Por Sergio Guerra Vilaboy
Uno de las víctimas más connotadas de la tenebrosa Operación Cóndor, que mencionamos la semana pasada en Informe Fracto, fue el expresidente de Bolivia general Juan José Torres (1920-1976). A principios de los años setenta, bajo el tremendo impacto de la malograda guerrilla del Che Guevara, se fue vertebrando en la república andino-amazónica un grupo militar partidario de transformar la atrasada estructura socioeconómica y la dependencia del país. Encabezado por el jefe del estado mayor general J.J. Torres, esos altos oficiales estaban influidos por las acciones revolucionarias de los militares peruanos vecinos, llegados al poder en 1968 con el general Juan Velasco Alvarado.
Torres era un militar de carrera, que en 1946 había estudiado artillería en la Argentina, presidida entonces por el coronel Juan Domingo Perón. Opuesto cinco años después al golpe del alto mando para impedir la victoria electoral del Movimiento Nacionalista Revolucionaria (MNR), el joven oficial fue dado de baja del ejército y volvió a la Argentina peronista exiliado, hasta que pudo regresar a Bolivia, al triunfar la revolución de 1952, y reincorporarse a la vida militar.
Después del ascenso al poder del general Alfredo Ovando, en septiembre de 1969, Torres y otros oficiales impusieron al nuevo presidente boliviano el titulado Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación, que mezclaba postulados nacionalistas con viejos clichés anticomunistas. Sometido a esa presión, Ovando tuvo que derogar el entreguista Código Davenport y nacionalizar, el 16 de octubre de 1969, la empresa norteamericana Gulf Oil Corporation. El propio general Torres se encargó de ocupar manu militari las instalaciones de la empresa estadounidense y de organizar una concentración popular en la Plaza Murillo para respaldar la medida.
La oposición de Estados Unidos no se hizo esperar, en forma de presiones diplomáticas y sanciones económicas. A partir de marzo de 1970, luego de la visita a La Paz de Charles A. Meyer, secretario auxiliar del Departamento de Estado norteamericano, Torres fue apartado de la jefatura del ejército en medio de una ofensiva de la derecha contra las fuerzas progresistas. El colofón fue un golpe fascista, el 4 de octubre de ese mismo año, paralizado tres días después por la enérgica reacción del general Torres desde la base aérea de El Alto, apoyado por los sindicatos obreros, que se declararon en huelga y ocuparon las principales instituciones del país.
Nombrado presidente de Bolivia, Torres no se atrevió a aprobar el programa revolucionario de 21 puntos que le presentaron los trabajadores, aunque firmó una serie de medidas progresistas en los nueve meses de su mandato. Entre ellas estuvo la reversión al estado de las concesiones de tres empresas mineras norteamericanas y la liberación del periodista francés Regis Debray y cinco guerrilleros presos desde 1967. Además, expulsó a los llamados “Cuerpos de Paz”, que encubría a agentes de espionaje estadounidenses, incorporó a Bolivia al Movimiento de los No Alineados, estableció contactos con los gobiernos de Salvador Allende y Fidel Castro, a la vez que permitía sesionar desde el 22 de junio de 1971, en el antiguo parlamento de La Paz, un congreso obrero antimperialista devenido verdadero “poder dual”, al decir del sociólogo René Zavaleta.
La conspiración que dio al traste con el breve gobierno de J.J. Torres, el 21 de agosto de ese año, fue preparada por el propio embajador de Estados Unidos Ernest Siracusa, con el respaldo de los círculos oligárquicos de Santa Cruz encabezados por el coronel Hugo Banzer, quien estableció un gobierno fascista, para impedir que el mandatario consiguiera su declarado objetivo de forjar “la alianza de las fuerzas armadas con el pueblo boliviano”, para construir “la nacionalidad sobre cuatro pilares: trabajadores, universitarios, campesinos y militares”.
Expulsado del país, debió buscar refugio en el Perú de Velasco Alvarado, en el Chile de Allende y finalmente en la Argentina, tras el regreso de Perón (1973). Tres años más tarde, al salir de su casa en Buenos Aires, fue secuestrado (1 de junio) y al día siguiente su cadáver apareció baleado debajo de un puente. El alevoso crimen fue una acción de la Operación Cóndor, organizada por los gobiernos fascistas de Bolivia y Chile, y con la descarnada complicidad de los militares derechistas argentinos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Fuente: www.informefracto – 23 de febrero de 2021
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