Por Sergio Guerra Vilaboy

En 1971 publiqué en el periódico cubano Granma un artículo sobre la sublevación popular de El Salvador en 1932 que, con ligeras modificaciones, comparto medio siglo después con los lectores de Informe Fracto. La insurrección salvadoreña estaba asociada a los terribles efectos de la crisis económica de 1929, que llegó a este pequeño país centroamericano amplificada por las conexiones del comercio internacional. Estados Unidos dominaba la economía y la mayor parte de la producción cafetalera de El Salvador. La caída del mercado norteamericano afectó en profundidad la endeble economía del país, dependiente, en lo fundamental, del aromático grano.

La depresión provocó en El Salvador un desplome del 65% en los precios del café y de 74% en el valor de las exportaciones, así como disminuyó en un 66% las importaciones, sobre todo de materias primas y alimentos. La crisis provocó la quiebra de la mitad de los bancos y redujo en esa misma cuantía los ingresos estatales. Miles de trabajadores, en especial los más empobrecidos, vinculados a la producción cafetalera en las zonas rurales, quedaron desempleados, sin alternativa para sostener a sus familias.

Desde finales de 1931 los hambreados trabajadores del occidente del país, en su mayoría indígenas de la etnia náhuatl, desesperados ante los efectos de la depresión económica y el violento desalojo de sus tierras, comenzaron a protestar y a manifestarse, en lo que se perfilaba como una espontánea insurrección. La oligarquía salvadoreña, alarmada ante el crecimiento del movimiento popular e insatisfecha con la política vacilante del gobierno de Arturo Araujo, propició el 2 de diciembre de ese año un golpe militar.

Como resultado de la asonada castrense se instaló una férrea dictadura encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez. El Brujo Martínez, como fue apodado, desató una brutal represión para acallar las crecientes protestas y demandas populares. Por su parte, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), fundado en marzo de 1930, trataba de encauzar el descontento de campesinos y pueblos originarios, entre cuyos líderes figuraba el indígena José Feliciano Ama. El secretario general del PCS era entonces Agustín Farabundo Martí, quien acababa de regresar de Nicaragua, luego de combatir a los norteamericanos a las órdenes directas de Augusto C. Sandino.

Martí y otro dirigente comunista salvadoreño, Miguel Mármol, se reunieron en secreto el 7 de enero de 1932 con líderes populares para preparar la inevitable sublevación, que fue fijada para el día 16 de ese mes, aunque finalmente estalló el 22. Al parecer, la postergación de la fecha permitió al gobierno adelantar la persecución contra sus dirigentes. El propio Farabundo Martí fue detenido, en compañía de los estudiantes Alfonso Luna y Mario Zapata, editores del periódico Estrella Roja, y fusilados (1 de febrero); mientras Mármol era ametrallado, junto a varias personas, y dado por muerto, aunque milagrosamente sobrevivió, según testimonió que dio a Roque Dalton y que aparece en su libro Miguel Mármol, los sucesos de 1932 (1972).

La criminal ofensiva gubernamental no impidió el levantamiento campesino-indígena y la ocupación durante varios días de los poblados de Juayúa, Izalco, Nahuizalco, Salcoatitán y Tacuba, mientras las guarniciones de Sonsonate, Ahuachapán y Santa Tecla eran rodeadas por los encolerizados rebeldes, armados con machetes, que quemaban alcaldías, correos y puestos militares. Al parecer, en determinados sitios se intentó vertebrar soviets, siguiendo las consignas entonces en boga de la Internacional Comunista. Durante semanas, el ejército y la aviación del régimen se dedicaron a aplastar a sangre y fuego a los insurgentes.

Alarmados por la magnitud de la sublevación, barcos de guerra ingleses y norteamericanos se presentaron en el puerto de Acajutla para ayudar al dictador a controlar la situación, quien les agradeció, informándoles que “hasta hoy, cuarto día de operaciones, están liquidados cuatro mil ochocientos bolcheviques”. La derrota de la revolución de 1932 dejó como trágico saldo más de treinta mil muertos, sobre todo entre los pueblos originarios, contra la que se cometió un verdadero etnocidio, que aceleró el proceso de ladinización de la población indígena de El Salvador, hoy prácticamente desaparecida, pues todo el que tuviera esa apariencia podía ser golpeado, encarcelado o incluso asesinado.

Fuente: www.informefracto.com – 26 de enero de 2021

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