Historia por la verdad, la memoria y la justicia

Ante el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976

En los últimos meses han proliferado las voces que reclaman poner fin a los juicios por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado. Algunas de esas voces provienen de practicantes de la disciplina histórica. Y dado que también han surgido discursos que abonan lo mismo desde ambientes gubernamentales, amenazando las políticas de memoria y de justicia, nos hemos impuesto el deber de pronunciarnos. Nuestro oficio nos interpela y quienes firmamos –historiadores e historiadoras que nos desempeñamos en el ámbito académico–,nos vemos ante la obligación de fijar una clara postura en defensa de la rigurosidad y la ética de nuestra profesión .

Las posiciones que desean la absolución de los represores no solo hacen una interpretación del pasado, sino que intentan retrotraer la legislación, la jurisprudencia y el sentido común a las imperantes durante la vigencia de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final. Olvidan que esas disposiciones fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Debieran tener en cuenta que se trata de una campaña para restablecer una suerte de nueva ley de punto final, incompatible con esa jurisprudencia y con los tratados internacionales que la Argentina ha reconocido con rango constitucional. Lo que está en juego no son políticas y leyes (por cierto disponibles y modificables), sino los designios de la última dictadura que condujeron a la utilización del aparato estatal para violar sistemáticamente los derechos humanos.

Quienes comparten las posiciones absolutorias de los represores olvidan las verdaderas causas que demoran la sustanciación de los juicios y que todavía no haya condenados con sentencia firme: las responsabilidades deberían atribuirlas al Poder Judicial, al que debe reclamarse por los prófugos imputados de crímenes de lesa humanidad y cuya aprehensión es responsabilidad de dicho Poder.

Quienes comparten esas ideas se olvidan de los centenares de niños apropiados, personas que aun hoy desconocen su verdadera identidad, y eluden reclamar que los particulares ylas instituciones que disponen de información sobre esos delitos la proporcionen a la Justicia y a la sociedad.

Quienes comparten esas posiciones se olvidan de reclamar que el Poder Judicial todavía tiene pendiente esclarecer lo sucedido con Jorge Julio López y juzgar y condenar a los responsables.

Quienes reclaman que se cierre la lista de imputados se olvidan de denunciar las trabas, demoras o directamente la protección que dentro del mismo Poder Judicial han obtenido los represores. Prefieren también extinguir la responsabilidad de los colaboradores civiles del terrorismo de estado.

Aquellos que cuestionan que en los juicios se valoren los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado, ignoran los cambios fundamentales de la jurisprudencia en el orden internacional cuando se han juzgado delitos de lesa humanidad. El testimonio de las víctimas de torturas, violaciones y otros castigos es decisivo en el juzgamiento.

Quienes proponen el exculpamiento olvidan que se ha ocultado la documentación que pudiera servir como prueba. Y no podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante decisiones recientes que apuntan a reforzar esa estrategia de ocultamiento, desarticulando los organismos cuya misión es suministrar documentación e información a la Justicia.

Quienes alientan la impunidad se olvidan que todavía esperamos que el gobierno de los Estados Unidos abra por completo sus archivos sobre el terrorismo de estado en la Argentina, así como de una vez por todas, el Vaticano y la Iglesia Católica argentina, pongan a disposición de la justicia y de la investigación histórica toda la documentación e información que poseen.

Aquellos que reclaman porque la Justicia sólo ha atendido a la represión estatal, deberían reconocer que esta ofensiva para finiquitar los juicios se produce justamente cuando están pendientes de concluirse – y aun de iniciarse en muchos casos -, los que tienen como acusados a los directivos de las empresas argentinas y extranjeras que colaboraron con la dictadura en el terrorismo de estado.

Aquellos que defienden esas posiciones se olvidan que los juicios por los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de estado, fueron y son una conquista histórica de la sociedad argentina y que esa conquista se debe a la lucha valiente, paciente, creativa e inclaudicable de los familiares, los sobrevivientes de la represión y los organismos de derechos humanos. Ha sido esa lucha ejemplar la que ha permitido enriquecer la cultura política de una sociedad arrasada y fragmentada a la que le ofrecieron – y le siguen ofreciendo – una dirección moral. Y los juicios, lejos de haber sido instrumentos de venganza, han constituido herramientas indispensables e insustituibles de verdad, de memoria y de justicia. Los juicios a los responsables y ejecutores de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, son un aporte decisivo a la humanidad convirtiéndose en un ejemplo mundial.

Aquellos que comparten la posiciones exculpatorias no debieran olvidar la experiencia histórica de la sociedad argentina desde 1983: en su dificultoso camino por construir una sociedad democrática, cada vez que estos juicios fueron puestos en cuestión y se avanzó contra ellos, se abrieron mayores posibilidades para desarrollar políticas represivas y antipopulares. Por eso consideramos que los discursos, y sobre todo las decisiones, que apuntan a suspenderlos, no solo envilecen el clima político, cultural y moral de nuestra sociedad, sino que suman un obstáculo adicional a las luchas que en el mismo sentido se desarrollan en otros países. No debieran olvidar tampoco la experiencia internacional de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, no pueden ignorar el consenso de que se trata de delitos imprescriptibles y que el procesamiento de los responsables no debe detenerse.

Pero además, quienes reconociéndose como historiadores, avalan o comparten esas posiciones, deberían reflexionar que si estas iniciativas llegasen a tener éxito, estarían contribuyendo al desconocimiento histórico de  nuestro sangriento pasado.

El próximo 24 de marzo no será uno más. Como en cada aniversario, la sociedad argentina deberá demostrar su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. Como hace veinte años, cuando la masiva movilización popular logró romper el cerco de las políticas de impunidad y olvido y crear las condiciones históricas para anular la legislación oprobiosa que las amparaba, en este 24 de marzo es imprescindible que esa misma sociedad se manifieste en defensa de sus mejores tradiciones y levante una barrera contra los renovados intentos de ocultamiento e impunidad.

Como oficiantes de la historia sabemos de los múltiples usos políticos del pasado y que la disputa por el sentido de toda conmemoración es parte ineludible de la contienda política. Pero no nos toca sólo indagar y comprender el pasado. El debate abierto en la actualidad nos incumbe directamente. Por eso es preciso que tomemos parte activa en la acción colectiva y defendamos el derecho de nuestra sociedad a conocer su pasado, si es que deseamos preservarla dignidad y la ética de nuestra profesión.

Publicado por ADHILAC Internacional © www.adhilac.com.ar

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