La crisis ecuatoriana

Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Lo que sucede en el Ecuador actual debe comprenderse en perspectiva histórica. El gobierno de Lucio Gutiérrez se inició en enero de 2003 con gran apoyo general (de hecho ganó las elecciones de segunda vuelta), respaldado por el movimiento indígena, sectores de capas medias, trabajadores, partidos de “izquierda”.

Hasta se creyó que su gobierno reeditaría una versión local del “chavismo” en Venezuela. Apenas a los pocos meses rompió con sus aliados, suscribió una carta de intención con el FMI, se proclamó el mejor “amigo” de los Estados Unidos y dio un giro espectacular a sus políticas enrumbándolas bajo el “neoliberalismo criollo”, cuyos objetivos inmediatos son la suscripción de un tratado de libre comercio (TLC) que hegemonizará gravemente sobre la economía del país y una serie de reformas legales que precarizarán aún más el trabajo de los ecuatorianos, que incluso han debido migrar por miles al exterior y particularmente a España. Las esperanzas iniciales se transformaron en decepción y en fiasco. Siguieron las movilizaciones de protesta y rechazo, la paralización de servicios públicos, la reacción contenida y creciente de amplios sectores. El desgaste se expresó en las elecciones de octubre de 2004, cuando el Partido de Gobierno (“Sociedad Patriótica 21 de enero”) y las figuras aliadas al gobierno alcanzaron una votación mínima.

 

Cuando el 8 de diciembre de 2004 el gobierno logró una mayoría de diputados que impuso el nombramiento inconstitucional de una nueva Corte Suprema de Justicia, comenzaron a unificarse contra él y contra “los políticos” (visibles en la práctica inoperante del Congreso) las más diversas reacciones. El retorno al Ecuador de Abdala Bucaram, gracias a la anulación de los juicios en su contra por parte del Presidente de la Corte Suprema, indignó a la ciudadanía particularmente serrana y especialmente quiteña, que consideró un insulto a la dignidad nacional la presencia del exmandatario otrora prófugo en Panamá. Durante la semana pasada, las asambleas de Quito y de Pichincha iniciaron radicales manifestaciones antigubernamentales exigiendo el retorno a la constitucionalidad. El miércoles se realizó un paro local y por la noche los quiteños salieron a las calles para expresarse contra el gobierno de Gutiérrez a través del “cacerolazo”, que ha continuado en los siguientes días con movilizaciones nocturnas espontáneas y masivas, convocadas por Radio La Luna, que rebasaron a las dirigencias políticas. El gobierno intentó enfrentarlas con un decreto que, al mismo tiempo que estableció el estado de emergencia en Quito, declaraba cesante a la Corte Suprema, produciéndose así un nuevo acto inconstitucional de intervención del Ejecutivo en otra de las funciones del Estado. La ciudadanía quiteña ahondó su movilización, no hizo caso del decreto y rechazó la dictadura. El sábado, el gobierno tuvo que suspender el estado de emergencia. El domingo, el Congreso Nacional, reunido en sesión extraordinaria por fuerza de las circunstancias, aprobó una resolución que dejó sin efecto el nombramiento de la inconstitucional Corte Suprema de Justicia.

 

El gobierno minimizó las protestas, que progresivamente han prendido en otras ciudades bajo el ejemplo de Quito. En cambio, reivindica sus “logros” económicos y el apoyo popular visible en las contramanifestaciones y en la movilización de gente aliada. Gutiérrez hace cuentas sobre el número “reducido” de los opositores que se expresan en las calles. Pero quienes han rechazado las inconstitucionalidades del régimen son las cámaras empresariales, sectores organizados de los servidores públicos, organizaciones laborales e indígenas, universidades, estudiantes, amplias capas medias, académicos y elites culturales, medios de comunicación, la iglesia y, sin duda, los partidos políticos con mayor representación nacional así como diversos gobiernos seccionales. Sobre las inconstitucionalidades se ha pronunciado el delegado de las Naciones Unidas que visitó el país. Se ha unido la preocupación de la Unión Europea. También el pronunciamiento de la embajada norteamericana. Los cuestionamientos y preocupaciones de gobiernos, organismos y entidades internacionales. En contraste, el apoyo a Gutiérrez proviene del entorno gubernamental, del círculo de amigos y parientes que encabezan la “Sociedad Patriótica”, de aquellos pobladores que pueden ser movilizados por mecanismos populistas y clientelares, de los “garroteros” que aparecen en las contra-manifestaciones. Las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la Policía son un factor en el esquema de manejos políticos del régimen, aunque se sabe que al interior de esas instituciones no parece haber completa calma. Para reprimir a la oposición el gobierno del coronel Gutiérrez ha debido acudir a las estrategias y tácticas militares derivadas de la Doctrina de Seguridad Nacional.

 

A pesar de la resolución del Congreso que el domingo 17 de abril cesó a la Corte, este lunes 18 las manifestaciones ciudadanas han continuado. En Guayaquil se hizo una gran marcha que reivindica la democracia. En Quito y otras ciudades siguen las expresiones nocturnas inéditas en mecanismos de acción, que revisten nuevos simbolismos políticos: el cacerolazo, el tablazo, el rollazo, el apagón, etc. El grito que inunda el ambiente entre las diversas consignas es “¡Lucio… fuera!”. La pregunta que se ha generalizado es ¿caerá el gobierno?.

 

Después de las experiencias sociales que condujeron a la destitución de Bucaram en febrero de 1997 por “incapacidad mental”, según la resolución que adoptó el Congreso y de la “Rebelión de Quito” que provocó la salida de Mahuad en 2000, una vez más el Ecuador ha sido el eje de una pregunta mayor, que toda Latinoamérica puede reflexionar desde la perspectiva de las experiencias en cada país: ¿es legítimo a un pueblo levantarse contra un gobierno que, aunque elegido legalmente, queda deslegitimado al romper la constitución y ejecutar una política contraria a la que los electores de origen demandaron? ¿Es un acto de restauración constitucional?

 

En el trasfondo la conflictividad política tiene que ver con una compleja trama de intereses en la que se involucra un sector de la oligarquía ecuatoriana que anhela profundizar las reformas neoliberales y la vinculación subordinada al TLC, bajo un manto de impunidad para quienes ocasionaron la crisis financiera nacional que condujo a la dolarización, en tanto la estabilidad macroeconómica del presente esconde el deterioro sistemático de las condiciones de vida y trabajo de la población tras 25 años de constitucionalismo, en un clima de desestabilización de las instituciones del Estado ecuatoriano.

 

*Especial para Historia a Debate

Quito, 18 abril 2005

 

Autorizado por Juan J. Paz y Miño Cepeda (Ver)

Quito 2005