Luis Vitale. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina. Independencia y formación social republicana. Siglo XIX. Tomo II. I Parte.

Capítulo IX

Antonio Guzman Blanco. Venezuela.

LAS GUERRAS CIVILES Y LA REBELIÓN DE LAS PROVINCIAS CONTRA LA CAPITAL

Durante y después de las guerras de la Independencia se fue gestando un proceso de descontento de las provincias contra la capital, que condujo a sucesivas guerras civiles en la mayoría de los nuevos Estados latinoamericanos, esa contradicción fue tan importante que no es posible entender nuestra historia decimonónica sin investigar a fondo las causas que provocaron el regionalismo y el centralismo.

 

 

EL REGIONALISMO Y EL CONTROL DE LA RENTA ADUANERA

El regionalismo se fue incubando durante la colonia, especialmente en el siglo XVIII, cuando decantó la producción agropecuaria y minera del interior y las autoridades hispano-lusitanas reforzaron el papel de cada capital colonial en función del monopolio comercial.

 

La revolución por la Independencia, lejos de superar la contradicción capital-provincias, agudizó el espíritu regionalista, porque las capitales impusieron desde las primeras Juntas de Gobierno un criterio ultra centralista. El frente único constituido por las fracciones de la burguesía criolla para enfrentar al ejército realista postergó momentáneamente la lucha entre las provincias y la capital. Si bien fue derrotado el enemigo común, los choques afloraron con violencia inusitada en las guerras civiles. Las provincias habían dado una alta cuota de sangre en las guerras de la Independencia y no estaban dispuestas a caer en una forma de satelización. Asimismo, durante las luchas de la Independencia habían emergido masas y caudillos rurales bajo banderas de igualitarismo que no eran fácilmente transables.

 

Las provincias fueron postergadas por el centralismo de la capital, que se quedaba con la parte del león de las entradas aduaneras. La capital se apropiaba de la renta aduanera -que constituía en aquella época la principal fuente de ingresos fiscales y la redistribuía en beneficio de la clase dominante capitalina, realizando obras públicas e inversiones que favorecían a la burguesía comercial y a los terratenientes cercanos a la ciudad. la fracción de clase que controlaba la Aduana ejercía de hecho el control de las entradas fundamentales del Estado-Nación. Esa forma de subordinación y expoliación de las provincias por la capital fue percibida por un esclarecido pensador hace más de un siglo: “La Revolución de Mayo fue la substitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias; el coloniaje porteño substituyendo al español”.(273)

 

La capital no repartía proporcionalmente la Renta Aduanera de acuerdo a lo que cada provincia producía o entregaba como cuota de exportación. Hubo casos, como el chileno, en que las provincias mineras del Norte Chico aportaban la parte sustancial de la exportación del país, pero no percibían casi nada de la redistribución de la renta aduanera. El descontento de las provincias estaba plenamente justificado. porque eran centro mineros y agropecuarios que proporcionaban. a través de la economía primaria exportadora, la parte fundamental de las entradas fiscales.

 

Por otra parte, el gobierno central gravaba con fuertes impuestos de exportación a los productos generados por el interior. Las provincias exigían que los ingresos fiscales provenientes del estanco del tabaco, de las alcabalas y, fundamentalmente, de las entradas de la Aduana, se redistribuyeran proporcionalmente a la riqueza que entregaba cada zona y de acuerdo a la población y necesidades de la región. Las provincias tenían derecho a una mejor distribución de las entradas públicas porque aportaban la mayoría del producto bruto nacional. Pedro Ferré, representante de los intereses de la provincia de Corrientes, protestaba porque “Buenos Aires se hace dueño exclusivo del caudal que percibe de la importación de los frutos extranjeros que se consumen en la nación y por la exportación de los que ésta produce, pues unos y otros se embarcan en su puerto, como es el único argentino y por consiguiente nacional, por cuya razón debe su producto no ser exclusivo de Buenos Aires, pues es de la Nación”.(274) El periódico chileno El Correo del Sur de Concepción manifestaba poco antes del estallido de la guerra civil de 1851: “¿Dónde está la revolución? La revolución está en las provincias oprimidas por los mandatarios que el ministerio ha elegido para perpetuar su afrentosa dominación”.(275)

 

Las aspiraciones provincianas eran expresadas con claridad meridiana por el periódico El Curicano, de la zona central de Chile: “Los provincianos somos hijos desheredados de la patria; contribuimos con nuestros elementos, con todas nuestras fuerzas a su engrandecimiento, sin que se responda nuestro sacrificio. La capital absorbe todas las rentas, recibe todas las mejoras, concentra todas las ventajas, mientras que las provincias abandonadas a mezquinos recursos vegetan en la miseria i el atraso (…)”.(276)

Las restas aduaneras de los países latinoamericanos en el siglo XIX constituían no sólo la parte sustancial de los ingresos del Estados, sino que eran el respaldo económico más importante que podían ofrecer para solicitar empréstitos o créditos. Una política económica verdaderamente nacional hubiera sido distribuir la renta aduanera de acuerdo a las necesidades de las provincias, invirtiéndola básicamente en la creación de una industria nacional que pudo haberse iniciado con el proteccionismo a las industrias regionales de carácter artesanal. Pero la burguesía capitalina no actuaba con un criterio nacional. Utilizaba los ingresos de la Aduana como si fueran propios. Al disponer de los fondos de la Aduana, de hecho disponía del destino económico de las provincias.

La contradicción capital-provincias, aparentemente geográfica, involucra profundos intereses de clase entre los sectores mineros y agropecuarios del interior, que se sabían productores de la principal riqueza del país, y la burguesía comercial coaligaba con fracciones terratenientes cercanas a la capital.

 

EL HUNDIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS ARTESANALES DEL INTERIOR

Otro motivo de profundo descontento provinciano era la facilidad brindada por la capital al ingreso de manufacturas extranjeras. Estos artículos importados provocaron la quiebra de las industrias artesanales del interior, que se habían desarrollado desde la época colonial, abasteciendo a los centros mineros y a las ciudades medianas.

 

Los primeros gobiernos republicanos establecieron impuestos a los artículos extranjeros, pero este recargo de las tarifas tuvo como objetivo inmediato el aumento de los ingresos aduaneros y no formaba parte de una auténtica política de desarrollo industrial.

La entrada masiva de artículos extranjeros provocó en la mayoría de los países latinoamericanos la ruina de las industrias regionales de calzado, tejidos, alfombras, alfarería, etc. que abastecían el consumo popular.

 

Así entraron en crisis las manufacturas de Puebla y de otros centros artesanales de México; las pequeñas fábricas de papel, de loza, vidrios y paños de la zona centro-sur de Colombia; los paños, bayetas y pienzos de los obrajes ecuatorianos; la industria textil de Ayacucho, Tarma, Paicasa, Pancarcolla en el Perú; también declinó la producción de lienzos de algodón y manteles de Cochabamba y la de lino, vicuña y sombreros de paja de los obrajes de Oruro, La Paz, Mojos, Chiquitos y Guarayos en Bolivia; las industrias regionales de Argentina también fueron afectadas por la competencia extranjera, en especial la producción textil de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca y los artículos de cuero elaborados en las talabarterías de Córdoba y Corrientes. Woodbine Parish, cónsul inglés en Argentina, manifestaba en 1837:

“Tómense todas las piezas de ropa, examínese todo lo que le rodea (a una familia) y exceptuando lo que sea de cuero ¿qué cosa habrá que no sea inglesa?. Si una mujer tiene una pollera, hay diez posibilidades contra una que sea manufactura de Manchester”.(277)

 

LA IDEOLOGÍA

A nuestro juicio el estudio de las guerras civiles se ha efectuado con una metodología equivocada, poniendo el acento en lo ideológico, en la pugna entre las concepciones política federales y unitarias, entrecruzadas por ideologías federales y conservadoras. Es efectivo que en varios casos la rebelión de las provincias se hizo bajo las banderas del federalismo en contra del centralismo de la capital. Pero muchas veces los unitarios eran liberales, mientras que los federales eran con frecuencia representantes de las oligarquías conservadoras regionales. Líderes, como Guzmán Blanco de Venezuela, comenzaron siendo federales y terminaron erigiéndose en los campeones del centralismo y, de paso, del liberalismo. En fin, para controlar las entradas de la Aduana, la burguesía criolla adoptaba tanto la ideología liberal como la conservadora.

Unitarios, federales, liberales y conservadores, por igual, reforzaron nuestra condición de países dependientes al aprobar el pacto neocolonial que, a cambio de una mayor cuota de exportación, permitió la entrada indiscriminada de manufacturas extranjeras. Esta conclusión general no significa negar la existencia de matices entre liberales y conservadores o entre federales y centralistas. Los liberales tenían importantes diferencias con los conservadores, particularmente en torno a la expropiación de las tierras de la iglesia y las cuestiones teológicas. La lucha por la propiedad territorial era frecuentemente encubierta por programas relacionados con la religión, como fue el caso de las guerras civiles de Colombia.

El regionalismo precedió a la teoría federal porque fue un proceso objetivo gestado desde la colonia. El federalismo fue la expresión política de las aspiraciones provinciales. Pero no hay que identificar federalismo con liberalismo, porque hubo políticos de tendencia liberal, como Bolívar, que defendieron el sistema centralista y, a la inversa, conservadores de provincias que empuñaron las banderas del federalismo.

El pensamiento federal fue una de las pocas ideologías no importadas de Europa, ya que constituyó una adaptación de la experiencia norteamericana, aunque con una gran diferencia: mientras el federalismo de Estados Unidos estaba al servicio de una política de industrialización, el federalismo latinoamericano estuvo en función de los intereses de las oligarquias regionales comprometidas en una economía primaria exportadora dependiente.

Aunque el federalismo no fue sinónimo de liberalismo, en algunos casos la terminología liberal estuvo al servicio de la tesis federal. Cuando José Miguel Infante, el teórico del federalismo chileno, planteaba en el Congreso de 1826 que: “Este es el día en que empiezan a temblar los tiranos y los hombres libres a llenarse de consuelo al oír la federación” , quería decir que había llegado el momento en que las provincias, bajo la constitución federal, alcanzarían su “libertad” frente a los “tiranos del gobierno central”.

En algunos países se desarrollaron tendencias plebeyas de izquierda en el seno del movimiento federal. Estas alas radicales de los rebeldes de provincias estuvieron fuertemente influenciadas por las ideas jacobinas de las revoluciones francesas de 1789 y 1848, fenómeno expresado en numerosos documentos y periódicos de la época. El federalismo se hizo popular porque representaba, aunque en forma distorsionada, las aspiraciones de las masas rurales del interior. José Manuel Estrada tuvo que reconocer, a mediados del siglo pasado, que: “el partido unitario aristocrático, mientras que el federal era popular por su composición”.(278) Igual caracterización hacen casi todos los autores venezolanos del partido federal encabezado por Ezequiel Zamora, en la década de 1850.

REGIONALISMO Y CONFLICTO DE CLASES

Nos parece fecundo estudiar el proceso real del enfrentamiento de clases que atenerse a la letra de lo que dicen o escriben liberales y conservadores, unitarios y federales. En este proceso de guerras civiles, de conflictos regionales y conflictos de clase es más importante investigar las raíces de la lucha social que la fachada ideológica federal o unitaria.

El levantamiento de las provincias contra la capital fue el resultado de una doble rebelión: la de la ideología y pequeña burguesía del interior y la de los sectores populares, como los artesanos de Colombia, los llaneros venezolanos, las masas rurales de Argentina y los campesinos, artesanos y obreros mineros de Chile.

En el fondo, las guerras civiles fueron la expresión de una lucha interburguesa, logrando una de esas fracciones, la del interior, arrastrar a los sectores populares. En algunos casos, como el chileno, los enfrentamientos fueron entre la burguesía minera, coaligada con los productores agrarios del sur, en contra de los terratenientes y la burguesía comercial del centro del país. En Argentina chocaron los estancieros del litoral, aliados a las oligarquias locales, con la burguesía comercial porteña. En Venezuela, los ganaderos y llaneros se opusieron a la cacaocracia y a las casas comerciales de Caracas y Maracaibo.

La rebelión de las provincias configuró un movimiento de oposición heterogéneo y policlasista. Las guerras civiles, iniciadas como pugna interburguesa, cambiaron su fisonomía social con la incorporación masiva a la lucha de campesinos, indígenas, artesanos, trabajadores mineros y negros libertos y esclavos. El carácter policlasista del movimiento sufrió una prueba de fuego cuando los sectores explotados ocuparon haciendas, plantaciones, fundos y minas. Ante esta agudización de la lucha de clases, más de un capitalista federal y “liberal” se pasó al gobierno conservador que al fin de cuentas, por encima de su centralismo conservadurizante garantizaba el orden y el respeto a la propiedad privada.

Así como los obreros franceses dirigidos por Roux y Leclerc en 1789 y los “levelers” ingleses del siglo XVII fueron más allá de los límites sociales fijados por Robespierre y Cromwell, los explotados de América Latina que participaron en las guerras civiles sobrepasaron en ciertos momentos el moderado programa federal de la burguesía minera y de la oligarquía terrateniente del interior. Durante la guerra civil de 1851 y 1859 en Chile, los artesanos de Copiapó tomaron el poder local y los trabajadores y artesanos de Talca lograron controlar la ciudad durante varios días. Los artesanos venezolanos ocupaban ciudades rurales y vastos latifundios. Los “cabanos” del nordeste brasileño llegaron a ocupar la ciudad de Belém. Los indígenas de varios países latinoamericanos aprovecharon las guerras civiles entre blancos para tratar de reconquistar sus tierras.
¿FEDERALISMO = FEUDALISMO?

Numerosos autores han confundido federalismo con feudalismo, identificando caudillo local con señor feudal. Ramón J. Velázquez sostiene que “cada uno de los Estados de la Alianza Federal es en realidad un gran feudo (…) es una alianza de intereses feudales”.(279) Otro historiador venezolano, Augusto Mijares, al referirse a la Guerra Federal incurre en el mismo error, pues afirma que la Federación convirtió cada región en “feudo de los caudillos triunfantes”(280).  Carlos Irazábal sostuvo que “el federalismo era de neta inspiración y contenido feudal”.(281)

Obviamente se ha confundido el control político local del caudillo con el poder que ejercían los señores del medioevo europeo en su fundo. Esta comparación no resiste el menor análisis sociológico, fundamentalmente porque en América Latina no hubo un modo de producción feudal. Las luchas de los caudillos del interior no expresaban intereses feudales, sino la protesta de las oligarquias locales o de la burguesía minera provinciana en contra del centralismo de la capital.
¿REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO-BURGUESA?

Más atrayente, pero no por eso menos falsa, es la apreciación de Germán Carrera Damas consistente en caracterizar de revolución democrática a la guerra federal venezolana de 1859-64, que habría sido “el segundo gran esfuerzo de la naciente burguesía venezolana para crear las condiciones históricas necesarias de su desarrollo. Originada como una revolución burguesa, concebida como tal y manejada con ese propósito, la Guerra Federal, pese a las intrusiones de un intenso y fallido democratismo popular, estuvo lejos de ser un movimiento frustrado”.(282) Carrera Damas pareciera ignorar que una revolución democrática-burguesa tiene como objetivos centrales la industrialización, la ruptura de la dependencia, la reforma agraria y la creación de un fuerte mercado interno. La fracción de la clase dominante que triunfó en la Guerra Federal no acometió ninguna de estas tareas, sino que fortaleció la economía primaria exportadora dependiente, heredada de la colonia.

Los llaneros venezolanos, las montoneras argentinas y los huasos chilenos eran fuerzas democráticas, porque representaban a la mayoría de la sociedad, pero su conducción política no tenía intención alguna de llevar adelante un proceso revolucionario democrático-burgués.

Es un mito, fabricado por apologistas como Puiggros, afirmar que “apoyándose en las clases más bajas y oprimidas, los caudillos montoneros atacaban a las clases dominantes de la sociedad”.(283) Tanto Quiroga como López y Ramírez eran estancieros ricos del interior de la Argentina. Los Matta y los Gallo, que encabezaron la guerra civil de 1859 contra la capital santiaguina, eran los miembros más ricos de la burguesía minera del Norte Chico chileno. Es obvio que ni los estancieros ni la burguesía comercial capitalina, con el fin de disputarle el control del aparato del Estado o, en todo caso, llegar a una transición política para compartir el poder. como pasó en Chile y Venezuela a principios de la década de 1860. El acuerdo fue mas amplio en Colombia, donde el gobierno central llegó a consentir que cada provincia (Antioquia, Panamá, etc.) se manejara y administrara autónomamente.

Los prolongados años de guerras civiles han sido calificados de “épocas de anarquía” de caos y desorden. Detrás del término peyorativo de “anarquía” hay una clara intención ideológica para descalificar el período de mayor democratización y participación política de las masas populares del interior y de adopción de importantes medidas de expropiación de tierras de la iglesia, abolición de la esclavitud y reivindicación de los derechos provinciales.
Para el conservador Alberto Edwards fue el tiempo de “nuestros gobiernos sin forma”(284), opinión compartida por Francisco Encina al señalar que esta época anárquica y caótica era el escenario de los turbulentos y “desconformados cerebrales”. En contraste, Julio Alemparte, otro escritor chileno, sostiene que ese periodo, designado con el nombre de anarquía, es bastante “injusto, porque supone un caos inútil, cuando lo cierto es que fue fecundo en valiosas tareas y reformas”.(285)

Nosotros preferimos hablar de inestabilidad política en lugar de anarquía, que tiene una connotación marcadamente ideológica. La inestabilidad política fue el resultado de la rebelión de las provincias, aunque no sólo de ella, porque en esa fase se dieron también guerras civiles y cambios de gobierno a raíz de enfrentamientos entre la fracción burguesa que quería tomar medidas contra la iglesia y el sector terrateniente que se resistía.
LAS GUERRAS CIVILES EN ARGENTINA

La primera rebelión regional contra Buenos Aires fue la de Paraguay, que en el momento de la revolución de 1818 formaba parte del virreynato del Río de la Plata. Manuel Belgrano, enviado por la Junta de Buenos Aires para sofocar el levantamiento separatista de Yedros y Cabañas, fue derrotado en Tacuarí, dando paso a la autonomía política de Paraguay.

La segunda rebelión fue encabezada por José Gervasio Artigas en la Banda Oriental, reafirmando en el Congreso Nacional de Tres Cruces su concepción federalista. Artigas se alió al santafesino Estanislao López y al entrerriano Francisco Ramírez con el objeto de conformar un poderoso frente contra el centralismo de Buenos Aires, en la perspectiva de formar un nuevo Estado con el nombre de Provincias Unidas, cuya capital no seria de ningún modo Buenos Aires. Artigas rechazó la constitución de 1813 que reafirmaba el centralismo excesivo de Buenos Aires, actitud igualmente asumida por Córdoba y San Juan. En 1819, Rondeau dictó otra constitución centralista, a la cual se opusieron también López y Ramírez, iniciándose la guerra civil. El 10 de febrero de 1820 estos caudillos populares del interior derrotaron en la batalla de Cepeda al ejército de Buenos Aires, procediendo de inmediato a la disolución del Congreso. Manuel Sarratea se vio obligado a reconocer el sistema federal en el Tratado de Pilar pero, en rigor, triunfaban los estancieros de la Provincia de Buenos Aires, con el ascenso a gobernador de Martín Rodríguez, respaldado por Juan Manuel de Rosas, comenzaba a asomarse a la política argentina.

El tratado de Cuadrilátero (1822) fue otra tentativa de conciliar los intereses contrapuestos entre la capital y las provincias. El 23 de enero de 1825 el Congreso Nacional aprobó una ley fundamental, por la cual las provincias adquirieron el derecho a regirse según sus instituciones particulares hasta tanto no se dictara una constitución general. Sin embargo, el mismo congreso eligió presidente a Rivadavia, quien fue el autor de una constitución netamente unitaria, lo cual reabrió los enfrentamientos entre las provincias y la burguesía comercial porteña. A raíz de la guerra con Brasil y de los errores cometidos en la firma del tratado de paz, Rivadavia fue reemplazado por el federal Manuel Dorrego, quien reconoció la independencia de la Banda Oriental. Los unitarios, encabezados por Lavalle, fusilaron entonces a Dorrego, agudizando la guerra civil.

El general Paz se alzó en Córdoba a favor de Lavalle, pero fue derrotado en 1829 por López y Rosas. Paz rehizo sus tropas y derrotó a Bustos, gobernador de Córdoba, y a Facundo Quiroga en La Tablada. Las fuerzas del interior se reorganizaron bajo el mando de Quiroga, derrotando a Lamadrid. Se produjo entonces una aparente contradicción: Rosas, posaba de federalista, mandó asesinar en 1835 a Facundo Quiroga, el jefe del federalismo.

Esta escueta crónica de las luchas, expresa un claro antagonismo entre Buenos Aires, por un lado -interesado en exportar los productos de su ganadería y en importar las mercancías extranjeras- y el Interior por otro, carente de productos exportables, pero poseedor de una rudimentaria industria abastecedora del mercado interno, afectada por la libre introducción de productos foráneos. “Pero el litoral coincidía con Buenos Aires en su librecambismo ganaderil opuesto al proteccionismo artesanal del Interior, sus intereses se unían a los del Interior y se contraponían de plano a los de Buenos Aires ante el problema decisivo de la Aduana”.(286)

Se dio así un frente único entre los ganaderos del Litoral y el resto de las provincias argentinas contra la burguesía comercial porteña, respaldada por los estancieros bonaerenses y por el capitalismo británico. Sin embargo, esta última coalición tenía un serio antagonismo. Mientras la burguesía comercial aspiraba a unificar el país para ensanchar el mercado de los productos importados de Europa, los estancieros de la provincia de Buenos Aires estaban exclusivamente interesados en la exportación y en el control de la Aduana.

Los caudillos federales tenían poderosos intereses que defender. “Todos, sin excepción quizá, comenzaron o al menos terminaron como patrones estancieros”.(287) Facundo Quiroga era estanciero y dueño de minas. Los jefes de las montoneras del litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez, eran prósperos ganaderos.
La postura ideológica -federal o unitaria- no era lo fundamental. La prueba es que el gobierno “federal” de Rosas fue “unitario” y centralizado, La burguesía comercial era librecambista y unitaria, en función de sus intereses locales y los de sus socios ingleses. Su portaestandarte fue Rivadavia, creador de la Bolsa de Comercio y del Banco de Buenos Aires, “símbolo y fuente del poder de la aristocracia monetaria y del partido unitario”.(288)Esta política económica no convenía a los estancieros bonaerenses, quienes se opusieron a la ley de Rivadavia que convertía a Buenos Aires en capital de la nación.

Por otra parte, la política de la burguesía comercial porteña de estimular la producción agrícola atentaba contra los intereses de los ganaderos. Por eso los estancieros bonaerenses, encabezados por Rosas, se hicieron federales, quedándose con las entradas aduaneras del puerto de Buenos Aires, sin tener que rendir cuenta a las provincias. Su objetivo central era impedir que Buenos Aires se convirtiese en capital de la nación para evitar la redistribución de la renta aduanera.

Rosas no fue una vuelta a la colonia ni la noche negra de la historia, como han sostenido los liberales. Era un exportador de ganado que para defender sus intereses de clases hizo federal, pero sólo federal para la provincia de Buenos Aires. Era un empresario capitalista, no feudal como ha dicho Puiggrós, dueño de ganados y saladeros, trabajados en gran parte por peones asalariados. Promovió la actividad estanciero-saladeril como eje de la acumulación capitalista. Su campaña al desierto formó parte del proceso de acumulación originaria, al arrebatar las tierras a los indígenas y liberar nuevas fuerzas de trabajo, transformando al gaucho en peón.

Rosas aparentaba ser federal, y lo era en el sentido que cuidaba los intereses de los estancieros de la provincia de Buenos Aires, pero en el fondo era unitario porque aspiraba al control de la Aduana a través del puerto de Buenos Aires, hecho que le provocó fuertes roces con los ganaderos del litoral. De allí, la oposición de Ferré y de Florencio Varela, quien llegó a plantear la formación de un nuevo Estado integrado por Entre Ríos, Comentes y Misiones.
LAS GUERRAS CIVILES EN COLOMBIA

La pugna entre las provincias y la capital, iniciada desde los primeros años de la Independencia (289), se expresó también en las diferencias constitucionales y en las nueve grandes guerras civiles acaecidas entre 1830 y 1903, donde murieron aproximadamente 200.000. (290)El debate sobre asunto “tan genérico como el centralismo o el federalismo, se concretizaba en la mayor o menor influencia que las oligarquias regionales podían adquirir para resolver en su beneficio el problema agrario y para disponer con mayor libertad -he allí otro tema- del poder regional”.(291)

En las guerras civiles se combinaron las cuestiones religiosas con el federalismo. Así como detrás del federalismo estaba el descontento de las oligarqufas provinciales, del mismo modo las cuestiones religiosas encubrían el deseo de los liberales de apropiarse de las tierras de la Iglesia y controlar la educacion.
El federalismo como teoría se desarrolló en la década de 1850-60; pero el regionalismo fue anterior a la teoría federal.

La desmembración de la Gran Colombia fue, en última instancia, el resultado de profundos intereses regionales. En 1855, la provincia de Panamá obtuvo un estatus federal propio, lo mismo que Santander en 1857 y Antioquía en 1866. El poder regional obligó a dictar la ley del 16 de abril de 1867, según la cual el gobierno debería guardar estricta neutralidad en caso de que en un estado o provincia se produjera una rebelión para derrotar a las autoridades. (292)
Así se prolongaron amplios poderes para que la burguesía regional de Antioquía manejara institucionalmente, a la medida de sus intereses, la explotación del oro, para que la burguesía comercial de Panamá legislara en función de sus intereses y para que los propietarios del Cauca instrumentaran leyes sobre la desamortización de las tierras de la iglesia.

La oligarquías locales impusieron la modalidad electoral que más les convenía para conservar su poder regional, apoyándose en que la constitución de Río Negro había descentralizado la cuestión electoral. Las provincias legislaban por su cuenta y de hecho no había sufragio universal a escala nacional. Se concretizó un pacto entre las oligarquías regionales para no inmiscuirse en los asuntos de las otras provincias. En relación a este tipo sui-géneris de federalismo, Tirado señala: “Es bueno destacar la opinión de la clase dominante de Antioquía. Sobre federalismo o centralismo, como supuesta base de divergencia entre los partidos, se ha especulado mucho. El acuerdo era mayor de lo que se supone y en Antioquía ambos bandos eran federalistas”.(293)

Las guerras civiles se iniciaron en 1840 con el alzamiento del general José María Obando, en la zona sur, en contra del centralismo impuesto por Santander, llegando a tomar el poder con el apoyo popular de las masas rurales. En su partido liberal comenzó a gestarse un ala dirigida por letrados Soto, Agüero y González, llamados los utópicos. Los liberales, dirigidos por Obando, lograron el apoyo de los esclavos, campesinos e indígenas, pero fueron derrotados por los conservadores quienes por intermedio de su presidente Herrán, impusieron mano dura, oponiéndose a cualquier intento de manumisión de esclavos.

La presión popular obligó al presidente conservador Mosquera a realizar un gobierno de centro, que protegió la industria artesanal y el desarrollo cultural. Su sucesor, José Hilario López, adoptó medidas importantes, como la limitación de los privilegios de la iglesia y la abolición de la esclavitud, hecho que motivó el inicio, en 1851, de una nueva guerra civil encabezada por los esclavistas del Valle del Cauca. Mc Greevey sostiene que: “el impacto de las innovaciones liberales ahondó las divisiones políticas en la sociedad colombiana y jugó un papel importante en causar las frecuentes guerras civiles de la época. El poder de la iglesia era claramente el tema de controversia en la corta guerra de 1851”.(294)

Ramón Mercado, gobernador de la provincia de Buenaventura, en su Memoria sobre los acontecimientos del sur, sostenía que la expectativa generada por la anunciada liberación de los esclavos precipitó la revolución de 1851”.(295)

En la guerra civil, que se prolongó de mayo a octubre de 1851, el general Obando aplastó a los conservadores, logrando que en 1852 se aprobara definitivamente la libertad de los esclavos. En este proceso se constituyeron dos alas en el movimiento liberal antiesclavista: los gólgotas que agrupaban a los comerciantes, y los draconianos que representaban a los artesanos.

Los artesanos habían fundado desde 1846 Sociedades Democráticas que rebasaban los estrechos marcos del mutualismo, elevándose a los problemas de carácter nacional. Eran tildadas de “liberalismo draconiano” por sus enemigos. Los “gólgotas’ , autodenominados socialistas, establecieron vínculos con las sociedades de artesanos.(296) Estaban influidos por las ideas de la Revolución Francesa de 1848, especialmente por Lamartine, Louis Blanc y Proudhon.

Algunos como Joaquín Posada y Fermín Piñeros, se proclamaban socialistas, a través de su periódico El Alacrán, y defendían su proyecto de sociedad comunista.

El 17 de abril de 1854 estalló una nueva guerra civil. Los artesanos participaron activamente a través de sus Sociedades Democráticas apoyando el golpe de Estado del general José María Melo. El enfrentamiento se dio entre los artesanos y la burguesía comercial, que seguía introduciendo artículos manufacturados extranjeros que hacían competencia a los producidos en el país.

En su corta gestión, ocho meses, el gobierno de Melo alcanzó a tomar algunas medidas importantes para la época: “Promoviendo el entusiasmo popular y haciendo uso de la dictadura el gobierno realizó la imposición forzosa a las clases ricas, organizó la explotación de las salinas de Zipaquirá aumentando el volumen de producción, promovió la creación de talleres dictando medidas proteccionistas”.(297), difundidas por el periódico 17 de Abril, cuyo director era Joaquín Pablo Posada.

El movimiento insurreccional de los artesanos, orientado por el herrero Miguel León, se extendió a varias ciudades del país, especialmente a los lugares donde tenían fuerza las Sociedades Democráticas, pero luego de varios meses de guerra civil los sectores populares fueron derrotados por los conservadores. Los artesanos fueron encarcelados y muchos de ellos confinados a las selvas de Panamá muriendo allí de hambre y enfermedades endémicas.
Cinco años después estallaba una nueva guerra civil, que tenía por escenario principal Antioquía, Santander y la región del norte, enfrentamiento que tuvo claro contenido federalista, mezclado con cuestiones religiosas. Mosquera ocupó Bogotá el 18 de julio de 1861, disolviendo la Compañía de Jesús, apropiándose de sus conventos y expulsando al arzobispo y al representante diplomático del Papa. El presidente liberal que le sucedió, el Dr. Manuel Murillo Toro, era de ideas más radicales. Influido por Proudhon y Blanc, había propuesto, como Secretario de Hacienda de José Hilario López, una reforma agraria, un impuesto progresivo a los ricos, un combate a la usura y nuevas ideas a favor del proteccionismo y del federalismo.

Después de la guerra civil de 1859-61, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo para implantar el sistema federal reafirmando las autonomías provinciales, en la Constitución de 1863.

En 1875 estalló una nueva guerra civil que tuvo por finalidad la consolidación de la autonomía provincial. Puso de relieve “lo que significaba para la oligarquía antioqueña el estatuto federal y cómo los privilegios obtenidos valían más que las consideraciones doctrinales de conservantismo y religión”.(298) Junto a Antioquía, se plegó la oligarquía del Cauca, que había perdido su base esclavista. Aunque la motivación principal de la guerra fue la reafirmación del poder regional, los conservadores se lanzaron al grito de “¡Viva la religión!”, con un batallón que llevaba el nombre de Pío IX.
Un acuerdo con el gobierno permitió a Antioquía negociar algunas ventajas regionales, dejando abandonados a los conservadores del Cauca. Emiro Kastos señalaba que sería altamente ventajoso que los hombres que dirigen y encabezan la opinión en Antioquía popularicen el siguiente principio: no intervenir ni tomar cartas en los negocios, ni en las dimensiones de los otros Estados federales. ¿Que hay revoluciones en Bogotá, en Pasto, en el Cauca, en el Magdalena o en cualquier otra parte?; pues que se arreglen como puedan. Antioquía debe no gastar un escudo ni derramar una gota de sangre sino por los intereses, y guardar neutralidad absoluta mientras no ataquen sus fronteras.”.(299)

En síntesis, la guerra civil de 1876-77 mostró una vez más la rebelión de las provincias contra la capital, pero al mismo tiempo puso de manifiesto las contradicciones interprovinciales y la falta de conducción política homogénea de las provincias.

LA LUCHA DE LAS PROVINCIAS CONTRA LA CAPITAL EN BRASIL

Las pugnas interregionales y de las provincias contra la capital tuvieron en Brasil una larga tradición que provenía de la colonia. Una expresión de ese secular proceso fue la revolución de 1817 en Bahía, que proclamó la República de Pernambuco. Encubierta bajo el manto de roces entre oficiales brasileños y portugueses, tuvo un trasfondo regional con ostensible carácter independentista. la prueba es que cuando Pedro I dio el Grito de Iparanga, proclamando la Independencia, una de sus primeras medidas fue someter por la fuerza a la provincia de Bahía, tarea a la cual contribuyó Lord Cochrane con su armada. A pesar de la represión, en 1824 estalló un movimiento en Pemambuco, que creó la Confederación del Ecuador, integrada por Ceará, Río Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas y Paraiba, rebelión también aplastada por el almirante inglés, al servicio del Estado brasileño en formación.

Luego de la abdicación del emperador Pedro 1, las insurrecciones regionales de la década de 1830 hicieron entrar en crisis la embrionaria unidad nacional. En Río Grande do Sul se produjo en 1831 una revolución separatista promovida por los llamados “farrapos” (harapos). Otra manifestación federalista de la misma provincia fue la revolución “farroupilha” (andrajosa), encabezada por Benito Goncalvez en 1835.

Una de las expresiones más violentas de los intereses regionales fue la rebeliónde los “cabanos’, que se prolongó de 1833 a 1836 en la provincia de Pará, de larga tradición autonomista. En el momento de la Independencia, Pará era una provincia promonárquica, con más contacto con Portugal que con las otras provincias de Brasil. El canónigo Bautista Campos, que gozaba de gran apoyo popular, logró en 1832 sublevar la zona de Rio Negro (Amazonas) y someter al presidente de la provincia. El ejército gubernamental logró vencer a Campos, pero los “cabanos” ampliaron la insurrección, integrando a los agricultores de Río Itupicuru y el periodista Vicente Ferreira Lavor de Belem. La rebelión retrocedió parcialmente en la zona rural pero se afianzó en Belem, la ciudad más importante de la provincia, donde se convocó una Asamblea provincial en octubre de 1834. El movimiento fue traicionado sucesivamente por Campos, Malcher y Francisco Vinagre, quienes transaron con el gobierno central, facilitando la reocupación de la ciudad. Los “cabanos” se retiraron al interior de la provincia, reiniciando la ofensiva hasta lograr la retoma de Belem. “Por segunda vez eran los cabaños señores de Pará. Proclaman la República y declaran la provincia desligada del Imperio”.(300) Se mantuvieron un año en el poder hasta que fueron vencidos por el ejército del gobierno central. Fue “uno de los más notables movimientos populares, sino el más, del Brasil. Es el único en el que las capas más inferiores de la población consiguen ocupar el poder de toda una provincia con cierta estabilidad”.(301) En definitiva, las leyes de 1841 lograron fortalecer el poder central en detrimento de los intereses de las provincias.


LAS GUERRAS CIVILES EN CHILE

Las guerras civiles echan por tierra uno de los tantos mitos fabricados por los ideólogos burgueses que han tratado de presentar a Chile como un país pacífico y exento de revoluciones.

La historia de las guerras civiles y de los movimientos revolucionarios chilenos demuestran la falsedad de este juicio interesado de los ideólogos de la clase dominante.

Las luchas contra la capital comenzaron en la década de 1820. El descontento de las provincias respecto del gobierno de O’Higgins tuvo su origen en la promulgación de la constitución de 1822, de corte unitario y centralista, porque suprimía las provincias y las reemplazaba por departamentos, cuyos gobernadores eran nombrados por el Director Supremo. El levantamiento del general Ramón Freire en 1823 respondió a los reclamos de Concepción por haber sido postergada en forma reiterada por el gobierno central. La rebelión penquista encontró rápido eco en otras provincias, como Coquimbo, donde José Miguel Irarrázabal movilizó 400 peones de Illapel para marchar sobre Santiago.
La Constitución federal fue promulgada el 14 de julio de 1826, pero no fue aplicada, medida que provocó algunos levantamientos armados en San Felipe y Colchagua. Ante el fracaso de esta Constitución, las asambleas provinciales más importantes, Concepción y Coquimbo, comenzaron a plantear un federalismo más moderado. La Constitución de 1828, redactada por José Joaquín de Mora, fue una transacción entre las posiciones federales y unitarias.
La guerra civil de 1829-30 fue promovida y financiada por los terratenientes, el clero y la burguesía comercial, que se aliaron para aplastar las tentativas democráticas de los “pipiolos o liberales y de las tendencias plebeyas que habían impulsado medidas contra la iglesia y los latifundistas.

El 24 de octubre de 1829 se rebeló el Ejército del Sur, comandado por el general Joaquín Prieto que había obtenido la segunda mayoría para la vicepresidencia. Los conservadores lograron un triunfo decisivo en Lircay el 17 de abril de 1830 al derrotar a las fuerzas de Freire. Terminaba así una guerra civil de seis meses cuyo resultado fue el aplastamiento de las provincias y del movimiento liberal y plebeyo. En brazos del ejército, se iniciaba el período de consolidación de la burguesía comercial y terrateniente.

La guerra civil de 1851 fue la expresión violenta de las contradicciones que se habían generado entre el centralismo de la capital y la burguesía provinciana, como la minera del Norte Chico, los habilitadores de Valparaíso, los molineros y mineros de la zona de Concepción.

Los artesanos, cuya importancia política había crecido al adquirir el derecho a voto y a integrar la guardia cívica, redoblaron sus protestas gremiales. Hacia 1850, sus aspiraciones fueron interpretadas por la Sociedad de la Igualdad, movimiento social de avanzada creado por Francisco Bilbao y Santiago Arcos.

La crisis económica mundial de 1848, que también afectó la exportación de las materias primas chilenas, fue el telón del proceso revolucionario de 1851.

Los impuestos a la minería decretados por los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, representantes de la burguesía comercial y terrateniente, afectaron los intereses de los empresarios mineros. Mientras reiterados decretos aumentaban los derechos de exportación de los productos mineros, una ley de 1840 declaraba exentos de impuestos al trigo y la harina.

Una de las motivaciones fundamentales que impulsaron el levantamiento de 1851 fue la postergación de las provincias. El descontento de las provincias estaba plenamente justificado porque Concepción era un importante centro de producción molinera y el Norte Chico proporcionaba la mayoría de las entradas fiscales provenientes de la exportación de productos mineros, que constituían la base de la riqueza del país.

La guerra civil de 1851, iniciada como una pugna interburguesa, cambió de fisonomía social con la incorporación masiva a la lucha de obreros, campesinos y artesanos. Agotadas las posibilidades legales, tras el fraude electoral que facilitó el triunfo de Montt, la oposición provinciana desencadenó la guerra civil en septiembre de 1851. El Norte Chico se constituyó en uno de los principales focos revolucionarios. Trescientos miembros de la Sociedad de la Igualdad, dirigidos por los carpinteros José Maria Covarrubias y Rafael Salinas, el sastre Manuel Vidaurre y el herrero Ríos lograron apoderarse de los cuarteles de La Serena, instaurando un organismo de poder popular,  denominado Consejo del Pueblo, dirigido por José Miguel Carrera, hijo.

En Valparaíso, la insurrección fue acaudillada por el franciscano José María Pascual, quien obtuvo el apoyo de 200 artesanos en la toma del cuartel del Batallón N0 2. La rebelión también estalló en la zona austral del país cuando un grupo de militares jóvenes se amotinó en Magallanes, al mando del teniente José Miguel Cambiaso, apoderándose del barco norteamericano “Florida” y del bergantín inglés “Elisa Comick”.

El proceso revolucionario alcanzó su apogeo en Copiapó, donde los sectores populares se mantuvieron en el poder desde el 26 de diciembre de 1851 hasta el 8 de enero de 1852. Los obreros ferroviarios se apoderaron del ferrocarril, impidiendo el traslado de tropas enemigas. El “Ejército de los Libres” nombró nuevo intendente a Bernardino Varaona e impuso contribuciones forzosas a la burguesía. En “El Diario de los Libres”, órgano de los rebeldes, apareció el 30 de diciembre un decreto por el cual los trabajadores se hacían cargo de la administración del ferrocarril de Caldera a Copiapó.(302) Los revolucionarios conservaron el poder hasta que fueron derrotados en Linderos por el general Garrido. La experiencia de Copiapó marca un hito fundamental en la historia social de América Latina porque constituye uno de los primeros ejemplos de toma del poder por los sectores populares en una región económica relevante.

La insurrección se extendió a la provincia de Concepción, a Linares, San Carlos, Parral y Cauquenes, en el sur. Se formaron milicias populares armadas, al mando de Juan Alemparte y Pedro F. Vicuña, hombres de avanzada liberal.
Desde el principio del movimiento sureño, su jefe, el general José María de la Cruz, evitó el enfrentamiento y mostró vacilaciones para coordinar un plan nacional. No es extraño que partidarios del general Cruz, enterados de su parentesco con el general Bulnes, al mando del ejército gubernamental, trataran de explicarse las vacilaciones de su jefe con la siguiente frase: “Esta es la guerra de los primos y nosotros andamos siguiendo de tontos”.(303)  El 8 de diciembre de 1851, el general Cruz era derrotado en Loncomilla, una de las batallas más sangrientas de la historia de Chile, en la que cayeron 2.000 muertos y 1.500 heridos. Terminaba así la guerra civil en la zona sur, luego de cuatro meses de lucha.

La guerra civil de 1859 (304) se produjo como resultado de la exacerbación de las contradicciones entre la burguesía minera del norte, aliada de los empresarios molineros del sur, y la burguesía comercial y terrateniente de Santiago. Otra de las causas que desencadenó la rebelión de 1859 fue el nuevo régimen impositivo decretado para la minería, que gravó en un 5% más la exportación de cobre y plata.

El movimiento de 1859 tuvo un contenido más policlasista que el de 1851. Al bando de la oposición se había pasado un sector de los conservadores, a raíz de las medidas de Montt en relación a las prerrogativas del Estado frente a la iglesia. El carácter híbrido de la nueva oposición liberal-conservadora indujo a Martín Palma, ensayista del siglo pasado, a expresar que “el liberal había adoptado el traje del jesuita y el pelucón las maneras y palabras del incrédulo”.(305)
La oposición burguesa logró el apoyo de vastos sectores del proletariado minero, de los artesanos, de un fuerte contingente de campesinos de la zona centro-sur. El contenido policlasista se reflejó en posiciones contradictorias, según los sectores sociales que lograban predominar en cada región; en algunas provincias, la burguesía minera y molinera mantuvo la conducción política y militar del movimiento; en otras, como Valparaíso, Talca y el centro-sur, fue rebasada por la lucha urbana de los artesanos y las guerrillas de los montoneros e indígenas.
La guerra civil se prolongó desde comienzos de enero hasta mayo. La zona norte fue ocupada durante tres meses por un ejército formado por la burguesía minera, encabezada por los Matta y los Gallo, que de inmediato decretaron una rebaja del 50% de los derechos de exportación de la plata y el cobre. La burguesía minera estableció una especie de Estado dentro de otro Estado, llegando a tener moneda propia, denominada “pesos constituyentes”.(306)
El 14 de marzo, Pedro León Gallo se anotaba un gran triunfo al derrotar en la batalla de Los Loros al ejército gubernamental, ocupando de inmediato La Serena, Mientras tanto en San Felipe, sede de una combativa filial de la Sociedad de la Igualdad, los artesanos asaltaron el cuartel, expropiando viejas armas y nuevos fusiles ingleses, con los cuales armaron las milicias del pueblo. Después de catorce días de asedio del ejército oficial los revolucionarios sanfelipeños se vieron obligados a rendirse el 28 de febrero de 1859.

En la zona central, desde Rancagua hasta Chillán, el gobierno enfrentó durante cuatro meses una guerra de guerrillas campesina, que llegó a apoderarse de Linares y Parral. En Talca, los artesanos se apoderaron de la ciudad durante un mes. Las guerrillas rurales fueron encabezadas por José Miguel Carrera, hijo, quien coordinó su lucha con la guerrilla suburbana de Curicó.

La insurrección popular alcanzó su apogeo con la toma de la ciudad de Talca por el trabajador molinero Ramón Antonio Vallejos el 19 de enero de 1859. El gobierno envió un poderoso ejército para cortar de raíz con el poder popular en germen, logrando derrotar a los heroicos talquinos el 22 de febrero. “Terminaba así, después de un mes y medio de lucha, una insurrección armada de carácter inequívocamente popular que en el transcurso del combate fue generando un poder dual que cuestionó la propiedad privada, constituyendo una de las más importantes insurrecciones populares armadas chilenas del siglo XIX”.(307)

LA GUERRA FEDERAL EN VENEZUELA
En Venezuela hubo varias guerras civiles, pero la más importante fue la Guerra Federal de 1858-63. Desde 1830, año en que Venezuela se separó de la Gran Colombia, hasta 1860 se registraron decenas de golpes militares, conatos de rebelión y embriones de guerras civiles. Sólo hubo tres períodos de relativa calma social: 1839-40, 1842-43 y 1850-52.

En 1846 se alzó el indígena José Francisco Ranfel, partidario del liberalismo, exigiendo cl reparto de tierras y la libertad de los esclavos. Con un fuerte contingente de indígenas y negros logró derrotar a las partidas del ejército en varias oportunidades, recibiendo el apoyo de Ezequiel Zamora, que levantaba la bandera “¡horror a la oligarquía!”. Perseguidos por el general Páez se vieron obligados a refugiarse en las montañas, cayendo Rangel asesinado.
La recesión económica mundial de 1857-58 fue el telón de fondo de la Guerra Federal. El precio del café bajó un 20% y el de los cueros un 70%. El abultado servicio de la deuda externa obligó a destinar a tal efecto el 50% de los derechos de importación.

Un hecho político se agregó a esta crítica coyuntura: el ascenso al poder de los Monagas, cuya gestión ha sido analizada unilateralmente por parte de los historiadores que sólo han visto corrupción, robo de tierras y estafas. Históricamente los Monagas quebraron la alianza liderada por los “constitucionalistas” o conservadores con la adopción de tres medidas: abolición de la esclavitud (1854), derogación transitoria de la usuraria ley de 1834 y promulgación de la Constitución de 1858, que otorgó libertades democráticas e individuales y cl derecho a voto universal y sin restricciones, exceptuando “por supuesto” a las mujeres.

No se ha evaluado como corresponde este despertar del movimiento de masas urbanas y rurales, estimulado por J. T. Monagas con el objeto de consolidar su poder, amenazado por el golpismo “godo”. En su afán de criticar a los Monagas, los historiadores no han valorado debidamente esta fase de quiebre de la era oligárquico-conservadora.

También se ha minimizado el papel jugado por José Gregorio Monagas, de mayor tradición liberal que su hermano, en la lucha por la abolición de la esclavitud. Gracias a su intervención, en nombre del Ejecutivo, se logró en 1857 derrotar a los esclavócratas, liberando a 12.500 esclavos y favoreciendo a 27.000 manumisos.

Una crisis de conducción política aceleró el estallido de la guerra civil. Los partidos conservador y liberal se dividieron. El conservador o “godo”, entre militaristas y paecistas y civilistas de Manuel Tovar y Pedro Gual. Los liberales entre guzmancistas y partidarios de los Monagas. A su vez, en el sector guzmancista se generó una tendencia plebeya, liderada por Ezequiel Zamora que pronto se diferenció del ala liberal oligarca y terrateniente.

La iglesia católica -más débil en Venezuela que en otros países latinoamericanos- respaldó a los conservadores. Iniciada la Guerra Federal, no sólo se pronunció contra los liberales, sino que participó activamente al lado de los terratenientes y de la burguesía comercial. En marzo de 1858, los conservadores y un sector de liberales derrocaron a Monagas, poniendo en el gobierno a Julián Castro. Zamora repudió el golpe conservador-liberal, manifestando a Juan Crisóstomo Falcón: “no olvide Ud., Juan, que nuestros enemigos son los oligarcas, Monagas está en desgracia y tiene errores, pero es nuestro amigo y como nosotros, es víctima de los oligarcas”.(308)

En este contexto histórico de crisis económico-social y política se inició la Guerra Federal de 1859. Las masas rurales entraron en combate antes que el ejército regular de los federales, desbordando la dirección liberal y dándole al conflicto un neto carácter de guerra campesina. Coincidimos con Federico Brito -autor de uno de los mejores trabajos sobre el tema- en que la guerra fue esencialmente campesina, pero diferimos de él cuando afirma que fue “una revolución democrático-burguesa, agraria y antilatifundista”.(309)

Federación significaba igualdad social y término de la discriminación, sobre todo para los indígenas y negros libertos, que voceaban la popularizada frase: “¡Oligarcas, temblad!”. Un historiador llegó a decir que la lucha había adquirido “un tinte de comunismo”.(310) El Heraldo del 9 de julio de 1861 publicó un documento del gobierno donde se afirmaba que la lucha “se ha despojado de todo carácter político y es una guerra social”.(311)

Aunque Zamora no alcanzó a formular un programa agrario, las masas rurales lo intuyeron, llevando a cabo ocupaciones de tierra y ajusticiamiento de latifundistas al margen de los jefes liberales.
Ante esta ofensiva de las masas rurales, los hacendados y cafetaleros de los valles de Aragua abandonaron sus plantaciones, fugándose a Caracas, del mismo modo que lo hicieron hacia los Andes los latifundistas de Barquisimeto y zonas circunvecinas.

Zamora hablaba de “gobierno de todos”, pero nunca concretó un programa de igualdad social. Su planteamiento más avanzado fue la realización de asambleas populares en las zonas que liberaba. Estas “asambleas abiertas”, que elegían los gobiernos provisionales de los nuevos estados federales, funcionaban mediante el sistema de elección directa. En septiembre de 1859, Zamora convocó una Convención Popular o Asamblea Constituyente, con representantes elegidos en forma directa. Zamora ponía básicamente el acento en la doctrina federal y en las libertades democráticas, como se deduce del Manifiesto de Coro de febrero de 1859.

Un pensamiento de Zamora -no suficientemente destacado- fue su decisión de retomar la tradición bolivariana, plantear una Federación de Naciones para reconstruir la Gran Colombia. En una de sus proclamas, en Barinas en mayo de 1859, señala: “veréis abierta la nueva era de la Federación Colombiana, que fueron los últimos votos de nuestro Libertador, el gran Bolívar”.(312)

Prudencio Vázquez, peón de hacienda de los Jiménez, ubicada en el valle de Yaracuy, organizó los campesinos desde Yaritagua a Boca de Aroa, los negros cimarrones de los “cumbes” y los indígenas y jornaleros de Camunare. Reunió, asimismo, a los vecinos de Urachiche para elegir el jefe político de la zona. Cuando Zamora fue presionado a parlamentar con los enemigos en Barquisimeto, manifestó que la conversación se terminaba porque “ahí viene Prudencio Vázquez y él entiende poco de parlamentos con los oligarcas”, frase escogida por el propio Vázquez en sus Apuntes de un soldado de la Revolución Federal.(313)

El licenciado Francisco Iriarte, abogado y médico, “antioligarca por nacimiento, según sus propias palabras y con firmes convicciones políticas jacobinas y socialistas utópicas”.(314) , se incorporó a la revolución en Portuguesa y Barinas, convirtiéndose en el principal miembro del Estado Mayor.

Integraban, asimismo, esta izquierda plebeya los franceses Napoleón Avril y Carlos Henrique Morton -que habían participado en las luchas sociales de México y Colombia- y el inglés José Brandford, autor de Anotaciones de un revolucionario (1859), manuscrito en el que señalaba que para Zamora “la tierra no es de nadie, es de todos en uso y costumbre”.(315)Brandford, que había combatido junto a Zamora en 1846-47, retornó diez años después del extranjero “cargado de libros, papeles y ponerlos proclamas”(316) para ponerlos al servicio de la revolución campesina. Escribía artículos para The Red Republican, semanario cartista de Londres y junto con Avril y Morton difundían en Venezuela las obras de Babeuf y de algunos socialistas utópicos, considerándose “republicanos rojos”.(317)

La Guerra Federal -dice acertadamente Raúl Domínguez- fue “la primera actuación política autónoma de los hombres del campo en Venezuela”.(318) Por eso, resulta insólita la afirmación de Carrera Damas de que la guerra federal “no fue una guerra popular” y no “significa la irrupción de las masas populares en la Historia de Venezuela”.(319) En rigor, la guerra federal fue la primera gran rebelión social de los campesinos venezolanos y una de las más relevantes de la historia latinoamericana.

Este movimiento social, básicamente campesino, utilizó la táctica de guerrillas combinada con la guerra móvil y con algunas operaciones de guerra convencional, como fue la batalla de Santa Inés, donde el ejército de Zamora, compuesto por cerca de 20.000 hombres, obtuvo un triunfo aplastante. Pero cuando tenía ocupada las cuatro quintas partes de los estados, en lugar de avanzar sobre Caracas, el comandante general del ejército rebelde, Juan Crisóstomo Falcón se entretuvo en pequeñas escaramuzas. siendo derrotado en Coplé (1859). Poco antes, había sido asesinado Zamora, en circunstancias no esclarecidas en cuanto a los verdaderos autores intelectuales del atentado.

LAS GUERRAS CIVILES DEL ECUADOR
Las contradicciones inter-regionales fueron el sustrato de las guerras civiles de este país dividido en tres zonas muy delimitadas en cuanto a intereses económicos,  sociales y políticos: La región serrana y centro-norte, con asiento en Quito, la costa guayaquileña y la región serrana centro-sur, con epicentro en Cuenca y Loja.

Una de las primeras guerras civiles se inició en 1833 en Guayaquil, pero fue aplastada por el gobierno quiteño de Juan José Flores. No obstante, el ala plebeya de este movimiento, los “chihuahuas”, se replegaron a la isla Puná para iniciar una guerra de guerrillas. También se insurreccionó el norte encabezado por José Félix Valdivieso, logrando el apoyo de la provincia de Cuenca. “En una larga campaña que concluyó con la victoria Miñarica, Flores aplastó al ejército de Valdivieso. Los vencidos fugaron a Colombia, luego de lanzar una proclama en que anexaban el Ecuador a ese país”.(320)

La nominación presidencial de Vicente Rocafuerte, representante de la burguesía agroexportadora guayaquileña, lejos de amortiguar el proceso de guerra civil, lo acentuó. El general Flores recuperó el gobierno, pero fue derribado por la revolución del 6 de marzo de 1845, conocida en la historia del Ecuador con el nombre de “Marcista”, La burguesía porteña retomó el control a través de un gobierno provisorio integrado por José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, bajo el siguiente lema: “La población de Guayaquil es cierto que es la minoría de la República; pero una minoría encargada del sagrado depósito de la voluntad general”. Entonces se inició una nueva guerra civil, entre el ejército de Guayaquil y las tropas del general Flores. La transacción llegó recién con la IV Convención Nacional, efectuada en Cuenca, que garantizó las demandas regionales.

La tregua duró poco. El 20 de febrero de 1850, José María Urbina, en su calidad de Jefe Civil y Militar de Guayaquil, desconoció al gobierno de Quito. Un testigo de la época, fray Vicente Solano, manifestaba que “el movimiento de Guayaquil no ha tenido otro origen, sino el recelo de que el gobierno de Quito se apodere de las elecciones, y excluya definitivamente el influjo de los guayaquileños. Guayaquil calcula su politíca en arrobas de sal y de cacao”.(321)
Urbina se proclamó jefe supremo el 17 de julio de 1851 con un programa que abiertamente favorecía a los agroexportadores de la costa, estableciendo el librecambio y suprimiendo los derechos de exportación. Intentó llevar adelante algunas reformas democráticas y liberales, entre las cuales se destacó la expulsión de los jesuitas y la abolición de la esclavitud, hecho que motivó la resistencia de los dueños de 2.000 esclavos de Pichincha, Imbabura y Azuay. También se atrevió a suprimir ciertas cargas tributarias que soportaban los indígenas, con la intención de liberar mano de obra que necesitaban los productores costeños.

El triunfo del candidato presidencial respaldado por Urbina, el general Francisco Robles, fue desconocido por los latifundistas serranos. Así se volvieron a dar tres gobiernos: el de Guayaquil, presidido por Robles; el de Quito, liderado por Gabriel García Moreno; y el de Cuenca, encabezado por Jerónimo Carrión. Otra manifestación federalista se dio también en Loja, al establecerse, en septiembre de 1859, un gobierno dirigido por Manuel Carrión Pinzano. Por eso, Alejandro Moreno dice a fines de la década de 1850, “los caudillos terratenientes fundaron tres ‘repúblicas andinas’ y los burgueses exportadores establecieron la ‘República de Guayaquil”’.(322)

El teórico del federalismo en esa época fue, sin duda, Benigno Malo, rector de la Universidad de Cuenca e inspirador del periódico “La República”, órgano oficial de los federalistas cuencanos. En uno de sus números de 1856, Benigno Malo, bajo el seudónimo de Jorge Washington, manifestaba: “Sólo a la sombra del principio federal pueden crecer y desarrollarse las formas republicanas democráticas (…) Allí el municipio, el cantón o el condado, la parroquia, administra la cosa pública, legisla, gobierna con tanto más interés, cuanto mejor conoce todas las necesidades locales. Mientras más pequeño es el Estado, más parte toman en él los ciudadanos y más se democratiza el poder público”.(323)

Los arrestos federalistas fueron cortados de manera autoritaria con la consolidación del gobierno dictatorial de Gabriel García Moreno, hasta que vuelve a rebrotar la guerra civil con el levantamiento liberal de Eloy Alfaro en la década de 1890.

NOTAS

273 JUAN BAUTISTA ALBERDI: Escritos póstumos,  V, P. 108, Buenos Aires, 1895.

274 Citado por JUAN ALVAREZ: Las Guerras Civiles argentinas,  p. 68, Ed. La facultad, Buenos Aires, 1936.

275  El Correo del Sur,  Nº 10, agosto de 1851, Concepción.

276  El Curicano, año II, Nº 64, diciembre 30 de 1858.

277 W. PARISH: Buenos Aires y las Provincias  del Río de la Plata, Bs. As., 1958.

278 J.M. ESTRADA:  La política liberal bajo la tiranía de Rosas, Buenos Aires, 1947, p. 14.

279 RAMON J. VELAZQUEZ: La caída del Liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes, Caracas 1973.

280 AUGUSTO MIJARES: La evolución  política de Venezuela, en Venezuela Independiente, p. 125, Caracas, 1962.
281 CARLOS IRAZABAL: Hacia la democracia, op. Cit., 177.

282 GERMAN CARRERA DAMAS: Visión histórica de Venezuela, en Termas de Historia social y de las ideas, p. 34, UCV, Caracas, 1969.

283 RODOLFO PUIGGROS: La herencia  que Rosas dejó al país, P. 15, Ed. Problemas, Buenos Aires, 1940.

284 ALBERTO EDWARDS: La fronda aristocrática, P. 46, Ed. Del Pacífico, Santiago, 1952.
285 JULIO ALEMPARTE: Carrera y Freire, P. 360, Santiago, 1963.

286 MILCIADES PEÑA: El  paraíso terrateniente. Federales  y unitarios forjan la civilización del cuero, pp. 21 y 22, Ed. Fichas, segunda edición, Buenos Aires, 1972.

287 LUIS FRANCO: El otro Rosas, Ed. Reconstruir, Buenos Aires, 1936.

288 MIRON BURGUIN: Aspectos económicos del federalismo, P. 95, Ed. Hachette, Buenos Aires, 1960.

289 ALVARO TIRADO: Aspectos sociales de las Guerras en Colombia, P. 11, Instituto Colombiano de Cultura, p. 12.

290 FRANCISCO POSADA D.: Colombia, violencia y subdesarrollo, p. 30 Universidad Nacional de Bogotá, 1968.

291 A. TIRADO: Aspectos…., Op. Cit., p. 12.

292 TULIO ENRIQUE TASCON: Historia del derecho constitucional colombiano, Ed. Minerva, Bogotá, 1953.

293 Ibid., p. 24 y 25.

294 WILLLIAM PAUL Mc GREEVEY: Historia económica de Colombia, p. 76, ED.  Tercer mundo, 1975.

295 RAMON MERCADO: Memoria  sobre  los acontecimientos del sur, especialmente en la provincia de Buenaventura, durante la administración del 7 de marzo de 1849.p. 25, Bogotá, 1853.

296 RICARDO SANCHEZ: Historia política de la clase obrera en Colombia, p. 16, Ed. La Rosa Roja, Bogotá, 1983. Además, JAIME JARAMILLO URIBE: Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social  colombiana de 1848, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Nº 8, Bogotá, 1976.

297 RICARDO SANCHEZ: Historia política…, Op. Cit.,  p. 20.

298 A TIRADO: Aspectos…., Op. Cit, p. 25, y MANUEL BRICEÑO: La  revolución de 1876-77. Recuerdos para la violencia, 2ª edición, Imprenta nacional, Bogotá, 1947; y FRANCISCO POSADA. Colombia, violencia y subdesarrollo, Universidad Nacional, Bogotá, 1969.

299 EMIRO KASTOS: Artículos escogidos, P. 282, Talleres Gráficos del Banco Popular, Bogotá, 1972.

300 CAIO PRADO: Evolución…., Op. Cit., p. 87.

301 Ibid, p. 89.

302 EL DIARIO DE LOS LIBRES, Nº 2, 30 de diciembre de 1851, Copiapó.

303 AGUSTIN EDWARDS: Op. Cit., I, p. 89.

304 Esta es una síntesis de mi libro Las guerras civiles de 1851 y 1859 en Chile, publicado por el Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción, Cuadernos de Investigación, Serie Historia Social, 1971.

305 PEDRO PABLO FIGUEROA: Historia de la revolución constituyente, 1858-1859, p. 336, Santiago, 1889.

306 Ibid, p. 336.

307 LUIS VITALE: Las guerras civiles de…, op. Cit., p. 60.

308 Carta de Zamora a J.C. Falcón, citada por F. BRITO F. : Tiempo de Zamora, P. 276, UCV, Caracas, 1981.

309 Ibid., p. 276.

310 JOSE SANTIAGO RODRÍGUEZ: Contribución al estudio de las guerras federales en Venezuela, I, p. 59, Caracas, 1935.

311 Citado por FEDERICO BRITO F.: Historia económica y Social…., op. Cit, I, p. 325.

312 Citado por J. C. RUIZ-GUEVARA: Zamora en Barinas, p. 22. Barinas, 1977.

313 F. BRITO F. Tiempos de Ezequiel Zamora, p. 319.

314 Ibid, p. 331.

315 Ibid, p. 346.

316 Ibid, p. 318.

317 Ibid, p. 475.

318 RAUL DOMINGUEZ: Un siglo de luchas políticas campesinas en Venezuela, p. 8, UCV, Caracas, 1981.

319 GERMAN CARRERA DAMAS: Una nación llamada Venezuela, p. 106, UCV, Caracas 1980. Además R. P. MATTHEWS: Violencia rural en Venezuela, 1840-1858, Ed ………, Caracas, 1977, LISANDRO ALVARADO: Historia de la Revolución Federal, Caracas, 1909.

320 ENRIQUE AYALA: Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Ed. Universidad Católica, Quito, 1978, p. 380.

321 VICENTE  SOLANO: Epistolario. Cuenca , 1953, t. I, p. 230.

322 ALEJANDRO MOREANO: Análisis de la realidad nacional, Frente Cultural de Cuenca, s/f, Mimeo, p. 20.

323 BENIGNO MALO: Escritos y discursos, Editorial Ecuatoriana, Quito, 1940, Tomo I, p. 142.

324 JULIO CESAR RODRIGUEZ y ROSALINDA VELEZ: El precapitalismo dominicano de la primera mitad del siglo XIX, p. 65, Ed. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1980.

325 EFRAIM CARDOZO: Breve historia del Paraguay, Op. Cit.,  p. 76.

326 FRANCISCO GAONA: Introducción  a la historia gremial y social del Paraguay, op. Cit., p. 18.

327 Ibid, p. 78.

Ver www.archivochile.com/Ideas_Autores/html/vitale_l.html

 

Publicado por ADHILAC Internacional © www.adhilac.com.ar

Si Ud. desea asociarse de acuerdo a los Estatutos de ADHILAC (ver) complete el siguiente formulario (ver)

E-mail: info@adhilac.com.ar

Twitter: @AdhilacInfo