Historia del Brasil

Alberto Prieto y Sergio Guerra
La Habana

Eurico Gaspar Dutra (1883-1984)

El ciclo del nacionalismo burgués: 1930-1964

Entre 1930 y 1964 se extiende el ciclo del nacionalismo burgués  en Brasil.

Para los países latinoamericanos que contaban con índices relativamente altos de urbanización y crecimiento industrial, en los cuales la burguesía nacional era más o menos fuerte –Brasil, Argentina, México y en menor medida Colombia, Chile, Uruguay-, ese proceso comenzó con la crisis capitalista de 1929 a 1933. A diferencia de lo que sucedió en el resto de América Latina –donde la crisis se trató de resolver mediante la recuperación de los mercados perdidos y con una mayor entrega al capital foráneo-, en aquel grupo de países los efectos de la gran depresión se combatieron con una mayor intervención estatal en la infraestructura, la esfera productiva y los gastos sociales. De esta manera se acentuó el desarrollo del Capitalismo de Estado. La política de “crecimiento hacia dentro” y “sustitución de importaciones”, puesta en práctica en América latina por los gobiernos nacionalistas en beneficio de la burguesía industrial, terminó por alterar la tradicional división internacional capitalista del trabajo impuesta a fines del siglo XIX por las potencias imperialistas. Sin embrago, ello no impidió que en la mayoría de esos países los sectores industriales llegaran a un compromiso con la oligarquía agrario-exportadora, para no afectar su principal fuente de recursos en divisas. Sin duda una excepción lo constituyó el México de Lázaro Cárdenas, lo cual explica el carácter revolucionario de su régimen.

Este no fue el caso de brasil. El Estado Novo de vargas –que siguió al breve ensayo corporativo de la constitución de 1934-, inspirado en el modelo fascista y erigido sobre las cenizas de la insurrección comunista de 1935, era un nacionalismo de corte conservador y antidemocrático –totalmente diferente al mexicano-, cuyos rasgos autoritarios se fueron atemperando en los años de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de ese esquema se ocultaba una estrategia de desarrollo integral y la búsqueda de la independencia económica y política. La estabilidad del sistema no solo se fundamentaba en la alianza de la oligarquía exportadora y la burguesía industrial, sino también en un nuevo tipo de relaciones con el proletariado –todavía inmaduro como clase-, el cual se encuadraba en una organización sindical manejada por el Estado, a cambio de ciertas concesiones derivadas de una legislación social bastante avanzada.

Tras el paréntesis del gobierno del mariscal Eurico Gaspar Dutra –en que se abrieron las puertas al capital extranjero y se adoptó una política macarthista a tono con el clima internacional de guerra fría-, Vargas volvió al poder en 1950. En líneas generales durante su segundo mandato se reafirmaron las tendencias al estatismo y al control nacional de los sectores claves de la economía y se dictaron medidas progresistas destinadas a favorecer a los obreros en la distribución de la riqueza. Este nuevo gobierno de Vargas, en varios sentidos más radical que el primero, se desenvolvió en una coyuntura adversa, pues la burguesía industrial buscaba a cualquier precio asociarse al capital extranjero –lo que dio lugar a una nueva modalidad de la expansión imperialista- para continuar sobre otras bases la política de “sustitución de importaciones”. Este fenómeno, que en Argentina provocó la caída de Perón en 1955, empujó a Vargas al suicidio (1954).

A principios de la década del 60, después que el presidente Jucelino Kubitschek pusiera en acción sus planes desarrollistas –que pretendían un alto crecimiento económico sobre la base de descomunales inversiones extranjeras- se produjo, dirigida por Joao Goulart, una reedición de la frustrada experiencia varguista. Pero la sociedad no era la misma de antes: ahora los grandes monopolios transnacionales dominaban la industria brasileña y había puesto a su servicio los dispositivos del Capitalismo de Estado. Por otra parte, los sectores populares, influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana, ya no se conformaban con simples reformas y exigían transformaciones más profundas. En tales condiciones un nuevo proyecto nacionalista burgués  no era viable, lo que condujo al gobierno de Gaulart a un callejón sin salida y en definitiva determinó su derrocamiento por los militares derechistas.

Agotadas las posibilidades históricas de la llamada burguesía nacional, las banderas de la lucha antiimperialista –ampliadas con las tareas de la emancipación social- fueron enarboladas exclusivamente por las masas trabajadoras y, en primer término, por la clase obrera.

Labor del gobierno provisional

Tras la victoria, el presidente Getulio Vargas conformó un gabinete con representantes de las heterogéneas fuerzas políticas que habían participado en el movimiento de 1930, o sea, miembros prominentes de un sector oligárquico marginado y destacadas figuras del tenentismo. En su primer Consejo de Ministros, llamado el gabinete negro, ocupaban carteras, entre otros, Goes Monteiro, José Américo de Almeida, Osvaldo Aranha, Joao Alberto Lins de Barros, José María Whitaker, Juares Távora y Lindolfo Collor. Fue precisamente a este último a quien se le entregó el nuevo ministerio de trabajo, industria y comercio. Más adelante también entraría a formar parte del gobierno provisional Mauricio Cardoso, encargado de la confección de un nuevo código electoral.

El principal objetivo del gabinete negro era resolver la pavorosa crisis económica y crear un sistema político que diera estabilidad al país, permitiera al gobierno funcionar con tranquilidad y aplacar el descontento de las masas con reformas y concesiones.

Un primer decreto presidencial determinó la reincorporación de los tenientes a las filas del ejército, conservando los “grados revolucionarios” obtenidos en las luchas de 1922, 1924, 1927 y en la sublevación de 1930. las fuerzas armadas no fueron depuradas de los oficiales comprometidos con la república vieja, quizás por temor a debilitar la institución y a las consecuencias de la inyección revolucionaria que suponía el masivo reingreso de los tenentistas. Otras medidas del gobierno provisional fueron la derogación de las leyes antidemocráticas del presidente Washington Luiz, la clausura del Congreso Federal y legislaturas estaduales, una amplia amnistía, el desarme de los “coroneles” y el enjuiciamiento de muchos antiguos políticos denominados popularmente los carcomidos.

Al primer mandatario se le concedieron poderes de excepción, para asumir todas las funciones ejecutivas y legislativas federales, mientras, a nivel estadual, se otorgaba una autoridad semejante a los delegados personales del presidente: los interventores federales. Simultáneamente los estados perdían muchas de sus antiguas prerrogativas, entre ellas la facultad de aceptar empréstitos y de contratar asesores militares. Como puede apreciarse, estas medidas del gabinete negro estaban dirigidas a fortalecer la centralización del aparato estatal y el papel del ejecutivo federal, y afectaban los intereses de la oligarquía y en particular a las clases dominantes de Minas Geraes y Sao Paulo, beneficiarios de la extinguida república del “café con leche”.

En lugar de los presidentes estaduales, Vargas situó primero como delegados militares de la revolución y después en calidad de interventores federales, a líderes tenentistas y a personajes destacados del movimiento de 1930. Por esa razón Joao Alberto fue designado al frente de Sao Paulo. Olegario Maciel  en Minas Geraes, Punaro Blay en Espíritu Sancto, Carlos de Lima Cavalcanti  en Pernambuco, José Antonio Flores da Cunha en Río Grande do Sul y Juracy Magalhaes en Bahía. A su vez Juares Távora fue  nombrado como una especie de superínterventor de los estados del norte, desde Amazonas a Bahía.

En el pináculo, los tenentistas no tardaron en crear sus propias organizaciones, al estilo del club 3 de Octubre, surgida después del Pacto de Pocos (1931) y que era lidereado por Goes Monteiros. Dependiente de esta sociedad se fundaron en los estados las Legiones Revolucionarias, que no tardaron en convertirse en un verdadero azote para la oligarquía –en particular para la de Sao Paulo-, pues exigían de Vargas la adopción de planes económicos uniformes para todo el país y disposiciones destinadas a fortalecer la industria, mejorar el nivel de vida de la población y extender el período de mandato del gobierno provisional. Inclusive algunos interventores federales llegaron más lejos: públicamente hablaron de la necesidad de reformas sociales, de repartos agrarios y rebajas de alquileres urbanos, y adoptaron en sus jurisdicciones algunas leyes en esa dirección. Tales fueron los casos de Juracy  Magalhaes, Juares Távora y Joao Alberto Lins de Barros.

Guerra civil en Sao Paulo (1932)

La desastrosa evolución de la crisis económica, insistente presión de los movimientos de reivindicación obrera y la agresividad reformista de los tenientes del club 3 de Octubre, no tardaron en hallar una respuesta por parte de los sectores oligárquicos desplazados del poder en Minas Geraes, Río Grande do Sul y Sao Paulo. Preocupados con el destino de su clase, los grupos dominantes de esos estados comenzaron a agitar la consigna de la realización inmediata de elecciones: su objetivo era reinstalar el Congreso, las legislaturas estaduales y poner en vigor la constitución – bien la de 1891 o una nueva-, con vistas a recuperar el poder, como si nada hubiera pasado en el país, para evitar la aplicación de los decretos gubernamentales que afectaban sus intereses económicos.

El movimiento de restauración oligárquico cobro más fuerza en Sao Paulo. Como se recordará, la oligarquía paulista era la más favorecida con el esquema electoral del “café con leche” y por ende la principal perjudicada con la revolución de 1930. Aquí eran mayores las consecuencias de la crisis económica capitalista, pues ese estado era el primer productor de café, cuyo precio había disminuido abruptamente en el mercado mundial. Los políticos e intelectuales paulistas acusaban al gobierno de Vargas de tratar al estado como a un país ocupado y a los interventores federales de fomentar la intranquilidad social. Vale la pena aclarar que la Liga Revolucionaria de Sao Paulo, lidereada por los tenientes Miguel Costa-jefe de la seguridad pública del estado- y Joao Alberto, quien como se ha dicho era el interventor, había dispuesto el reparto de las haciendas cafetaleras arruinadas entre los campesinos y excombatientes, junto con otras disposiciones de innegable beneficio popular.

Como la presión ejercida por los grupos de oposición, en especial los republicanos de Minas Geraes y Sao Paulo, el Libertador de Río Grande do Sul y el Partido Democrático paulista, no daba ningún resultado, algunos miembros de la oligarquía se dedicaron a conspirar. Al plan se sumó – mediante una neutralidad cómplice- el comandante militar de Sao Paulo, general Isidoro Días Lopes. Las marchas populares contra el hambre de enero de 1931 y las continuas huelgas y protestas obreras aceleraron los preparativos de la asonada reaccionaria. Pero la sublevación, iniciada en abril, fue fácilmente controlada por los efectivos de las Ligas Revolucionarias y las fuerzas de seguridad estaduales.

Abortada la intentona golpista, la oposición paulista no se amilanó, sino que redobló sus esfuerzos para derrocar al gobierno tenentista de la ciudad. Con ese fin se formó un Frente Único integrado por el Partido Republicano de Sao Paulo y el  Democrático. Para tratar de calmar los ánimos, Getulio Vargas destituyó (julio de 1931) de sus cargos a los legionarios octubristas y sustituyó a Joao Alberto por un civil nacido en Sao Paulo: Laudo de Camargo. Sin embargo, el nuevo interventor no se pudo adaptar a los choques y presiones de ambos bandos, por lo que Vargas, cediendo ahora a las exigencias tenentistas, designó en su lugar al coronel Manuel Rabelle. Una nueva crisis política en Sao Paulo condujo al nombramiento como interventor, el 7 de marzo de 1932, de otro civil paulista, el padre Toledo, que secretamente estaba comprometido con la oposición oligárquica.

El abismo entre los políticos excluidos del poder y el gobierno de Vargas se ahondó sobre todo porque el presidente no fijaba claramente la fecha de los comicios para una Convención Constituyente que institucionalizara al país. El propio gabinete ministerial estaba dividido, pues los tenentistas eran partidarios de dilatar las elecciones lo más posible, mientras el resto del gobierno –y probablemente el mismo Vargas- se inclinaban por celebrarlas en el primer semestre de 1933. Tanto se caldeó el ambiente que el 1ro de marzo de 1932 se produjo un asalto al Diario carioca, periódico conservador de Río de Janeiro, por cientos de partidarios del tenentismo.

Cuando el 23 de mayo el ministro Osvaldo Aranha visitó Sao Paulo, se produjeron violentas manifestaciones y enfrentamientos callejeros que culminaron en un ataque a la sede local de la Legión Revolucionaria. Los tenentistas ripostaron la agresión con armas de fuego, que causaron la muerte de cuatro estudiantes. Las iniciales de sus apellidos (M.M.D.C.) servirían de bandera al movimiento opositor paulista.

Los pretextos para la insurrección oligárquicas fueron el imprevisto relevo del ministro de guerra, el arresto de varios políticos del antiguo régimen, entre ellos el expresidente Bernardes, y la destitución (8 de julio) del general Bertoldo Klinger, jefe militar del Matto Grosso, que ante este hecho se insubordinó con todo su estado mayor. Al no poder levantar las tropas de la región se presentó en Sao Paulo, verdadero centro del pronunciamiento reaccionario. Aquí las cabezas de la insurrección eran el propio interventor Pedro de Toledo, el presidente del Partido Democrático Francisco Barato y el general Valdomiro de Castillo Lima. Otros comprometidos eran Sylvio de Campos, Prudente de Morais Netto, Joao Neves da Fontoura, Eurico de Souza Leao y el vicario general de Sao Paulo Gestao Liberal Pinto. El complot tenía ramificaciones en los estados de Minas Geraes y Río Grande do Sul. En el primero la intentona se frustró casi al nacer y en el segundo la sublevación, organizada en agosto por Borges de Medeiros y Batista Luzardo, fue un completo fiasco, y todos los implicados fueron arrestados por el interventor Flores da Cunha.

Pese al aparatoso  despliegue de fuerzas del general Goes Monteiro, quien no escatimó el uso de artillería pesada y la aviación, los paulistas lograron resistir durante tres meses al cerco establecido sobre la ciudad. Los rebeldes –probablemente la más grande sublevación desde el punto de vista militar en la historia de Brasil- enfrentaron a miles de soldados en una contienda por su estilo táctico se asemejó a los clásicos combates de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Después de la segunda batalla de Buni, efectuada los días 15 y 16 de agosto, el final de la conflagración ya era previsible. Sin recursos ni municiones, agotada la producción bélica de la industria paulista, y perdida toda esperanza de recibir refuerzos de todas partes, al estado rebelde no le quedaba otra alternativa que la capitulación. Cuando las tropas gubernamentales estaban a punto de ocupar Campinas (27 de septiembre), el general Klinger propuso conversaciones de paz. Sin esperar por un acuerdo entre las partes, la fuerza pública, a las órdenes del teniente coronel Herculano de Carvalho, dispuso las armas ese mismo día. Luego se produjo la rendición incondicional oposición fueron arrestados y deportados, mientras otros huían del país, entre ellos Lindolfo Collor, Raúl Pila, Batista Luzardo y Joao Neves da Fontoura.

En la lucha Getulio Vargas hizo gala de su depurada habilidad como estadista. Durante la contienda había hecho ver a la opinión pública que sus adversarios eran separatistas y reaccionarios, mientras el gobierno dictaba, entre los meses de julio y diciembre, una cadena de decretos de contenido social. Tras la victoria, el presidente le otorgó un tratamiento especial paulista y se abandonó la política restrictiva a las exportaciones de café de Sao Paulo. Además el gobierno federal se comprometió a comprar en moneda nacional parte de la cosecha sin salida. Como interventor, después del mandato de los oficiales Herculano de Carvalho y Valdomiro de Castillo Lima, Vargas designó a un conocido político paulista –afiliado al Partido Democrático  Armando Sales de  Oliveira. Quizás  la última concesión  gubernamental  fue la convocatoria  a elecciones para la constituyente  de 1933.

RESPUESTA A LA CRISIS  ECONOMICA DE 1929-1933

En los primeros años de la década  del 30 se agudizaron  los efectos de la desastrosa crisis económica  capitalista.  Una idea de sus repercusiones  fue la disminución de las exportaciones,  que de 1929 a 1932 pasaron de 445,9 millones a 108,6 millones  de dólares. En consecuencia  aumentó  el desempleo y  se redujeron  los salarios. Por ejemplo,  en Sao Paulo los trabajadores  parados  llegaron a 100 000.  Las quiebras se generalizaron y el estado y el estado  se situó  al borde de la bancarrota  financiera,  después de pagar –solo por concepto  de amortizaciones –24 millones  de libras esterlinas,  cuando los préstamos  vencidos  sobrepasaban  los 200 millones  de dólares.

Para tratar de  disminuir la  resonancia interna  de la gran depresión, el gobierno  de Vargas postergó el pago de la deuda  extranjera y las reclamaciones estatales a los productores  y  comerciantes  del país.   Ya en febrero de 1931  se crearon  los Consejos Técnicos,  autorizados a intervenir  en las diferentes  ramas  de la  producción. Posterior mente  Vargas,  ante  la imposibilidad  de revalorizar  el café  con préstamos  foráneos  adoptó  la práctica de comprar  los stocks excedentes con moneda  nacional  y comenzó con la adquisición  de 17 millones  de sacos. Luego se fundó  el Consejo Nacional del  Café  con el propósito de regular y proteger la cosecha,  y sustituir  así  las antiguas  prerrogativas  del Instituto  de Sao Paulo.  El nuevo  mecanismo  obligaba  a los hacendados  a entregar  al Estado  una “cuota de sacrificio” –20%  de la producción  a precios simbólicos-, a pagar impuestos  elevados por la siembra  de nuevas plantaciones, además  de sufragar  un arancel  especial en oro  por saco de café  exportado.  Los recursos obtenidos  por esta vía  eran orientados  al financiamiento  del grano  y apagar  la deuda externa que  se había  renegociado.  Por otro lado, para tratar  de hacer subir  las cotizaciones en el  mercado  internacional, el Estado implantó la política  de quemar el café  invendible. Entre 1931 y 1938 más  de 60 millones de sacos  fueron  destruidos. Pese  a estos sacrificios, el precio del café mantuvo su tendencia  decreciente  a lo largo de la década del 30, con el  consiguiente  perjuicio  a los productores  y  a la economía del país.

El método de control estatal  sobre la producción  y venta de determinados artículos  incluyo desde 1931  al cacao  y después se extendió  a otros rubros  como yerba  mate, alcohol etcétera.

La respuesta  gubernamental más importante  a la crítica  coyuntura  de los años 30  fue la creación  de condiciones favorables  al desarrollo industrial,  para compensar  los efectos  de la parálisis  del sector  externo y hacer menos vulnerable  la economía a los bruscos vaivenes  del mercado mundial.  En este sentido se diseñó  una política de aumento  de aranceles  de aduana (1934) -se  rebajaron los recargos  a la importación  de medios  de producción– y de control  de cambios,  para equilibrar  la balanza  comercial  y de pagos  e impedir  la fuga  de  capitales. En la misma  dirección  apuntaban la expansión  monetaria  y la inflación  que aún  cuando protegían  y facilitaban el desarrollo  industrial,  perjudicaban  directamente  el nivel de  vida de las masas populares. Como resultados de estas disposiciones, en 1932 las fábricas  funcionaban  normalmente para  tranquilidad del ministerio de finanzas y la recién creada  Confederación  de Industriales  del Brasil. De esta manera entre  1930 y 1937  el crecimiento industrial fue espectacular  alrededor  del 11.2% anual, el segundo a nivel  Mundial,  solo  detrás de la Unión  Soviética.

En complemento de estas disposiciones pro industrialistas, el Estado comenzó a organizar empresas gubernamentales destinadas a garantizar los equipos y materias primas que requerían las fábricas nacionales. El primer paso hacia la estructuración de un sector estatal de la economía se dio en 1931, cuando el ministerio de guerra fundó la Comisión Nacional de Acero, que recuperó los yacimientos de hierro concedidos a la Itabira Iron Ltd.

A superar también la crisis contribuyó la gestión del Consejo Federal de Comercio Exterior –creado en 1934-, encargado de las negociaciones intergubernamentales encaminadas a revitalizar las exportaciones. En el campo de su actividad se inscribieron los acuerdos de trueque –el país carecía de recursos para importar- firmados con la Alemania nazi (1934) y la Italia fascista (1936). En cambio, para reactivar el comercio con los Estados Unidos |se adoptó el método de comprar con créditos suministrados por el EXIMBANK norteamericano, que los otorgaba sin restricciones, con el propósito de restaurar la capacidad brasileña de importar y a la vez desplazar a sus astutos rivales europeos.

La constitución de 1934

Al acercarse, las elecciones para la constituyente –convocada para el 5 de mayo de 1933- el tenentismo atravesaba por una crisis de la cual ya no podría salir. Sus causas eran, en última instancia, la falta de una ideología definida y de un programa concreto, lo que junto a la ausencia de un líder indiscutido, condenaba al amorfo movimiento a la inevitable desintegración. En un   principio los tenientes se agruparon en clubes y legiones con determinadas aspiraciones revolucionarias, para luego desgajarse en disímiles tendencias, sin lograr consolidar una base social y tampoco una silueta propia. De esa manera algunos tenentistas , como Juracy Magalhaes y Punaro Blay, acabaron vinculados con las oligarquías locales que antaño combatieron. Otros, como Juares Távora y Goes Monteiro, abandonaron sus veleidades reformistas –expresadas en el club 3 de Octubre y  el Partido Agrario-, para defender su porvenir en las filas castrenses –o en la vida civil- dentro de una hipócrita apolitización. Un tercer grupo, sin embargo, evolucionó cada vez más a la izquierda: transitaron de las concepciones utópicas de las logias octubristas –o en organizaciones más perfiladas como el Partido Socialista de Sao Paulo creado por Miguel Costa- hacia posiciones cercanas al marxismo y coincidieron por tanto con muchos de los planteamientos comunistas de su antiguo jefe Luiz Carlos Prestes.

Paralelamente se producía una extraordinaria proliferación de partidos y agrupaciones de diferentes proyecciones ideológicas, hasta rebasar el número de 200. Así  aparecían por todas partes organizaciones de corte socialdemócrata, liberal, monárquico, republicano, socialista y fascista, del tipo de la Patria Nueva o la Liga Electoral Católica. En cierta forma estos movimientos simbolizaban la profunda crisis económica y la confusión política que reinaba en Brasil durante la década del 30.

Los comicios para la constituyente se llevaron a cabo según el mecanismo implantado por el Código Electoral de 1932. este reglamento establecía que los diputados podían ser seleccionados en las acostumbradas elecciones territoriales o por la vía corporativa, lo que permitió la presencia en la Asamblea –inaugurada el 15 de noviembre- de un amplio espectro político del cual quedó marginado ex profeso el PCB. Sus resultados pusieron en evidencia dos cosas: la relativa recuperación de los partidos tradicionales y el debilitamiento creciente del tenentismo, pues en la Convención se produjo un equilibro de fuerzas entre los representantes de la oligarquía y los de las capas medias y la burguesía industrial.

La carta máxima de la república, promulgada el 15 de julio, fue en definitiva una especie de compromiso entre estos dos sectores . Por eso la constitución mantenía  los principios abstractos de una democracia burguesa y hacía concesiones a la Iglesia –sobre todo en materia educacional-, dando de lado a los prometidos cambios estructurales, aun cuando en el texto se reconocían algunos derechos a los trabajadores.

Desde el punto de vista electoral, la ley fundamental mantenía los postulados que habían servido de base al código de 1932, en el cual lo más significativo era la concesión del voto a la mujer y la exclusión de los analfabetos. Como aparecía ya en el reglamento electoral, la constitución dispuso que en el futuro Parlamento se introdujera un sector corporativo –copiado de la república de Weimar- el cual permitía la integración de una Cámara con 250 diputados escogidos por sufragio directo y secreto y 50 provenían de los sindicatos tutelados por el gobierno, asociaciones profesionales y entidades patronales. Este sistema se fundamentaba en una concepción, por entonces en boga en varios países europeos –y que alcanzaría su máxima expresión en la Italia de Mussolini-, que pretendía reemplazar la representación clásica de tipo territorial por una basada en la función económica. Su objetivo era tratar de superar la lucha de clases mediante una aparente incorporación de todos los intereses a la estructura del Estado, de modo que este quedara capacitado para dominar y apaciguar los conflictos sociales. Sin duda en la mente de los delegados partidarios del corporativismo estaba presente la influencia de la doctrina papal de la colaboración de clases formulada en la encíclica Rerum novarum.

Los aspectos positivos de la constitución de 1934 eran aquellos que tenían que ver con la legislación social y las reivindicaciones nacionales. La carta fundamental autorizaba al gobierno a monopolizar, en interés público, algunas ramas de la economía, distinguiendo entre la propiedad del suelo y el subsuelo, que podían ser recuperadas por el Estado. Desde el punto de vista social, la ley primaria de la república aseguraba la pluralidad y autonomía sindical y recogía ciertas reformas  -algunas de ellas aprobadas desde fines de 1932 por decretos  presidenciales-, como el salario mínimo, la jornada de ocho horas, el descanso semanal obligatorio, vacaciones periódicas, justicia laboral, etcétera.

Terminadas las sesiones, la propia convención escogió a Getulio Vargas como presidente constitucional –desaparecía la reelección a nivel federal y estadual- para el período de 1934-1938. Se abría paso a una etapa de institucionalización relativa y de cierta apertura democrática, que iba atener escasa duración.

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