Juan J. Paz y Miño Cepeda

EL TELÉGRAFO – Primer Diario Público
Ecuador, lunes 26 de  agosto de 2013
Foto: Eduardo Fernández – 2010.

Bien por la preocupación nacional sobre el Yasuní. Pero me inquieta la ausencia de debate sobre las reformas laborales que se han propuesto y que merecen igual o mayor atención de los ecuatorianos.

El Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador solo ha difundido el documento “Temas principales de la reforma”, y nada más. Conozco la preocupación de las centrales sindicales. Pero no solo compete a ellas, sino a toda la ciudadanía, porque las reformas laborales afectarán las condiciones del trabajo en el país, es decir, a cada ciudadano y ciudadana trabajadores. 

Entre los “temas” difundidos, hay asuntos importantes, como la prohibición de la discriminación laboral, mayor protección a la mujer embarazada, cierta garantía a la fundación de un sindicato, el trabajo doméstico o el “teletrabajo”; pero también ha penetrado la visión pro empresarial en asuntos como alimentación, guarderías y dispensarios médicos, que dejarán de ser obligatorios; un accionariado obrero que suprime el reparto de utilidades, o la sustitución de la jubilación patronal y la bonificación por desahucio, asuntos a los que me he referido en artículos anteriores.

Hay que sumar a ello otras propuestas: mensualización de la 13ª y 14ª remuneraciones, regulación del contrato colectivo por rama de actividad, en perjuicio del contrato colectivo en la empresa; el aumento de la jornada minera de las 6 horas actuales hasta 8 horas en el futuro, o la regulación sobre huelgas.

En los puntos señalados se ha privilegiado la visión empresarial, disminuyendo “costos” a los empresarios, pero perjudicando al principio pro operario, que ha sido base de nuestra legislación desde que la Constitución de 1929 fuera la primera en establecerlo, y que también fue recogido en el primer Código del Trabajo de 1938, ambos, logros de la izquierda en nuestra historia. No encuentro, en cambio, la penalización como delito de la no afiliación del trabajador al IESS, algo que se aprobó en la consulta popular de 2011.

Las cámaras de la producción del Ecuador, cuando rigió el “modelo empresarial” y neoliberal, impulsaron permanentemente la flexibilidad laboral, porque consideraban “excesivas” las garantías y derechos de los trabajadores. Varios de los “temas” de la reforma laboral actual parecen responden a ese viejo espíritu.

Esperemos que la Asamblea Nacional analice las “flexibilizaciones” en marcha y que la ciudadanía comience a pronunciarse, tanto como lo ha hecho en el tema Yasuní.

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