Sergio Guerra Vilaboy
En mayo de 1999 la revista Harpers Magazine publicó un documento secreto del ejército guatemalteco, denominado Diario Militar, con los nombres de 183 personas desaparecidas –de ellas 24 mujeres- entre agosto de 1983 y marzo de 1985, que muestra la brutal represión realizada en este país centroamericano. El Dossier de la Muerte, como también se le conoce, ha conmovido al mundo entero, obligando a la apertura de un proceso judicial contra once ex altos oficiales –entre ellos dos generales-, implicados en esos salvajes crímenes y con el clima de terror implantado en la Tierra del Quetzal.
Ese periodo sanguinario se inició tras la invasión armada organizada por Estados Unidos en 1954 contra la Revolución Guatemalteca, y llegó a sus mayores extremos durante los tenebrosos mandatos de los generales Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Los esporádicos intentos por establecer determinadas formalidades legales o de tolerar cierta apertura política derivaron en un aumento del poderío militar, la violencia, el terrorismo y los asesinatos en masa por las fuerzas gubernamentales. La naturaleza genocida del Estado guatemalteco se expresó en los masivos crímenes de Panzós (1978) y la Embajada de España (1980) y las masacres de los pueblos originarios por las despiadadas dictaduras de Ríos Montt y Mejía Víctores.
En rigor, la llamada “primera ola de terror” contra la población guatemalteca se desencadenó tras el ascenso al poder del coronel Carlos Manuel Arana Osorio en 1970, quien dio rienda suelta a un gran operativo contrainsurgente de los cuerpos armados y las impunes bandas paramilitares. Desde entonces el ejército guatemalteco pudo expandir su esfera de actividad al área económica, convirtiendo a muchos altos oficiales en un nuevo sector de las clases dominantes en virtud de fabulosos negociados y la especulación con los fondos públicos.
La atroz represión se multiplicó después del golpe militar del 23 de marzo de 1983 que llevó a Ríos Montt al Palacio Nacional, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, acción dirigida a sustituir a la anterior camarilla ligada al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García que pretendía prolongarse en el poder. Ríos Montt acentuó el autoritarismo militar con la disolución del parlamento y el receso obligatorio de los partidos, en medio de una profunda crisis económica y política agudizada por los avances de la lucha armada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
A continuación, lanzó una aparatosa movilización militar contra los frentes guerrilleros, respaldada con las “patrullas civiles” formadas por campesinos reclutados a la fuerza. Además, estableció una férrea censura de prensa, el estado de sitio y organizó tribunales especiales facultados para dictar penas de fusilamiento, sentencias que llegaron a aplicarse en los muros del cementerio capitalino para atemorizar a la población. En ese contexto, ocurrieron varias masacres contra las indefensas poblaciones indígenas del altiplano, forzando a muchas de ellas a buscar refugio en México.
Al finalizar 1982, la situación del gobierno genocida de Ríos Montt era muy frágil, a pesar del apoyo público del presidente norteamericano Ronald Reagan en su visita a la América Central, en diciembre de ese año. Pero ni su discurso demagógico, ni tampoco el proselitismo fundamentalista, pudieron evitar que el ejército lo sustituyera el 8 de agosto de 1983 por otro general de su misma calaña: Mejía Víctores. El relevó dejó al descubierto las permanentes divergencias existentes en la cúpula militar, cada vez más arrinconada por las continuas matanzas y asesinatos.
Fue precisamente en esa coyuntura que tuvieron lugar los crímenes que hoy son juzgados en Guatemala como delitos de lesa humanidad, por graves violaciones de los derechos humanos, al encerrar a casi dos centenares de personas en centros clandestinos, donde fueron torturados y asesinados. En un comunicado dado a conocer por familiares de las víctimas en su demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos, llaman a “estar atentos a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980“‘.
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