesta de Vargas llegó el 10 de noviembre, en el VI aniversario del golpe de 1937, cuando declaró que en la postguerra el régimen sería reformado y se llevarían a cabo elecciones generales, planteó además, en el mismo discurso, la necesidad de elevar el salario mínimo a los obreros.

En los meses siguientes arreció la campaña contra el Estado Novo por parte, sobre todo, de los más destacados personeros del régimen anterior en los poderosos estados de Minas Geraes y Sao Paulo, fortalecidos ahora por una nueva división en las filas del gobierno. Esa escisión era el producto de la actividad del general derechista Dutra, quien clausuró, el 12 de agosto de 1944, la Sociedad de Amigos de América. Ese día, cuando el ministro Aranha, recién elegido vicepresidente de la asociación, se presentó en la sede de la sociedad para pronunciar un discurso de agradecimiento se encontró con la policía que, a las órdenes de Coroliano de Goes, había clausurado el recinto. El incidente provocó la renuncia de Aranha y su incorporación a las filas opositoras, fue sustituido en el cargo por un diplomático de carrera, de indefinido color político: Pedro Leao Velloso.

Poco a poco la prensa rompió las ataduras de la censura y reflejó en sus páginas, cada vez con mayor insistencia, el aumento de la agitación entre los críticos del gobierno. El 22 de enero de 1945 los delegados al I Congreso de Escritores brasileños emitieron una declaración a favor de la democratización que fue publicada en varios periódicos. El 22 de febrero, el diario Correio da Manha de Río de Janeiro, dio a conocer una entrevista realizada por el periodista Carlos Lacerda al conocido político opositor José Américo de Almeida, en la cual este se manifestó por elecciones libres en las que Vargas no figurara como candidato.

Al día siguiente el periódico O Globo, sin esperar por una respuesta del gobierno, anunció la postulación del brigadier Eduardo Gomes, sobreviviente de la rebelión tenentista de 1922 y uno de los pocos oficiales superiores que se había opuesto al Estado Novo. Detrás de esa nominación estaban los intereses de aquellos sectores que habían propugnado la unidad nacional sin Getulio encabezados por viejo políticos, en su mayoría comprometidos con la oligarquía y el capital extranjero y vinculados al antiguo régimen de la República Velha. Estos serían los componentes de la Unión Democrática Nacional (UDN), que aparecería poco después. Entre los miembros más destacados de esta agrupación se hallaban Armando Soles de Oliveira, Virgilio de Melo Franco, Octavio Mangabeira, Flores da Cunha, el banquero Herbert Levi y el magnate de la prensa Assis Chateaubriand. Por razones de diversa índole también se incorporaron a la UDN Miguel Costa, Caio Prado Junior, Osvaldo Aranha y José Américo de Almeida. El programa de la organización era definidamente anticomunista y propugnaba el establecimiento de un gobierno liberal burgués, que en materia económica se opusiera a la ampliación del área de capitalismo estatal, propiciaba la inversión extranjera y la protección de los intereses de la oligarquía agrario-exportadora.

Unos días después de anunciada la candidatura del brigadier Eduardo Gomes, Vargas firmó, el 28 de febrero, el Acta Adicional No. 9 a la constitución de 1937 y fijó un plazo de 90 días para anunciar la fecha de las elecciones generales. Dos meses más tarde, en abril, cuando el Ejército Rojo irrumpía victorioso en Berlín, Vargas estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, permitió el regreso de los exiliados y concedió la libertad a más de 600 presos políticos, entre ellos al secretario general del Partido Comunista, Luis Carlos Prestes. En mayo el PCB era legalizado, mientras el gobierno emitía un nuevo código electoral que establecía el voto obligatorio, directo y secreto, aunque se mantenía la restricción a los analfabetos (50% de la población).

Tras su liberación, Preste fijó al línea del Partido Comunista en un gran acto de masas, celebrado el 23 de mayo de 1945. En ese mitin el secretario general del PCB planteó que se debían realizar elecciones a la constituyente con Vargas en la presidencia y solo después los comicios para los diferentes puestos públicos. La política del partido encaminada a recoger en un texto constitucional las principales demandas populares y a seleccionar un gobierno verdaderamente democrático, coincidió con la de los partidarios de Getulio, quienes deseaban postergar las elecciones.

Ya para esa fecha se conocía la negativa de Vargas – anunciada el 11 de marzo – a postularse para un nuevo período, lo cual allanó el camino al general Dutra. La candidatura de Dutra estaba respaldada por las dos fuerzas políticas que Vargas hábilmente venía estructurando desde hacía meses. Nos referimos al Partido Social Democrático (PSD) y al Trabalhista Brasileño (PTB). El primero, fundado el 9 de mayo, estaba dominado por los representantes de los sectores burgueses ligados al Estado Novo. Así, por ejemplo. Ocupaba sitio en su nómina el industrial Roberto C. Simonsen. La otra agrupación getulista, creada por el ministro de trabajo Alexandre Marcondes Filho, era un partido de base obrera – con una plataforma sindicalista y de respaldo al sector estatal de la economía – dirigido por líderes pelegos o de extracción burguesa como José Segadas Vianna, Hugho Berghi y Adolfo Pasqualini. Conviene aclarar que estos partidos, tanto el PSD como el PTB y la UND, se diferenciaban bastante de los que habían existido durante la vieja república, pues ya no eran conglomerados políticos estaduales, sin consistencia a nivel nacional, sino que, por el contrario, tenían una estructura que abarcaba todo el país.

A deslindar los campos entre los partidarios del capital extranjero y los defensores de los intereses nacionales contribuyó la firma por el presidente Vargas – convertido ahora en campeón de la democracia y el antiimperialismo – el 21 de junio de 1945, del Decreto Antitrust No. 7666, conocido como la Ley Malaia, la cual limitaba las actividades de las empresas extranjeras. La reacción más significativa a esta medida provino del nuevo embajador norteamericano, Adolphe Berle, quien con la acostumbrada insolencia de los diplomáticos yanquis manifestó su desagrado por la ley y exigió que las elecciones generales debían celebrarse en las fechas ya anunciadas por el gobierno: el 2 de diciembre de 1945 para el ejecutivo y legislativo federales y el 6 de mayo de 1946 para los mismos cargos a nivel estadual.

Fue entonces que cobró verdadera fuerza el movimiento queremista, identificación derivada de las palabras de orden: “¡Queremos Getulio!”. Esta corriente estaba orientada por los dirigentes sindicales getulistas y comunistas, agrupados en el Movimiento de Unificación de los Trabajadores (MUT). Desde fines de 1944 se habían venido efectuando con autorización del gobierno pequeños congresos de unidad sindical en los estados que entregaron el control de los más importantes sindicatos – portuarios, metalúrgicos, textiles, bancarios, etc. – a los comunistas. El proceso de democratización de los sindicatos obreros se fortaleció todavía más cuando el 30 de abril de 1945 se fundó, a escala nacional, el Movimiento de Unificación de los Trabajadores. La nueva organización proletaria defendía la tesis de convocar a una constituyente con Vargas en el poder, proyecto en el cual coincidían los líderes getulistas y comunistas. Por eso el 3 de octubre de 1945, al conmemorarse el XV aniversario de la revolución de 1930, el MUT organizó una gran concentración queremista frente al Palacio de Catete. En esa ocasión Vargas se dirigió a las masas que rodeaban el recinto palatino de Río de Janeiro y expresó que el pueblo tenía derecho a pedir una constituyente democrática, pero que existían “fuerzas reaccionarias”, a las que no definió, que trataban de impedirlo.

En los días siguientes Vargas tomó dos decisiones que sellaron el destino de su primer gobierno, pues dieron a la oposición los elementos que necesitaban para derrocarlo. La primera de estas medidas se publicó el 10 de octubre y consistía en anticipar los comicios en los estados para el 2 de diciembre, cambio que sorprendió a las oligarquías locales, pues restringió el tiempo para presentar sus candidaturas y realizar la campaña electoral. La otra determinación, dada a conocer por el presidente a sus allegados el 25 de octubre, estaba dirigida a sustituir al jefe de la policía capitalina, Joao Alberto Lins de Barros, por su hermano Benjamín Vargas. Ambas disposiciones caldearon los ánimos de los candidatos presidenciales ya nominados, que en complicidad con las directivas de los tres principales partidos, los mandos militares y la embajada norteamericana, dedicaron derrocar a Vargas ante el peligro de que para prolongarse en el poder postergara los comicios presidenciales y, con el respaldo de los queremistas, convocara a una Asamblea Constituyente. El 29 de octubre de 1945, 15 años después de llegar al gobierno, Vargas fue depuesto por el ministro de guerra Goes Monteiro y el jefe del estado mayor, Osvaldo Cordeiro de Farias. En la madrugadadel 31, sin ser molestado, Vargas se trasladó en un avión militar a su estancia de Sao Borja, Río Grande do Sul.


Interregno de Dutra

Las fuerzas militares y civiles que derrocaron a Vargas entregaron el poder, el 31 de octubre, al presidente del Tribunal Supremo, José Lindares, quien gobernó hasta el 31 de enero de 1946. Durante su breve mandato Lindares firmó el decreto 9167 que revocó la Ley Antitrust de su antecesor, ilegalizó durante varias semanas al Partido Comunista –persiguió con saña a sus líderes y a algunos dirigentes del PTB- y ratificó la fecha prevista para las elecciones generales.

En los comicios de diciembre de 1945 el candidato del PSD, general Dutra, con el respaldo de Vargas, el PTB y los gobernadores de Sao Paulo, Minas Geraes y Río Grande do Sul, obtuvo el 55% de la votación, derrotando al brigadier Eduardo Gomes de la UDN (35%) y al exalcalde de Petrópolis, el ingeniero Yeddo Fluza (10%), nominado por el Partido Comunista. En las mismas elecciones se escogieron los miembros del Congreso Federal, en el cual el PSD logró 151 escaños en la Cámara y 26 en el Senado, la UDN 83 y 12, el PTB 22 y 2 y el PCB 14 y 1, mientras varios pequeños partidos obtenían 16 y 1.

El triunfo general Dutra se debió a una serie de factores. En primer lugar el PSD había heredado la poderosa maquinaria estatal de control sobre las masas, conformada durante la dictadura de Vargas, que dirigían los interventores estaduales, los oficiales superiores del ejército, funcionarios de los ministerios y los “coroneles” –que todavía manipulaban una parte del campesinado-, la cual se volcó a favor de los candidatos gubernamentales. En segundo término, el PSD recibió el respaldo financiero de los comerciantes, industriales y latifundistas, atraídos por el ambiguo programa del partido que permitía la coexistencia en su membresía de los representantes de los sectores exportadores y los partidarios del crecimiento hacia adentro.

En cambio la UDN resultó la gran derrotada. Esa agrupación mostraba descarnadamente sus vínculos con el decadente sistema oligárquico del ancien regime y los sectores conservadores de las capas medias que antes militaban en el integralismo. Su lenguaje anacrónico e insípido era ya incapaz de mover a las masas con simples promesas de abstractas reformas jurídicas, a pesar de contar en sus filas con intelectuales liberales de reconocido calibre como Milton Soares Campos, Pedro Aleixo, José Eduardo de Nelly Prado y Alfonso Arinos de Melo Franco. El desinterés de la UDN por los acuciantes problemas sociales explica también el rápido alejamiento de los socialistas y otras figuras progresistas –como el prestigioso historiador marxista Caio Prado Junior-, agrupados en la izquierda democrática, que después de las elecciones de 1945 dieron vida al Partido Socialista Brasileño.

Tras más de 20 años de persecuciones e ilegalidad –que se extendió incluso a días antes de las elecciones por el decreto antidemocrático de Lindares-, la votación del Partido Comunista fue realmente impresionante. El PCB obtuvo 14 diputados –entre ellos Diógenes Arruda Camara, Osvaldo Pacheco, Joao Amazonas, Mauricio Grabois, José María Crispim, Jorge Amado y Carlos Marighela- y eligió un senador en la persona de su secretario general Luiz Carlos Prestes, quien logró la mayor cantidad de sufragios entre los senadores, incluyendo al expresidente Vargas. Además, en el Distrito Federal el partido alcanzó la mayoría de las bancas en la Cámara de los Vereadores (municipal).

Los tres centenares de miembros del Congreso Federal se convirtieron automáticamente en la cuarta Asamblea Constituyente en la historia del país, la cual elaboró la V constitución brasileña, promulgada el 8 de septiembre de 1946. De contenido burgués y democrático, la nueva ley fundamental mantuvo el régimen republicano, federativo, presidencial y representativo, así como la clásica división de los tres poderes del Estado. El ejecutivo era dotado de amplias prerrogativas –aunque mucho menores que cuando el Estado Novo- y su elección para un período de cinco años se efectuaba por votación directa, secreta y “universal “, esto es, de todos los mayores de 18 años excepto los analfabetos, soldados y marineros. A la vez se ampliaban las facultades de los estados y municipios y se garantizaba la pluralidad de los partidos políticos, libertad de cultos, de expresión, reunión, etc. A pesar de la inclusión de estos postulados, típicos de un régimen democrático-burgués, la constitución recogía también en su texto la vieja concepción corporativa de considerar a los sindicatos como “órganos de colaboración del Estado”.

Sin duda las reivindicaciones más importantes contenidas en la constitución de 1946 eran el resultado de la tenacidad de los diputados comunistas, socialistas y liberales de izquierda. Entre estos acápites positivos pueden mencionarse el impuesto progresivo a la renta, derechos a los trabajadores, así como los artículos 246 y 152 que condicionaban la propiedad de su función social y diferenciaban la posesión del suelo de la del subsuelo. No obstante, la mayoría parlamentaria compuesta por los delegados del PSD y la UDN logró dejar abierta en la constitución una puerta parla inversión foránea en los yacimientos mineros, e impidió la inclusión de otras demandas populares como la proscripción del latifundio, la federalización  del aparato judicial y la nacionalización de las empresas extranjeras.

El gobierno del general Dutra (1946-1951) se autodenominó en sus comienzos de “conciliación nacional, debido al respaldo ofrecido por la UDN, el PTB y el pequeño Partido Republicano del expresidente Artur Bernardes. Durante los primeros años, la política de Dutra se caracterizó por su marcada tendencia a reducir la intervención del Estado en la economía, junto con la adopción de medidas liberales –simultánea a la contención de las reclamaciones obreras-, favorables a los sectores y sus aliados imperialistas.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Brasil poseía en Estados Unidos y sobre todo en Europa una considerable cantidad de divisas –a pesar de los precios perjudicales establecidos en los Acuerdos de Washington- y una gran reserva de varios centenares de millones de dólares en las áreas estatales. El gobierno de Dutra dilapidó este extraordinario capital en compras improductivas, en vez de utilizar estos recursos para adquirir medios de producción y materias primas en beneficio del proceso de “sustitución de importaciones”. En menos de un año se consumieron las divisas acumuladas, más de 600 millones de dólares, mediante la adquisición de obsoletos equipos ferroviarios ingleses y la compra, en forma indiscriminada, suntuarios, como medios de nylon, artículos de plástico, automóviles y hasta televisores, cuando el país aún no poseía plantas transmisoras. Por otro lado, el gobierno adoptó una política favorable al ingreso del capital extranjero –fundamentalmente norteamericano-, lo cual se expresó en la entrega de las grandes reservas de manganeso en Amapá a la ICOMI, subsidiaria de la Bethlehem Steel Corporation.

Por añadidura se aprobó un entreguista Código del Petróleo –en Bahía se habían descubierto en época de Vargas valiosos yacimientos- y se concibió un plan para conceder laexplotación del Amazonas a consorcios imperialistas. Ese proceso coincidió con el arribo de la “ayuda” financiera del Punto IV de Truman y la colocación en el mercado brasileño, con efectos de dumping, de los excedentes agrícolas de los Estados Unidos. En virtud de esa política antinacional la penetración del capital norteamericano registró un notable incremento; de 233 millones de dólares en 1944 a 644 en 1950, aproximadamente el 12% de toda la inversión yanqui en América Latina.

Pero a esa altura de industrialización era un fenómeno irreversible. La burguesía industrial, y otras capas sociales a ella vinculada, cuya existencia dependía en alto grado del apoyo gubernamental a través de créditos, subsidios y otros mecanismos, puso en acción los resortes del PSD para impedir la completa liberalización de las relaciones económicas. Instigados por la inflación galopante, la baja estrepitosa de los superávits en el comercio esterior y la peligrosa concurrencia de las manufacturas importadas, los sectores nacionalistas de la burguesía reaccionaron, obligando al gobierno de Dutra a moderar los alcances de su política favorable a la oligarquía agro-exportadora y al capital extranjero. Tan lejos llegó este choque de intereses que sus efectos se hicieron sentir hasta en el seno de las fuerzas armadas, en donde se desató una gran polémica por el asunto del petróleo entre el general Juares Távora –partidario de las concesiones a los monopolios extranjeros- y al general nacionalista Julio Caetano Horta Barbosa.

En junio de 1947 el presidente Dutra tuvo que ceder a la presión de los grupos industrialistas del PSD y del ejército, y restablecer algunos controles e implantar la práctica de selección de importaciones, la cual permitiría a la producción fabril crecer en un 6% anual entre 1945 y 1950. En mayo de 1948 el gobierno creó el Plan Salte –Salud, Alimentación, Transporte y Energía-, concebido para fortalecer el crecimiento integral de la infraestructura y para elevar el nivel de consumo de la población. Además, se fundó la comisión del Valle del Sao Francisco y la superintendencia del Amazonas –destinadas al desarrollo de ambas regiones- y se fijó un tope de 8% de repatriación de capital sobre las utilidades de las empresas extranjeras. El retorno a la política varguista provocó la salida del gavinete de “conciliación nacional” de la UDN, agrupación armada ahora con una plataforma “desarrollista” –el Informe Abbink-, concebida por una comisión de tecnócratas estructuralistas norteamericanos y brasileños, que proponía la reimplantación del neoliberalismo económico.

La posición oficial de no conceder aumentos de salarios –congelados desde 1943-, y el incumplimiento de la legislación laboral en las industrias, originó una oleada de huelgas y protestas obreras. El incremento de las luchas proletarias –existía ya más de un millón de obreros industriales empleados en unas 86 000 fábricas, cuando la población total se acercaba a los 50 millones- y el clima anticomunista de la guerra fría permitieron al régimen de Dutra dar rienda suelta a sus manifiesta inclinaciones derechistas. Ello se puso de relieve en 1947 cuando Brasil actuó de anfitrión en la firma (2 de septiembre) de un pacto militar antisoviético –promovida por los Estados Unidos-, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), a la vez que se reiniciaba la persecución a los trabajadores y sus organizaciones.

En las elecciones celebradas a principios de ese año (19 de enero), el Partido Comunista había conquistado el 12% de la votación –elevó su representación en el Parlamento de 15 a 17 delegados- y logró elegir 46 diputados en las legislaturas estaduales, en unos comicios en que los restantes partidos –salvo el PTB- disminuyeron sus fuerzas. Además, los comunistas habían logrado un sonado triunfo en las elecciones municipales de Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Sancto André y Sorocaba. Para detener la cadena de éxitos del PCB el gobierno de Dutra prohibió, el 7 de mayo de 1947, la realización de manifestaciones obreras y clausuró la recién creada –septiembre de 1946- Confederación de Trabajadores del Brasil (CTB), dirigida por el diputado comunista Joao Amazonas.  En esa oportunidad también fue ilegalizado el PCB –ya contaba con más de 200 000 miembros- y ya para fines de ese año se habían intervenido 143 sindicatos y roto las relaciones diplomáticas con la URSS (octubre). Finalmente, en enero de 1948, Dutra suspendió el mandato de la bancada comunista en el Congreso Federal, en las asambleas estaduales y en los consejos municipales, y clausurado el periódico Tribuna Popular. Muchos dirigentes del PCB fueron detenidos y sometidos a ilegales procesos judiciales, se iniciaba para los comunistas brasileños un largo periodo de clandestinidad que se prolongaria hasta los años 80.

Retorno y muerte de Vargas

Tras su salida del gobierno a fines de 1945 Getulio Vargas permaneció buena parte del perodo de Dutra apartado de la política recluido en su estancia de Sao Borja, Río Grande do Sul. Ese aislamiento solo fue interrumpido en contadas ocasiones, para participar en las campañas electorales del PartidoTrabalhista (PTB) o en determinadas sesiones del Congreso Federal en el cual ocupaba un escaño de senador. Durante ese compás de espera, Getulio pronunció fagosos discursos, como los de noviembre de 1946 y diciembre de 1949, en los cuales reafirmó su vocación nacionalista y planteó la necesidad de reformar la anquilosada estructura agraria.

Al aproximarse la fecha señalada para los comicios presidenciales, Vargas inició oficialmente la contienda electoral el 19 de abril de 1950 –cuando cumplía 67 años-, desde unahacienda vecina a la suya en Sao Borja, propiedad de un joven dirigente trabalhista llamado Joao Belchior Marques Goulart, o sencillamente  Jango  Goulart. Vargas se presentaba como candidato del PTB, con un programa bastante avanzado que recogía el plan de continuar el desarrollo industrial junto a una serie de demandas populares como la reforma agraria, elevación del nivel de vida, etc. Además del apoyo trabalhista, Getulio se las ingenió para conseguir el respaldo del influyente gobernador de sao Paulo, Ademar de Barros, y de su Partido Social Progresista (PSP), escindido del PTB. A cambio Vargas brindaría su aval a las aspiraciones vicepresidenciales del jefe del PSP: Joao Café Filho.

Para tratar de detener el regreso de Getulio al Palacio del Catete, el diputado gobiernista Benedito Valadares propuso la denominada fórmula Minas, destinada a lograr una candidatura única entre el PSD y la UDN. Pero el proyecto de Valadares fracasó ante la resistencia del vicepresidente Nereu Ramos –quien ambicionaba la postulación- y sobre todo por la insatisfacción de la UDN con las restricciones a las importaciones y demás medidas económicas de estilo varguista propugnadas por el PSD en los últimos años del período de Dutra. Las discrepancias en torno a la futura política económica impidieron consumar la alianza electoral entre los dos más grandes partidos de la burguesía brasileña, acuerdo que, con seguridad, les habría dado la victoria. Por esa razón la UDN presentó por segunda vez como aspirante presidencial al general Eduardo Gomes, mientras el PSD nominaba a un desconocidoabogado mineiro llamado Cristiano Machado.

Por su parte, la posición de acosado Partido Comunista se dio a conocer el 22 de agosto por medio de un manifiesto firmado por Luiz Carlos Prestes, quien vivía en la clandestinidad desde 1947. En ese documento el PCB, influenciado por el triunfo de la Revolución China (1949), se pronunciaba en contra de cualquiera de los tres candidatos, orientaba su militancia a votar en blanco y llamaba a la insurrección popular.

En las elecciones de 1950 Getulio Vargas obtuvo el 48,7% de los sufragios, seguido por el brigadier Eduardo Gomes con 29,7% y Cristiano Machado con 25,5%. Para tratar de impedir el triunfo de Vargas, la oligarquía orquestó una maniobra –que tuvo de vocero al periodista Carlos Lacerda- que exigía al vencedor el 51% de los votos para poder ocupar la presidencia, plan que no prosperó por su fragante inconstitucionalidad. Por el contrario, los resultados para el Congreso Federal fueron más del agrado de los opositores de Vargas: 112 puestos para el PSD, 81 a la UDN, 51 al PTB, 24 del PSP y 36 para otras agrupaciones menores.

En parte la victoria de Getulio se debió al respaldo que el PTB y el PSP le proporcionaron entre los trabajadores menos politizados, así como de los sectores burgueses y pequeñoburgueses que añoraban la época de esplendor del sector estatal de la economía, en particular los grupos nacionalistas del ejército, industriales y empleados públicos.

Gracias al respaldo de masas, y a la división de sus contrincantes, Vargas pudo iniciar, el 31 de enero de 1951, un segundo período. Quizás la mejor demostración de que Getulio venía dispuesto a revitalizar su viejo papel de árbitro entre la burguesía industrial y la oligarquía agrario-exportadora fue la composición de su primer gabinete. En ese consejo de ministros ocupaban carteras cinco miembros del PSD, uno del PTB (Danton Coelho), otro del PSP y un representante (Joao Cleofás) de un sector minoritario de la UDN.

A pesar de estas evidentes conciliadoras, desde el principio de su mandato la política de Vargas se orientó a proseguir el desarrollo industrial, junto con la preservación de los sectores claves de la economía en manos del capital nacional, privado o estatal. De ahí que el gobierno diera prioridad a la inversión en áreas básicas: ampliación del Volta Redonda, creación de una nueva usina hidroeléctrica, expansión de la red infraestructural y culminación de los proyectos del período de Dutra (Plan Salte). Para regular la economía y financiar a las empresas nacionales se fundó en 1952 el Banco Nacional de Desarrollo Económico. Estas medidas gubernamentales y la coyuntura favorable a las exportaciones brasileñas creada por la Guerra de Corea, dieron por resultado que ya a comienzos de la década del 50 la industria representara el 22% de la producción nacional.

Un lugar relevante en este serio esfuerzo industrialista correspondió al ministro de hacienda Horacio Lafer, autor de un plan que daba rienda suelta a la inflación con tal de fortalecer la producción fabril. El Plan Lafer, para coordinación del 51 programas sectoriales de desarrollo,  tenía por meta el robustecimiento de las industrias básicas, la mecanización de la agricultura y mejoras en la infraestructura, para lo cual contaba con un financiamiento de 1 000 millones de dólares provenientes de préstamos públicos y capital foráneo.

A esta primera etapa (1951-1953) del segundo gobierno de Vargas también correspondió la propuesta de organizar una empresa estatal monopolista (Petrobrás) para las hidrocarburos, creada finalmente, tras interminables debates parlamentarios, en octubre de 1953. Durante 1952 también se dictaron las primeras disposiciones getulistas (enero) para contener la hemorragia de capitales –solo en 1951 se perdieron para el país 137 millones de dólares- por concepto de ganancias de las empresas extranjeras y se elevó el salario mínimo de los trabajadores (noviembre).

Hacia los años de 1952 y 1953 la situación se complicó extraordinariamente, al surgir una inesperada y profunda crisi económica y política. Donde primero se manifestó fue en la producción fabril, al agotarse las posibilidades del proceso de “sustitución de importaciones” por las limitaciones del mercado interno y la falta de capitales para continuar con las gigantescas inversiones que requería la industria pesada. El desarrollo de esta rama era imprescindible para disminuir la dependencia externa y reducir las compras de maquinaria y materias primas. Paralelamente se producía la caída de los precios de los tradicionales artículos de exportación –terminaba el efímero boom creado por la Guerra de Corea-, lo que repercutía en una significativa disminución del ingreso en divisas, con las cuales se adquirían –unos 1 800 millones de dólares- los medios de producción e insumos que requería la industria. Por añadidura, las empresas extranjeras continuaban la descapitalización del país con las constantes remesas de sus utilidades a las casas matrices, lo que provocaba endémicos déficits (468 millones de dólares en 1951 y 707 millones en 1952) en la balanza de pagos. Para los capitalistas brasileños la única solución para mantener la expansión industrial, en un momento de acelerada concentración monopolista de la economía, dependía de su capacidad para asociarse al capital foráneo, para lo cual era necesario abandonar la política nacionalista de Vargas. La disyuntiva de conciliar con el capital extranjero o detener el ritmo de crecimiento fabril, separó virtualmente el camino del presidente Vargas de la burguesía nacional, lo que en cierta forma explica la manifiesta inclinación del mandatario a defender  los intereses de las masas trabajdoras y a enfrentar al imperialismo norteamericano.

Como en una relación de causa-efecto, la crisis se trasladó automáticamente de la base económica al plano político. La oposición a Vargas se incrementó en el Parlamento, la prensa y las asociaciones profesionales, como resultado de la presión combinada ejercida por la oligarquía agrario-exportadora y los sectores burgueses proclives al capital extranjero. En un lapso de pocos meses ministros como Cleofás, Lafer y Coelho, abandonaron el gobierno, mientras que en el ejército caían en desgracia los sectores nacionalistas lidereados por el titular de la cartera de guerra –y presidente del importante club militar Newton Estilac Leal.

La crisis de los militares nacionalistas se había iniciado prácticamente desde el comienzo del período de Vargas, cuando el ministro Estilac se opuso (marzo de 1951), a los planes norteamericanos para enviar soldados brasileños a Corea. Era este el sector –en el cual desarrollaba el mayor Nelson Werneck Sodre- que apoyaba los contactos comerciales del gobierno con los países socialistas y se oponía a las campañas derechistas encaminadas a depurar al ejército, con el pretexto de que estaba penetrado por los comunistas. Desde principios de 1952 la prensa, encabezada por el diario Tribuna da impresa, de Carlos Lacerda, arreció su propaganda sobre la supuesta infiltración marxista en el ejército, a la vez que en el club militar actuaban en contra de los militares nacionalistas un grupo de oficiales anticomunistas –la Cruzada Democrática-,  entre los cuales sobresalía el general Eduardo Gomes. En definitiva el desenlace fue desfavorable a la corriente nacionalista, pues Vargas se vio compelido a sustituir en el ministerio de la guerra al general Estilac Leal por el general Ciro de Espíritu Santo Cardoso. Poco después Leal  perdería las elecciones para la presidencia del club militar, lo que despejó el camino para depurar las fuerzas armadas de los elementos nacionalistas.

Otra víctima de las campañas de la prensa y organizaciones reaccionarias fue el Partido Comunista, en la ilegalidad desde el período de Dutra. Cediendo a la presión de la derecha, el gobierno cerró todo resquicio de actividad pública al PCB, como ocurrió en febrero de 1952 cuando impidió sesionar al Congreso Continental de la Paz. Por ello el partido mantuvo su línea insurreccional, que se expresó no solo por medio de huelgas, mítines y manifestaciones de masas, sino también en acciones armadas como la de Natal en marzo de 1952. A partir de esa fecha el PCB cambiaría su táctica y pasó a brindar cierto apoyo a las medidas progresistas del gobierno y a trabajar en los sindicatos oficiales, por lo que disolvió la CGT clandestino.

Entretanto Vargas, acosado por la derecha y la izquierda, realizó a mediados de 1953 una profunda restauración ministerial, en un intento desesperado por mantenerse en el poder y resolver los acuciantes problemas económicos. Los elementos más conservadores –como Joao Neves da Fontoura y Assis de Chateubriand- salieron del gobierno, y se incorporaron al gabinete figuras de la burguesía liberal como Osvaldo Aranha, José Américo de Almeida –defraudados ya con la UDN-, Vicente Rao y Jango Goilart.

Fue entonces que surgió el plan financiero de Aranha, que aspiraba a dar un respiro al gobierno, sin afectar sensiblemente a la insdustria ni tampoco el nivel de vida de la población. Para lograr estos propósitos se adoptaron medidas de auteridad económica sin devaluar el cruzeiro, y se sustituyó el sistema de las licencias de importación por uno de cambios múltiples. Paralelamente se trataba de mantener el crédito a la industria con más emisiones y se especificaba que el límite del 80% fijado a la remisión de utilidades era para el capital traído por las empresas extranjeras –excluía las reinversiones-, según lo estipulado por la recién creada Superintendencia de Moneda y Crédito (SUMOC). El endurecimiento de la política nacionalista de Vargas no se limitó a la lucha contra la descapitalización, sino que también se manifestó en su acercamiento a la Argentina de Perón –proyecto de integración económica del ABC, (Argentina, Brasil y Chile)-, la elaboración de un plan de reforma agraria (octubre de 1953) y de una empresa estatal (abril de 1954), semejante a la del petróleo, para el control de la electricidad (Electrobras).

La radicalización del gobierno de Vargas tenía lugar en un mal momento. En los Estados Unidos acababan de llegar al poder en enero de 1953, los republicanos con Eisenhower y Nixon al frente –representantes por excelencia de los big big business  como los calificó acertadamente el New Cork Post-, patrocinadores de una agresiva e intolerante política hacia América Latina, ideada por el secretario de Estado John Foster Dulles y que se edificaba sobra la supuesta omnipotencia norteamericana en este continente. Por eso el gobierno yanqui hostilizó abiertamente a Brasil –algo similar haría con la Guatemala de Arbenz, la Argentina de Perón y la Revolución Boliviana- y le exigió condiciones leoninas y garantías políticas para conceder nuevos préstamos, a la vez que reducía (junio  de 1954) en un 70% sus compras de café brasileño.

La desestabilización económica propiciada por los Estados Unidos, más la ineficiencia del Plan Aranha, tuvo por efecto una apreciable disminución del ritmo de crecimiento industrial, acompañada de un extraordinario agravamiento de la inflación debido a las constantes emisiones monetarias. La incontenible alza de los precios continuó, mientras el costo de la vida se elevaba en un 40%, el doble de dos años antes.

Los más afectados con la espiral inflacionaria eran los trabajadores. En marzo de 1953 cerca de 300 000 obreros de Sao Paulo, dirigidos por una combativa Comisión General de Huelga que se impuso sobre los líderes pelegos, pararon sus labores durante un mes, y exigieron aumento de salarios y medidas efectivas contra la constante alza de los precios. El ascenso de la lucha de masas –los comunistas se habían valido de una ley de Vargas de septiembre de 1952 para volver a controlar algunos sindicatos- se combinó con la positiva gestión del ministro de trabajo Joao Goulart, quien además de no impedir las huelgas obreras había dictado, a principios de febrero de 1954, un aumento del 100% en el salario mínimo de los trabajadores.

Desde ese instante la casi totalidad de la burguesía se volvió en bloque contra el gobierno de Vargas. La prensa conservadora –O Estado de Sao Paulo, O Jornal do Brasil, O Globo y la Tribuna da Impresa- reaccionó acusando al presidente de querer implantar en Brasil una “república sindicalista estilo peronista” con Goulart a la cabeza, y la sacaron a la luz pública los negocios sucios en que estaban implicados algunas figuras cercanas al gobierno.

La agitación antigubernamental también se hizo eco en las Fuerzas Armadas. El 8 de febrero de 1954 un grupo de 42 coroneles y 39 tenientes coroneles envió un documento al ministro de guerra –que fue publicado por el diario O Estado de Sao Paulo-, en el cual los oficiales manifestaban su inquietud por lo que llamaban la pérdida de autoridad del ejército y reclamaban la modernización militar y la suspensión de la ley del salario mínimo. La crisis provocada por los militares determinó la inmediata renuncia del ministro de guerra Espíritu Santo Cardoso y su sustitución por el general Zenobio da Costa, mientras el presidente Vargas debía dejar sin efecto la controvertida ley del salario mínimo y sacar a Goulart de su gabinete.

Sin embargo, sorpresivamente, el primero de mayo, en un acto de Petrópolis por el día de los trabajadores, Vargas concedió el 100% de aumento en el salario mínimo en un evidente desafío a la oposición burguesa y al ejército. En el discurso que pronunció en esa ocasión caracterizado por su fraseología revolucionaria, Getulio defendió sin tapujos la labor de Goulart en el ministerio del trabajo.

La tormenta finalmente se precipitó el 5 de agosto, cuando un pistolero a sueldo, contratado por el jefe de la guardia personal de Vargas, Gregorio Fortunato, el Ángel negro del Catete, -envuelto en la corrupción denunciada por la prensa opositora-, asesinó al mayor aeronáutica Rubens Florentino Vaz, al intentar eliminar a Carlos Lacerda. El crimen involucró a figuras allegadas al gobierno de Vargas, como el general Mendes de Moraes y el diputado Euvaldo Lado, lo dio a la oposición las “pruebas” que necesitaba para acusar a Vargas y exigir su dimisión. En estas circunstancias, el entierro del mayor Vaz, el 6 de agosto, devino una manifestación antigubernamental encabezada por el brigadier Gomes.

El día 22 los oficiales de aviación divulgaron un breve documento –cuya primera firma era la del propio general Gomes- en el cual exigían la renuncia del presidente Vargas. Al día siguiente, 30 generales del ejército, entre ellos se encontraba Juares Távora, se sumaron a la petición. Ya el 24 de agosto Vargas había perdido incluso  el apoyo de su ministro de guerra Zenobio da Costa.

Tras la última reunión del gabinete, en la madrugada del 25 de agosto de 1954, y cuando su salida del gobierno estaba ya decidida, Vargas se suicidó en su dormitorio del Palacio del Catete, dejando un patético testamento político en el cual responsabilizaba por su caída a la reacción interna y a los “grupos internacionales económicos y financieros”, y vaticinaba la inexorable liberación nacional y social del pueblo brasileño. Cuando la radio dio lectura al último mensaje de Vargas, las calles quedaron dominadas por oiradas manifestaciones populares. Los diarios de oposición y la embajada norteamericana en Río de Janeiro fueron asaltados, mientras Carlos Lacerda tenía que esconderse y escapar al extranjero, como señal de que el varguismo aún no estaba acabado.


Nuevo carácter de la dependencia: Kubitschek, el Plan de Metas y la Operación Panamericana

Dirigido por el vicepresidente de Vargas, Joao Café Filho, el nuevo gobierno –del que ahora formaban parte Eduardo Gomes, Juares Távora y Henrique Teixeira Lott- se comprometió a realizar elecciones parlamentarias en 1954 y presidenciales al año siguiente. Durante su breve mandato, Café Filho se inclinó cada vez más a la derecha y llegó a brindar su respaldo a los candidatos de la UDN, para tratar de impedir el triunfo de los partidos de origen varguista: el PSD y el PTB. Al parecer, el avance de las fuerzas conservadoras posibilitó el entendimiento de ambas agrupaciones, los que formaron una alianza electoral –apoyaba tras bambalinas por el Partido Comunista- que indicó como su candidato a la presencia al médico mineiro Juscelino, Neno, Kubitschek de Oliveira, Kubitschek, descendiente de inmigrantes checos, había sido diputado federal y perfecto de Brlo Horizonte en el priemr período de Vargas y luego, entre 1950 y 1955, gobernador de su estado natal. A la vicepresidencia el PSD y el PTB también presentaron un candidato único, Joao Goulart.

En los comicios de 3 de octubre de 1955 Kubitschek, cuya campaña fue fianciada por sectores de la burguesía  industrial, logró el 36% de los sufragios, mientras sus contrincantes, Juares Távora –por el Partido Demócrata Cristiano y la UDN-  Ademar de Barros -por el PSP- y el antiguo líder integralista Plinio Salgado- por el Partido Republicano Popular (PRP)- obtenían respectivamente el 30%, 26% y 8%. Goulart, nominado a la vicepresidencia, sobrepasó la votación de Kubitschek, pues alcanzó el 40% de los sufragios gracias a su popularidad entre los trabajadores y otros sectores humildes de las ciudades que añoraban su paso por el misnisterio del trabajo.

Derrotada en las elecciones, la UDN y otras organizaciones de derecha –como la Cruzada Brasileña Anticomunista y el Movimiento 24 de Agosto- se lanzaron en una ruidosa campaña –que tuvo una vez más de portavoz a Carlos Lacerda- dirigida a detener el acceso de Kubitschek y Goulart al Palacio de Catete. Sus principales argumentos eran que el vencedor requería el 51% de los sufragios y que el triunfo del PSD-PTB se debía a los votos del Partido Comunista. Para hacer próspera esta maniobra cobró fuerza un plan golpista, urdido con el consentimiento de Café Filho, en el cual estaban implicados altos oficiales de la Aviación y la Marina entre ellos el coronel Jurandyr de Bizarria Mamede. El 8 de noviembre de 1955 la oportuna enfermedad de Café Filho allanó el camino del ejecutivo al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos de Luz, miembro de un sector disidente del PSD ligado a los conspiradores y dispuesto a desconocer a los candidatos electos.

Cuando todo parecía presagiar el éxito del complot reaccionario, se produjo la enérgica oposición del ministro de guerra general  Henrique Texeira Lott, quien el día 11 movilizó al comando del ejército en Río de Janeiro, decretó el estado de sitio y ocupó los edificios públicos, estaciones de radio y periódicos. Los cuarteles donde la oficialidad estaba vinculada a la intentona golpista fueron cercados por las unidades del general Texeira Lott, quien, entretanto, depositó la jefatura del gobierno en manos del presidente del Senado Nereu Ramos, hasta que se efectuara el traspaso constitucional de poderes el 31 de enero de 1956. Tras una aparatosa huída en el acorazado Tamandaré, surto en la bahía de Guanabara, los conjurados tuvieron que escapar del país o refugiarse en embajadas extranjeras. Ese fue el caso de Carlos Lacerda, asilado en la sede diplomática de la Cuba de Fulgencio Batista en Río de Janeiro, desde donde daría los primeros pasos para crear una organización fascistoide, La Linterna, que devendría en una agrupación semiterrorista hasta su total liquidación a fines de 1956.

Desde sus inicios el gobierno de Kubitschek se encaminó a resolver la grave crisis económica que padecía el país desde  1952 y 1953. Para lograr ese propósito Kubitschek concibió un atrevido proyecto de desarrollo, denominado Plan Metas, que comprendía 30 objetivos cardinales. Preparado por Lucas Lopes y Roberto de Oliveira Campos, el Plan de Metas prometía alcanzar en un lustro, 50 años de progreso. La base de este ambicioso proyecto desarrollista descansaba   en la prolongación del proceso de “sustitución de importaciones” –agotadas ya las posibilidades de la producción ligera- en lo que había sido hasta entonces el talón de Aquiles de la industria brasileña: el que Marx denominó Sector I.

Los recursos financieros para el desarrollo de la producción pesada y la creación de una moderna infraestructura, Kubitschek los obtendría a través de indiscriminadas emisiones monetarias y con gigantescos préstamos extranjeros. Estas riesgosa política permitiría al Estado volver a invertir masivamente en el sector público –construcción de carreteras (crecería en el lustro un 80%), sistemas de comunicaciones, una nueva capital, etc-.- y sobre todo en la industria pesada y en la generación de energía: nuevas siderurgias (Usiminas y Coesipa), ampliación de la capacidad productora de Petrobras, creación de hidroeléctricas y la formación de una Comisión Nacional de Energía Nuclear. El símbolo por excelencia de este febril programa inversionista lo constituyó el traslado de la capital a un apartado desierto de la meseta central (Goiás). Cuando Brasilia, monumental sede de los poderes centrales, fue inaugurada el 21 de abril de 1960, Río de Janeiro quedó exclusivamente como capital de recién creado estado de Guanabara.

La expansión del sector de bienes de consumo durables, necesario para reducir importaciones y satisfacer las crecientes demandas internas, se llevó a cabo por Kubitschek  mediante el completo abandono de la política de Vargas y abrió de par en par las puertas al capital extranjero. Para atraer a los inversionistas foráneos, Kubitschek realizó una extensa gira, poco antes de su toma de posesión, que lo llevó a los Estados Unidos y a varios países de Europa Occidental. El señuelo de esa política entreguista fue la Instrucción 113 de la Superintendencia de Moneda y Crédito (SUMOC), dictada por el ministro Eugenio Gudin durante el interinato de Café Filho. Esta disposición liberaba la cobertura cambiaria –obligatoria para la importación por parte de las empresas nacionales- a las compras de equipos y piezas realizadas por el capital extranjero. Además, se exoneraba de ciertos impuestos aduaneros y de otros gravámenes a la adquisición de maquinaria y a la producción manufacturera del país. Debido a que estas medidas ofrecían privilegios especiales a los inversionistas foráneos –unido a la escasez de capitales y limitaciones tecnológicas-, a la burguesía nacional no le quedó más remedio que ligarse a las empresas monopólicas  extranjeras, lo que dio origen a una nueva forma de dependencia. La práctica de las inversiones mixtas concedía ventajas adicionales al capital transnacional, pues lo inmunizaba contra posibles expropiaciones, dándole además mayores conocimientos de las particularidades del mercado local y consiguiendo la ayuda del Estado. Ante la opinión pública este proceso se presentaba como una especie de redención nacional, mediante la cual se superaría el atraso del país –del que era culpable, según las tesis oficiales, la economía primario-exportadora, y no la explotación imperialista- y se alcanzaría el bienestar general y la emancipación económica. La inyección del capital extranjero permitió un crecimiento anual de la producción en un 11% -para la industria 80% durante el quinquenio- en el período de Kubitschek. La industria pesada y de bienes de consumo duradero llegó a representar el 60% de toda la producción fabril.

Detrás de ese descomunal crecimiento económico se ocultaba la desnacionalización de la industria y el nuevo carácter de la dependencia, surgida no solo de esa avalancha de capital imperialista, sino también por una completa subordinación de tecnologías, equipos y patentes. A pesar de ciertas vacilaciones iniciales, los capitalistas norteamericanos se decidieron a intervenir en este negocio, presionados por el inexorable desarrollo de la industria brasileña y la participación de sus competidores europeos. Los consorcios internacionales –fundamentalmente de Estados Unidos y Europa Occidental- invirtieron en la industria electrodoméstica, en la electrónica, en la fabricación de motores y accesorios y especialmente en la producción de automóviles: Willys Overland, Ford Motors Company, General Motors, SIMCA, Remi-Isetta, Volkswagen, Mercedes Benz y DK Wemag. En 1961, al término del mandato de Kubitschek, de las 66 empresas de mayor concentración de capital en Brasil, 32 eran extranjeras –con un capital calculado en 100,8 billones de cruzeiros- y solo 19 pertenecían a grupos privados nacionales, con un capital estimado en 39 millones de cruzeiros. En síntesis, los monopolios extranjeros controlaban la industria de tractores en un 99,8%, la automovilística en un 98,2%, la de cigarros en un 82%, la química en un 50%, la de plásticos en un 50% la de carnes en conserva en un 80%, la de distribución de derivados del petróleo en un 95%, la de construcción naval en un 85% y la de producción de equipos diversos en un 70%. Se calcula que por entonces la inversión norteamericana, que tenía el primer lugar, ascendía a 1 492 millones de dólares, el 18,2% de todo su capital en América Latina, el doble de 10 años antes.

La dominación económica se tradujo en un momento de la dependencia política y los representantes de los consorcios transnacionales adquirieron una influencia sobre el gobierno brasileño como nunca antes. Un ejemplo de ello fue la concesión (1957) hecha a los Estados Unidos para instalar en la isla de Fernao de Noroña una base rastreadora de cohetes.

Otros proyectos de Kubitschek fueron una posible integración latinoamericana para buscar mercados a la producción industrial brasileña y la llamada Operación Panamericana. Este plan verdadero antecedente de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, fue expuesto por el presidente de Brasil en una reunión de embajadores del continente efectuada en 1958. Consistía en proponer a los Estados Unidos una revisión de sus relaciones con América Latina, para que se tuvieran en cuenta las necesidades latinoamericanas de acabar con la miseria y el subdesarrollo. El objetivo era detener el auge revolucionario con abundantes préstamos, inversiones, asistencia técnica y mediante la protección a los tradicionales artículos de exportación del continente.

La política entreguista de Kubitschek no estuvo exenta de resistencia por parte de las organizaciones y partidos progresistas. Incluso una de las entidades fundadas por el gobierno, el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que debía brindar la fundamentación teórica a las tesis desarrollistas de Kubitschek, terminó por adoptar una posición contraria a la desnacionalización de la industria, lo que causó la salida de un grupo de intelectuales inconformes, defensores de los planes gubernamentales, lidereados por Helio Jaguaribe.

El clima de ficticia prosperidad creado por el financiamiento internacional y las inversiones extranjeras, que solo beneficiaban a la gran burguesía y a ciertos sectores acomodados de las capas medias, hizo más difícil aún la situación de los trabajadores brasileños. Los aumentos saláriales no compensaban la incesante alza de precios. Algo similar ocurría con las nuevas oportunidades de empleo, que no eran suficientes para dar trabajo a todos los que lo necesitaban. Mientras las ganancias industriales aumentaron entre 1955 y 1959 en un 76% -y la productividad en un 35%-, los salarios apenas se elevaron en un 15%. La política de bajos salarios y la inflación junto a la recaída de los precios de los productos agropecuarios de exportación –debido a la concurrencia cafetalera africana y nuevas restricciones en las compras norteamericanas (1958)-, cambiaron sus efectos a fines de la década del 50, cuando la población brasileña alcanzaba los 66 millones de habitantes, de ellos 2 millones de obreros industriales. Las luchas sociales se agudizaron y una ola de huelgas sacudió los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Geraes, mientras ocurrían intensas agitaciones estudiantiles en las ciudades y proliferaban en el interior las ocupaciones de tierras por los campesinos. El Partido Comunista, que disfrutaba de un status de semilegalidad –al extremo que pudo reunir un congreso sin ninguna interferencia en el Edificio Gloria, en plena Cinelandia, en Río de Janeiro- y que brindaba un apoyo crítico al gobierno, respaldó sin reservas las protestas populares en los sindicatos y el Parlamento, donde tenía algunos representantes electos en listas de otros partidos, especialmente en el PTB. En represalia el gobierno endureció su posición hacia el PCB, arrestó a Luiz Carlos Prestes (mediados de 1958) y lo sometió a un amañado proceso judicial.

Más tensa que en los centros urbanos y fabriles se volvió la atmósfera en las abandonadas zonas rurales, a las que el Plan de Metas apenas tenía en cuenta a pesar de la tardía fundación (1959) de la Superintendencia de Desarrollo del Noreste (SUDENE), a cargo del economista Celso Furtado. Al frente de las reivindicaciones de los trabajadores rurales de Pernambuco estaban desde 1995 las Ligas Campesinas, orientadas por un abogado de Recife: Francisco Juliao. Las Ligas Campesinas consiguieron algunas conquistas en el nordeste, aunque en contra de los esperado no generaron un amplio movimiento político debido, entre otras razones, a problemas de organización sobre todo a una sobrevaloración del papel revolucionario de los campesinos.

Al acercarse el final del mandato de Kubitschek la inflación alcanzaba ya unas proporciones insoportables. La voluminosa deuda externa y el continuo deterioro del valor de las exportaciones  provocaban crónicas déficits en la balanza de pagos, la cual absorbía más del 4% de toda la producción nacional. Temiendo una catástrofe, los acreedores norteamericanos, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionaron los nuevos préstamos –más de 300 millones de dólares- a la adopción por parte del gobierno brasileño de un plan de austeridad y estabilización económica. Entre las medidas exigidas por el FMI estaban una mayor reducción de los  salarios obreros, la eliminación de los subsidios estatales a la importación de determinados artículos vitales –como la gasolina y el trigo-, una drástica restricción de las emisiones monetarias y otras disposiciones antiflacionarias, que limitaban el ritmo de crecimiento industrial. Kubitschek, presionado por los sectores burgueses beneficiados con su política desarrollista, y queriendo a todo trance dejar una imagen exitosa de su mandato –con la vista puesta en la elecciones de 1965-, optó por continuar su programa y rompió en junio de 1959 con el FMI. El financiamiento necesario para seguir con su Plan de Metas lo obtuvo de otros banqueros de Europa occidental –a mediano y corto plazo-, con la cual Kubitschek transfería a su sucesor, sin ningún escrúpulo, un país en bancarrota, la solución de la espiral inflacionaria –el circulante llegaba a 206 billones de cruceiros-, el pago de la deuda externa –más de 2 000 millones de dólares- y el problema de la continuidad del crecimiento industrial.

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