La Constitución de Cádiz en Cuba

Por Sergio Guerra Vilaboy

El 13 de julio de 1812 atracó en la bahía de La Habana la goleta Concordia procedente de España. Cuando se preguntó que traía a bordo contestó: ¡Constitución! Unas semanas después, el 8 de agosto, el recién nombrado capitán general de Cuba, Juan Ruíz de Apodaca–que una década después sería el último virrey de México-y las demás autoridades de la colonia juraban la carta magna gaditana. La vigencia de la constitución de 1812 se prolongó en la isla, en esta primera oportunidad, hasta el 25 de julio de 1814, cuando Fernando VII restableció el antiguo régimen absolutista.

El primer periodo liberal coincidió con la expansión, en el occidente de Cuba, de la plantación azucarera, estimulada por la apertura del mercado de Estados Unidos y la casi simultánea ruina de Saint Domingue por la revolución haitiana (1790-1804). La salida de la rica colonia francesa de los mercados internacionales elevó los precios y alentó la economía cubana, convertida en poco tiempo en el tercer productor mundial del dulce. Este auge se fundamentó en el extraordinario aumento de la fuerza de trabajo esclava, que pasó de 84 mil personas en 1792 a 225 mil en 1817.

La puesta en vigor de la constitución de 1812, junto con los propios debates y leyes de las Cortes, inquietaron a los ricos plantadores de La Habana y Matanzas, pues dejaban insatisfechas las demandas autonómicas y restringían muchas de sus tradicionales prerrogativas. Además, las Cortes donde consideraban no estar representados de manera apropiada, había permitido el debate de la legislación antiesclavista del sacerdote y diputado novohispano José Miguel Guridi y Alcocer, presentada el 26 de marzo de 1811, respaldada por varios delegados españoles. La sola discusión de esta propuesta en Cádiz, alarmó a los grandes hacendados y traficantes de esclavos de la Mayor de las Antillas, que llegaron incluso a valorar, por primera vez, la anexión a Estados Unidos.

En respuesta al proyecto abolicionista del representante mexicano en Cádiz, la elite habanera envió el documento titulado Representación de la Ciudad de La Habana a las Cortes Españolas, preparado por el criollo Francisco Arango y Parreño, en defensa de “nuestras vidas, de toda nuestra fortuna y de la de nuestros descendientes.” Fechado el 20 de julio de 1811 y firmado por el ayuntamiento de la capital cubana, el texto también abogaba por una mayor autonomía para la isla, la que ya se había solicitado el año anterior en una Exposición a Cortes, donde se condenaba la legislación española emanada de “hediondos heces de la Revolución Francesa”. Además, el propio cabildo habanero, en sesión extraordinaria, ya había hecho saber al anterior capitán general Salvador José del Muro, marqués de Someruelos, su oposición a “la intempestiva moción que se hizo en las Cortes para abolir el tráfico de negros, publicada allí con todos los horrores de la esclavitud y trascendidas aquí de un modo inexacto y placentero que puede excitar en algunos de nuestros esclavos, comúnmente bien tratados, falsas ideas de su libertad.”

Por otro lado, la libertad de imprenta, establecida al amparo de la propia constitución de Cádiz, permitía que la aristocracia habanera fuera objeto de frecuentes ataques en varios de los nuevos periódicos que ahora circulaban libremente por la capital cubana. Las críticas eran promovidas por los comerciantes monopolistas y grandes propietarios españoles, resentidos por las concesiones hechas por España a los ricos plantadores cubanos del occidente de la isla para favorecer las exportaciones de azúcar que nutrían al agobiado fisco colonial.

Eso explica que la elite criolla de La Habana y Matanzas se sintiera aliviada con la restauración del absolutismo en 1814, que puso fin a los denuestos que recibía de la prensa liberal española de la isla y a las agresivas manifestaciones públicas en su contra. Por eso el desaparecido historiador Julio Le Riverend anotó en su valioso libro La Habana (Biografía de una provincia), publicado en 1960:La criollez propietaria y aristocrática comenzó a ver el proceso constitucionalista como un peligro múltiple, porque el radicalismo de los demagogos y de los soldados, así como la frecuencia de los disturbios, ponían en peligro la organización esclavista.”

Fuente: www.informefracto.com – 29 de enero de 2021

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