El «30-S» en Ecuador: Insurrección vs. Democracia

Un episodio de Historia Inmediata

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Doctor en Historia. Profesor de la Facultad de Economía de la PUCE Coordinador del Taller de Historia Económica (THE).

Este artículo responde a la demanda de un buen número de historiadores y académicos amigos que escribieron inquiriendo sobre los sucesos del 30 de septiembre de 2010, día en el cual una sublevación de elementos de tropa de la Policía Nacional del Ecuador, progresivamente se transformó en un hecho que afectó la institucionalidad del Estado y puso en riesgo la vida del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Ellos expresaron su preocupación por lo que ocurría en el país y, al mismo tiempo, se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano y tajantemente se pronunciaron a favor de la democracia. La frase que compartimos todos en aquellos momentos fue: “¡Los golpistas no pasarán!”
Por consiguiente, ha sido escrito pensando en la necesidad de que se conozcan los hechos, pero también se tenga dimensión de lo sucedido.

Esperamos que este texto oriente las apreciaciones y enriquezca la comprensión de un episodio más en el campo de la Historia Inmediata del Ecuador.

Los hechos

Alrededor de las 8 de la mañana del jueves 30 de septiembre de 2010 se conoció que los policías del Regimiento Quito No. 1 de la ciudad capital del Ecuador se concentraban en su cuartel y se negaban a salir para dar los servicios de seguridad ciudadana. En poco tiempo, se supo que llegaban al regimiento más policías (hombres y mujeres), incluyendo los motorizados y de patrullaje. Quito se quedaba sin protección, sin vigilancia ni organización para su tráfico.

Progresivamente, otros cuarteles en el país se unían a los policías quiteños. Los medios reportaron que también Cuenca quedó desguarnecida. En Guayaquil los policías habían bloqueado el puente de la Unidad Nacional. Al mismo tiempo, el aeropuerto de Quito cerró su funcionamiento pues fue bloqueado por elementos de tropa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

¿Cuál era el motivo del reclamo? La aprobación de la nueva Ley Orgánica de Servicio Público. Con ella se pretendía unificar los procedimientos remunerativos y ascensos en la burocracia; pero al mismo tiempo quedaban restringidos bonos, condecoraciones, medallas, anillos y botones de oro que antes fueran usuales para la Fuerza Pública. Los sublevados querían que se conserven esos “derechos adquiridos” y exigían que no se apruebe la nueva Ley, pues creían que ésta les perjudicaba. Desde luego, los policías no solo habían sido desinformados, sino que desconocían los beneficios que para ellos y, en general, para la fuerza armada, creaba la Ley, que incluso por primera vez reconocía el pago de “horas extras” de trabajo, en atención precisamente al singular régimen de turnos que tiene que cumplir todo miembro de las instituciones armadas.

Asombró ver a través de los canales de televisión que en Quito grupos de policías cerraban vías, quemaban llantas, levantaban sus manos y gritaban en señal de triunfo, muchos cubrían sus rostros con pañuelos o cascos y otros vestían trajes especiales, de aquellos que usan para reprimir manifestaciones callejeras. Hacia el mediodía en Guayaquil cerraban sus puertas numerosos comercios y empresas, en tanto se reportaba el asalto a algunos locales, incluso sucursales bancarias. En todo el país cerraron negocios, se suspendieron las clases en escuelas, colegios y universidades. El transporte interprovincial se paralizó. En Quito dejó de funcionar el transporte público municipal del “Trolebus” y la “Ecovía”. En todo el país se generalizó la incertidumbre ante los acontecimientos. Resulta admirable que, por sobre los casos de delincuencia que se reportaron, la población ecuatoriana pudo manejarse por sí sola, en ausencia de la policía.

En medio de semejantes circunstancias, a través de los canales de televisión (y de las noticias difundidas con urgencia por todos los medios de comunicación escrita, radial y por Internet) se dio cuenta directa de la llegada del Presidente Rafael Correa al cuartel de la policía donde se hallaban los sublevados, a eso de las 9h30 de la mañana. Fue acompañado por el Ministro del Interior Gustavo Jalkh y otros funcionarios de su despacho. Por las informaciones que después de los sucesos se conoce mejor, hoy sabemos que apenas llegó el Presidente al regimiento, fue recibido con insultos e intentos de agresión, en tanto parte de su escolta de seguridad fue impedida de ingresar y atacada con gas lacrimógeno, al igual que los funcionarios acompañantes.

Desde una ventana que da al patio del cuartel, el Presidente Correa se dirigió a la tropa policial. Su intención fue convencerles que el régimen había mejorado sustancialmente las remuneraciones, las edificaciones, el equipamiento técnico incluidas sus armas y la calidad de su institución; que no había razones para protestar; y que la nueva Ley de Servicio Público incluso les beneficiaba. Nada se quería escuchar. Y en medio del griterío contra el Mandatario, se escucharon las voces “Eso lo hizo Lucio” en alusión al expresidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), a través de las cuales se quería dar a entender que las mejoras en la policía habían sido obra de este coronel del Ejército.

Ante esas reacciones, el Presidente Correa, colmado por la irrespetuosa actitud policial, se abrió la corbata y su camisa, al mismo tiempo que gritó a los sublevados: “¡Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenme si les da la gana. Mátenme si tienen valor. Yo no voy a ceder!”

Con el propósito de retirarse, el Presidente caminó con dificultad (hace unos cuantos días atrás había sido operado en una de sus rodillas), apoyado en sus muletas y apenas custodiado por un disminuido puñado de miembros de su guardia, que prácticamente nada lograron hacer ante la avalancha de policías que les rodearon tratando de impedir su marcha. En el trayecto hacia su automóvil, recibió más insultos, fue golpeado y se lanzaron contra él varias bombas lacrimógenas. Cuenta el Presidente que al momento de llegar al automóvil blindado, resolvió regresar; al fin y al cabo él era el Comandante General de la institución y el Presidente de la República; no era él quien debía retirarse sino que los policías tenían que deponer su levantamiento.

Esta actitud (que la oposición anticorreísta juzga como “imprudente” y “causante” de todo) enfureció a la tropa y la agresión subió de tono. Entonces el Presidente, apoyado ahora solo en un par de personas, recibió una máscara antigases y, con su caminar dificultado por los bombazos, fue ayudado a llegar hasta el Hospital de la Policía, que está ubicado a otro lado del cuartel. Nuevamente cuenta el Presidente que perdió en algo el conocimiento y que en el hospital lograron atenderle con oxígeno y suero. Correa quedó atrapado.

El drama apenas había comenzado. Sabemos, por lo que el Presidente ha relatado, que a la habitación donde se hallaba quisieron irrumpir varias veces policías agresivos, que también pudieron llegar a ella unos cuantos miembros del GOE, un grupo especializado pero diferente de la rama policial sublevada, que no plegó a la insurrección sino que quiso proteger al Presidente. Desde la habitación el Mandatario pudo comunicarse con personas de su despacho y contar con alguna noticia de los acontecimientos externos. Como se le exigía derogar la Ley causante de la protesta, se le conminaba y se le retenía, el Presidente cuenta que volvió a decir a sus captores que si querían podían matarlo, pero que él no cedería en nada ante el chantaje, añadiendo; “De aquí salgo como Presidente o como cadáver”.

En medio de estos sucesos, la policía que resguardaba el Palacio Legislativo se sublevó, se enfrentó con los asambleístas, desalojó el edificio e impidió todo ingreso. En los hechos, la Asamblea Nacional ya no podía funcionar. También se retiró la Policía Judicial. Y un grupo de militares tomó los exteriores del Ministerio de Defensa, sin hacer caso al llamado del Ministro Javier Ponce para que depusieran su actitud.

Por tanto, no deja de llamar la atención que en las primeras horas el propio Palacio de Gobierno (conocido también como Palacio de Carondelet) haya quedado indefenso, solo custodiado por la escolta presidencial y los funcionarios de la presidencia. Y también llama la atención que en tan cruciales momentos tampoco existiera una situación clara de lo que ocurría en las Fuerzas Armadas (FFAA), pues no se produjo su inmediata movilización en resguardo del país. En todo caso, tardó algunas horas el pronunciamiento definitivo de las FFAA, pues a eso de las 15h00, a través del Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, general Ernesto González, quedó expresada la subordinación al Presidente Correa y la defensa de la democracia institucional. Estos desajustes de horas han servido para especular sobre si hubo división en las FFAA y si, por tanto, existió allí alguna fracción “golpista”, algo que seguramente deberá investigarse. Las dudas tienen bases.

Paulatinamente se conocieron las reacciones de rechazo a los policías insurrectos y de apoyo de la población al Presidente Correa en diversas ciudades y regiones del país. Ante centenares de personas congregadas en la Plaza Grande o de la Independencia y desde uno de los balcones del Palacio de Gobierno, Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores y brazo derecho del Presidente, arengó a los quiteños y pidió que una parte de los pobladores le acompañen a él y a otros funcionarios de la presidencia, a rescatar al Primer Mandatario, secuestrado en el hospital policial.

Al llegar al hospital, el Ministro Patiño fue agredido. Y las personas que intentaban acercarse fueron golpeadas y vejadas. Los centenares de partidarios correístas que estuvieron a las puertas del hospital recibían de continuo bombas lacrimógenas, con la amenaza de que los francotiradores ubicados en la azotea del hospital bien podían haber disparado en cualquier momento, según fueron los comentarios en el mismo lugar. Los policías agredieron a los periodistas, camarógrafos, funcionarios y personas que se acercaban al hospital e incluso en sus alrededores, según lo testimoniaron los mismos reporteros.

Nada amedrentó a la población de Quito que respaldó al Presidente. En todo el país había crecido la indignación contra la policía, contra el “golpe” y en defensa de la democracia y de la vida del Presidente Correa. En medio de las circunstancias el Presidente había alcanzado a decretar el “estado de emergencia” nacional, que colocó la seguridad interna en manos de las FFAA y concentró la información en la televisión y la radio públicas, que hicieron de matriz.

Esto produjo otra reacción: al edificio de estos medios llegó un grupo de opositores a Correa, que ingresó rompiendo las puertas y arremetiendo contra los periodistas. Reclamaron ante las cámaras que “solo” se pasaba la versión “oficial” y que no se daba lugar a las opiniones “diferentes”, algo que resultaba inexacto, pues Radio Pública transmitía todo el día con apertura de sus micrófonos a toda persona que quisiera opinar, lo cual incluyó las palabras, a veces altisonantes y hasta insultantes de individuos anticorreístas. En auxilio de los medios públicos llegó después otro grupo de manifestantes defensores del régimen, con lo cual los opositores tuvieron que retirarse. Entre los que incursionaron en las oficinas de EcuadorTV quedó grabada y difundida la figura de Pablo Guerrero, abogado ligado a Lucio Gutiérrez, quien hizo ante las cámaras un pedido especial: que renuncie el Presidente de la República.

La tarde y primeras horas de la noche de ese jueves transcurrieron entre sobresaltos, imágenes televisivas transmitidas al mundo, movilización ciudadana para la defensa del gobierno y noticias sobre las primeras reacciones de la oposición que progresivamente descubría sus intenciones. Ecuador Inmediato (www.ecuadorinmediato.com), ágil y objetiva en sus informaciones por internet, dio cuenta de algunos de los pronunciamientos: el silencio de los partidos de oposición; el exdirigente preso de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) llamó a las universidades a sumarse a la sublevación de policías y militares; el expresidente Lucio Gutiérrez pidió la disolución del Parlamento, culpando a Correa como el único responsable de la situación por llevar un gobierno “abusivo, corrupto y prepotente”, añadiendo que “Ojalá no sea cierto, pero me llegan mensajes de que Correa está llamando a sus fuerzas de choque, constituidas básicamente por venezolanos y cubanos para que salgan a respaldarle a Rafael Correa, enfrentándose con la gente que está en contra de Rafael Correa”; el activista Carlos Vera, quien desde hace semanas ha encabezado la recolección de firmas para intentar la revocatoria del mandato de Correa de acuerdo con la Constitución, llamó a que el país se sume a la sublevación de la policía, argumentando que esta era una “revocatoria de hecho”; Cléver Jiménez, jefe del bloque de Pachakutik, convocó al movimiento indígena, a los movimientos sociales y otras organizaciones, a constituir un “frente nacional” para exigir la salida de Correa; la asambleísta indígena Lourdes Tibán aplaudió la insurrección señalando: “¡Bien señores policías y militares, mil veces bien. Ya era hora que dejen de ser simple tropas!”. También Nelson Erazo, Presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador asumiendo hablar a nombre de los trabajadores y las Centrales Sindicales del país, expresó su respaldo a la sublevación policial.

A eso de las 21 horas se evidenció la maniobra para liberar al Presidente. Conocemos mejor que llegaron hasta el hospital policial 700 militares expertos del comando de elite GIR, boinas rojas y tres unidades de Quito, junto con policías del GOE, con visores nocturnos, fusiles M16, pistolas Glock, radio-transmisores, chalecos antibalas, escudos protectores, máscaras antigases y otros instrumentos técnicos para el asalto. Fueron recibidos con fuego de fusiles y metrallas por parte de los policías apostados y los francotiradores. Pero las fuerzas militares lograron entrar al edificio en el que, como hoy también sabemos, se hallaban numerosos periodistas y reporteros (hombres y mujeres) cubriendo de algún modo lo que estuvo sucediendo.

Al interior del hospital se logró preparar la salida del Presidente Correa, quien, imposibilitado de caminar, fue trasladado mediante una silla de ruedas por los pasillos, hasta lograr acceso a uno de los carros que esperaban en las afueras. Fue embarcado, mientras era cubierto por las tropas rescatistas. En el auto, tres hombres decidieron cubrirlo con sus propios cuerpos. En la calle por la que se alejaba, el automóvil blindado recibió varios impactos de bala y un hombre del GIR (el policía Froilán Jiménez) cayó abatido por algún francotirador. Las escenas, transmitidas por la televisión pública, impactaron en todo el mundo. También se conoce hoy la grabación de unas comunicaciones de radio-patrulla en la que se escucha a policías sublevados gritar “Maten a Correa”.

El enfrentamiento armado continuó al menos media hora más. Después de 13 horas de mantenerse un país bajo riesgo, hubo un resultado humano doloroso: nueve muertos y 274 personas heridas.

Golpe a la democracia

El Presidente Rafael Correa ha insistido que lo que ocurrió el jueves 30 fue un intento de golpe de Estado. El primer plan fue hacerlo, pero como les falló a los comprometidos, se acudió al segundo: matar al Presidente. Correa acusa directamente a Lucio Gutiérrez y a la gente de su partido “Sociedad Patriótica” de haber preparado ese golpe.
Pero también al siguiente día de los acontecimientos descritos, la oposición puso a circular tres ideas: 1. El mismo Presidente Correa es el culpable de lo sucedido, por su intemperancia y su “autoritarismo”. No escucha razones ni cuestionamientos. Se impone sin entender que la democracia es diálogo y concertación. 2. El Presidente, con su vehemencia, es el causante de todo, pues ha sido una total imprudencia su decisión de ir a un cuartel sublevado. 3. No existió “golpe de Estado” sino un acto de insubordinación, rebeldía o insurrección de un sector de la policía, ante quien la presencia arrogante de Correa desencadenó una situación imprevista que, habiendo empezado como un aislado acto de protesta, se transformó en una verdadera rebelión contra los mandos superiores y contra el propio Presidente.

Como puede advertirse, todos los argumentos apuntan en una doble dirección: culpar al Presidente Correa y minimizar los acontecimientos. De este modo se desvía la atención sobre el asunto principal y, además, se colocan sobre la mesa de discusiones asuntos relativos a palabras y conceptos. Es el modo de argumentar que ha encontrado la oposición para librarse de responsabilidades y quitar su imagen de la escena política. Se han impuesto en sus filas el cinismo y la infamia, porque la persona víctima de una rebelión policial, aupada por tenebrosas fuerzas conspirativas, ha tratado de ser convertida en la causante de su propio drama.

En palabras de Gilmar Gutiérrez:

No hubo un solo disparo en la mañana, sí hubieron confusiones, sí hubieron gases, sí hubo falta de respeto al Presidente de la República, y eso tampoco es justificable, ¿pero quién era el responsable? El Presidente de los ecuatorianos, querer ir a solucionar un problema a golpes y patadas e insultos (…); segundo, no fue ni siquiera a solucionar, o sea, no les fue a decir ni a darles una esperanza, les fue a provocar, les fue a desafiar (…). Eso no fue responsabilidad de los Gutiérrez, eso es decisión exclusiva de Rafael Correa.

O en las palabras de Ciro Guzmán, director ultraizquierdista del Movimiento Popular Democrático (MPD), que apoyó la insurrección policial:

Hizo el show, se desanudó la corbata, pidió que le disparen, pidió que le maten, pidió que le conviertan en víctima, pidió que el mundo se entere de que querían asesinar a su presidente, pero que decepción, nadie lo asesino, nadie lo mató.

Y en las de Luis Villacís, otro dirigente del MPD: “No ha habido ningún golpe de Estado ni intento de golpe de Estado, como tampoco hubo secuestro…”

Ante semejantes criterios, se impone un análisis de los acontecimientos del 30 de septiembre, que los ubique desde una perspectiva histórica.

Resalto algunos puntos significativos:

UNO. No existe una línea de continuidad entre el “30-S” y los “golpes” a través de los cuales fueron derrocados Abdalá Bucaram (6 de febrero de 1997), Jamil Mahuad (21 de enero de 2000) y Lucio Gutiérrez (20 de abril de 2005).

En el derrocamiento de los tres mandatarios nombrados hubo verdaderas rebeliones nacional-populares. Aprovechando de ellas se movilizaron sectores interesados y ambiciosos de la clase política que transformaron la explosión social en golpes de Estado a su favor.

El corrupto régimen de Bucaram colmó a los ecuatorianos que en los primeros días de febrero de 1997 estallaron en diarias y crecientes manifestaciones por su salida. El clima llegó a tal punto que las FFAA le retiraron su apoyo, contribuyendo así para que en el campo político se moviera la vicepresidenta Rosalía Arteaga en búsqueda de una sucesión para su beneficio, en tanto en el Congreso se concluían las componendas que finalmente arribaron a rebuscar en la Constitución la causal de “incapacidad mental” para salir de Bucaram y designar como Presidente Interino a Fabián Alarcón.

Aprovechando de la enorme movilización indígena y la reacción de los movimientos sociales contra Mahuad, se unieron a la rebelión los coroneles del Ejército, para encausar la formación de un efímero triunvirato que a la mañana siguiente había desparecido, porque nuevamente aquellos sectores interesados de la clase política encontraron la causal de “abandono del cargo” para reemplazar a Mahuad (quien nunca renunció) por su vicepresidente Gustavo Noboa, legitimado por el Congreso.

De igual modo, la incontenible rebelión social contra Gutiérrez, fue aprovechada para que los políticos de las componendas, concluyeran utilizando la causal de “abandono del cargo” para reemplazarlo por el Vicepresidente Alfredo Palacio, igualmente legitimado por el Congreso.

En los tres casos, la rebelión nacional y popular fue utilizada para golpes de Estado, tras los cuales se encontró a políticos que continuaron las mismas líneas de acción contra las que la sociedad se había movilizado. Los golpes de Estado, guardaron apariencia constitucional a través de forzadas interpretaciones legales y finalmente quedaron frustrados los intereses nacionales populares.

Esa continuidad de intereses sociales contenidos, pero capitalizados por la clase política para su beneficio, explican la reacción nacional contra los partidos y políticos tradicionales, que se transformó en apoyo a Rafael Correa. Su triunfo electoral en 2006, acompañado con el discurso contra la “partidocracia”, descolocó la cultura, las prácticas y los partidos de la clase política.

Desde el ascenso a la presidencia el 15 de enero de 2007, no ha habido tregua de la clase política tradicional contra el gobierno del Presidente Rafael Correa y contra el proceso de cambios que se abrió con la reunión de la Asamblea Constituyente y la expedición de la nueva Constitución de 2008.

Tras la insubordinación policial del 30 de septiembre no existió ninguna rebelión social. Se trató de un típico “cuartelazo”, reducido a demandas puntuales de la tropa, acompañadas del “espíritu de cuerpo” de los policías, a los que se sumó cierta solidaridad de elementos de tropa de la FAE. Por los síntomas de aquel día, es seguro que la insubordinación despertó otras solidaridades al interior de las FFAA, que tardaron en dar su tajante pronunciamiento a favor de la democracia.

A estas alturas del paso de los días, ha quedado en evidencia que la insubordinación fue inducida y preparada con anticipación, de manera que solo los políticos de oposición siguen respaldando la idea de que se trató de una rebelión “espontánea”.

La llegada del Presidente Rafael Correa se transformó en un elemento de alteración completa del panorama. Ni los sublevados, ni sus instigadores o inspiradores se esperaron la reacción de Correa: nada firmaría, nada negociaría y su vida personal quedaba en un hilo, con lo cual impuso no solo una actitud de dignidad y coraje personal inéditos, sino que preservó la autoridad y la posición del Ejecutivo, como función y aparato de Estado. Por sobre el riesgo real, no cabía otra posición para éste ni para ningún presidente, si hubiera sido del caso, bajo el chantaje armado de la insubordinación policial. En 1987, cuando el presidente León Febres Cordero fue “retenido” por los comandos de la FAE en la base aérea de Taura, se presentó una situación parecida a la que vivió el presidente Correa. Solo que Febres Cordero accedió a todo lo que se le pidió firmar e incluso pidió “A ver, ¿dónde más tengo que firmar…?”

Finalmente, el cuartelazo, desorbitado con la presencia de Correa, se salió del cauce, pues se transformó en una insubordinación en la que el desconcierto se generalizó y en la que los actores más desesperados y frustrados solo podían imaginar la última salida: la muerte del Presidente. La balacera producida para el rescate del Primer Mandatario y en medio de ella los gritos de aislados policías para que se “mate” a Correa (todo comprobado por la prensa presente y las grabaciones hechas públicas), demuestran el nivel de decadencia al que se había llegado.

En esta oportunidad no hubo Congreso que secundara al cuartelazo, porque la Asamblea Nacional, con mayoría afecta al gobierno, no daría paso a ninguna sucesión posiblemente imaginada por la oposición, y ni siquiera pudo funcionar, pues en la torpe conducción de los insubordinados, la Función Legislativa fue impedida de reunirse. Y el “golpe de Estado” tampoco pudo concretarse no por las razones que argumenta la oposición anticorreísta, sino porque ella misma carece de partidos capaces de sustentar un proyecto propio en estos momentos y menos aún de las figuras con las que podía realizar algún recambio. Con Ejecutivo y con Legislativo ajenos, el “golpe” solo podía sustentarse en las FFAA, algo que también falló en los cálculos de los instigadores, porque la institución militar finalmente se pronunció por el régimen democrático.

El cuartelazo policial se parece mucho más a aquellos tan típicos del siglo XIX en la historia ecuatoriana (y latinoamericana), cuando las tropas se insubordinaban por motivos exclusivamente corporativos, confiando simplemente en el poder de las armas. Aislados, los policías quiteños creyeron que podrían imponerse con la fuerza.

DOS. Es necesario tomar en cuenta que el gobierno de Rafael Correa representa un proyecto político distinto al que caracterizó la vida del país desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo. Se autodefine como un gobierno de izquierda, que postula el “socialismo del siglo XXI”

A partir de la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988) y a pesar del relativo paréntesis político que significó el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), en Ecuador se construyó un modelo económico que, inspirado en los principios del neoliberalismo, se adecuó a los intereses de los poderosos grupos oligárquicos internos y de las capas más altas del empresariado capitalista. Ese “modelo empresarial de desarrollo” procuró el retiro del Estado, respondió a los paradigmas del mundo “globalizado”, se ligó a los intereses del capital transnacional, observó los condicionamientos del FMI y caminó de la mano de las cámaras de la producción.

Acompañó al desarrollo económico la consolidación de un Estado de partidos, en el cual la clase política actuó como si fuera una “clase dominante”. Concentró sus acciones en las principales funciones del Estado, orientándose con prácticas simplemente electorales y de gestión sustentada en todo tipo de arreglos políticos. Sus decisiones apuntalaron el camino económico aperturista y privatizador, pero descuidaron la responsabilidad con la sociedad general. Todo ello desprestigió su presencia y su legitimidad social.

A consecuencia de esa combinación entre economía y política, el Ecuador se modernizó capitalistamente, mejoró la competitividad del mercado interno, amplió el consumismo entre todas las capas sociales, progresó en el desarrollo material general y se incorporó, sin beneficio de inventario, al mundo globalizado. Pero, como contraparte, el Estado fue desinstitucionalizado y la sociedad ecuatoriana sufrió el peso de la flexibilidad y la precarización laborales, el incremento de la inseguridad jurídica, el crecimiento del desempleo y el subempleo, la explosión de la emigración, el sistemático deterioro de los servicios públicos.

Lo más grave para el país fue la reconcentración de la riqueza: Ecuador pasó a ocupar uno de los diez primeros puestos entre los países más inequitativos del mundo. Y con ello, la sociedad se polarizó, sin que los sectores medios, de trabajadores y capas populares encuentren mecanismos para revertir en su favor las condiciones del desarrollo económico orientadas al privilegio de sectores minoritarios, con el contubernio de la clase política. Eso explica las reacciones crecientes de la década de los noventa: en 1990 ocurrió el primer levantamiento indígena nacional; entre 1996 y 2006, es decir en apenas una década hubo siete gobiernos y los únicos tres elegidos por votación popular (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) fueron derrocados.

Rafael Correa y Alianza País llegaron con una propuesta de cambio integral para el país. Ello ha significado que los sectores económicos beneficiarios del modelo de desarrollo anterior, así como la clase política tradicional pasen a la oposición y reaccionen contra las nuevas propuestas de conducción del Ecuador, que marcan el inicio de un nuevo ciclo histórico-político en la evolución republicana contemporánea.

Para desgracia de ella misma, la oposición económica y política, que genéricamente se ha identificado en Ecuador como la “derecha”, no cuenta más con la fuerza que tuvo en el pasado reciente. No hay partidos ni líderes de la derecha capaces de contrarrestar el liderazgo nacional e internacional que ha impuesto el presidente Rafael Correa. Esta es la razón por la cual al interior de la derecha existe un permanente estado de confrontación, que refleja la polarización social heredada de las décadas “neoliberales”. Exige diálogo y concertación, que lo entiende como deseo de que el gobierno “rectifique” y adopte sus propias políticas y propuestas para el país. Naturalmente, el gobierno va por otro camino.

Sin apoyo popular, que en cambio se mantiene –y hasta se elevó con los últimos acontecimientos- a favor del Presidente Correa, han crecido las tentaciones conspirativas de la derecha, a cuyos sectores interesa revertir el proceso de cambios que ha experimentado el Ecuador desde 2007.

En ese marco, cualquier intento de “golpe de Estado” a quienes favorece de manera particular es a los sectores de la derecha económica y política afectados con la obra de gobierno y con su proclamada “revolución ciudadana”, con la Constitución de 2008, su internacionalismo bolivariano (la derecha acusa a Correa de estar bajo las “órdenes” del presidente venezolano Hugo Chávez o por lo menos de ser su obsecuente seguidor) y su definición por el socialismo del siglo XXI.

TRES. En América Latina continúa el peligro latente de un golpe de Estado contra aquellos gobiernos que se alejan de la economía “neoliberal”, que cuestionan el sistema internacional de la globalización transnacional, que no siguen más los intereses de las oligarquías y poderosos capitalistas internos, que adoptan políticas nacionalistas y soberanas frente al “imperialismo” y que replantean tanto la institucionalización del Estado como su acción y misión preferente para las clases medias, trabajadores y sectores populares.

No es raro que se haya producido movimientos golpistas contra los presidentes Hugo Chávez (Venezuela) en 2002, Evo Morales (Bolivia) 2008, el hondureño Mel Zelaya en 2009 (efectivamente derrocado) y hoy Rafael Correa. Son las figuras recurrentes contra quienes se han dirigido los esfuerzos conspirativos permanentes. ¿Cuál otro gobierno latinoamericano corre los riesgos de un eventual “golpe” como ha rondado sobre Venezuela, Bolivia y ECUADOR?
Al mismo tiempo es preciso considerar que América Latina cambió y que hoy existen otros gobiernos que comparten una serie de principios y valores alejados de los que se extendieron por la región en los ochentas y noventas del pasado siglo.

Los claros y unánimes pronunciamientos de los gobiernos latinoamericanos contra el posible “golpe de Estado en Ecuador”, pero también las similares voces levantadas por gobiernos europeos y por los EEUU en defensa de la democracia institucional, se han constituido contemporáneamente en una fuerza de presión internacional que disuade y hasta frena los golpismos. A ello también ha contribuido la experiencia de Honduras. De manera que Latinoamérica no está dispuesta a una reedición del exitoso golpe contra el expresidente Zelaya. Por ello, apenas conocidos los sucesos del Ecuador, se movilizaron los gobiernos latinoamericanos, fue convocada una urgente reunión de UNASUR y sus cancilleres llegaron hasta Quito. Todo ello ha favorecido al Ecuador y los “golpistas” no pudieron progresar.

¿Por qué se ha de creer en las opiniones que tiene la derecha confabuladora del Ecuador? En contraste, vale resaltar la opinión del Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, que en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente admitió haber creído que el golpe en Honduras fue «solamente una excepción», pero que tras observar lo ocurrido en Ecuador era evidente que el riesgo de repetición existe. Con perspicacia anotó que la intención de los que encabezaron los acontecimientos ecuatorianos fue «llevar al país a una situación de ingobernabilidad y por tanto provocar una desestabilización del Gobierno del presidente Correa».

CUATRO. A diferencia de lo ocurrido con Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, el 30 de septiembre hubo movilización nacional-popular para defender al gobierno del Presidente Rafael Correa.

Como Quito fue el teatro de los sucesos, en esta capital se concentraron las reacciones sociales contra la insubordinación policial. En la ciudad, históricamente destacada por ser la antena política del Ecuador, miles de personas se movilizaron durante todo el día 30 de septiembre. Dos lugares fueron esenciales: la Plaza de la Independencia y la zona del Hospital de la Policía donde permanecía secuestrado el Presidente Correa. Además, fueron grupos ciudadanos los que acudieron a defender y proteger las instalaciones de Radio y Televisión Públicas (EcuadorTV) asaltadas por una turba de personas desafectas al régimen.

Pero también en todo el país se pronunciaron numerosos prefectos y alcaldes; desde el sector indígena rural se prepararon marchas sobre Quito; y en distintas ciudades hubo movilizaciones a favor de Correa. Engañados son su propia fantasía, posiblemente quienes dirigieron e inspiraron la rebelión policial creían que el pueblo quiteño y ecuatoriano se les uniría. Víctimas de su propia propaganda y su ceguera opositora, al parecer confiaban en que el clima de protesta y reacción anticorreísta crecería por todo el Ecuador, al punto de crear las condiciones para cualquier alternativa que acabe con el gobierno, incluido una eventual definición de las FFAA. Todo falló.

La movilización social, por sobre el peligro frente a policías armados, que constantemente agredieron a periodistas, transeúntes, pobladores y a cualquiera que se acercara a sus teatros de operaciones, demostró, una vez más, que solo ese tipo de reacción popular podía frenar cualquier intento golpista.

Sin embargo, esa misma movilización tuvo un serio límite: fue más una presencia espontánea, emocional, sin duda politizada y fervorosa, para defender a la democracia y a su Presidente, pero al fin y al cabo algo desorganizada. Ello induce a pensar que es necesario fortalecer las organizaciones populares y promoverlas para su propia seguridad y para su propia defensa institucional.

CINCO. Algunos funcionarios gubernamentales escucharon, con días de anticipación, ciertos comentarios sobre hechos preparativos de “algo” que solo se pudo dimensionar bien el día 30 de septiembre, cuando estalló la revuelta policial. También desde hace varios días atrás circulaban correos electrónicos y pasquines que incitaban a un levantamiento policial en defensa de sus “derechos” aparentemente conculcados por la Ley de Servicio Público.

El jueves 30, la sincronización de las acciones es decidora: en el aeropuerto de Quito algunos pasajeros que llegaron siquiera con dos y hasta tres horas antes de la insubordinación en el Regimiento Quito-1 también comentaron sobre la suspensión de sus vuelos. A las 7 de la mañana comenzaba el movimiento en el cuartel señalado y en poco tiempo se reportaron los levantamientos de tropa en otras ciudades. Las actividades del aeropuerto quedaron suspendidas.
Mientras avanzaban los acontecimientos, los ministros y principales funcionarios de gobierno se concentraron en el desguarnecido Palacio de Carondelet. Allí, los funcionarios carecían de informaciones precisas. Quedaron sin sus guardias personales. Creció el recelo y la desconfianza sobre su propia seguridad. Conforme las horas agravaron la situación, se hizo evidente el secuestro y, sobre todo, el inminente riesgo de muerte bajo el cual se hallaba el Presidente Correa, con quien se pudo tener alguna comunicación. Por largo tiempo no funcionaron ni teléfonos ni internet en el Palacio.

Resulta escandaloso que en esas circunstancias la derecha “golpista” sostenga que nunca hubo secuestro y que nadie intentaba matar al Presidente. Según una versión nacida en sus filas, Correa podía “conversar con todo el mundo” y salir el momento en que quisiera. El Presidente ha contado que no solo era impedido de salir, sino que, cautivo como se hallaba, tenía que desconfiar de cualquier salida ofrecida, pues se pretextaría un cruce de balas que bien podría disfrazar el magnicidio. Estuvo en situación indefensa y de riesgo para sus vidas la cúpula gubernamental.

En el interior del edificio de la Asamblea circulaban algunos asambleístas de oposición. En las imágenes televisivas ha quedado retratada la presencia de Gilmar Gutiérrez, hermano del expresidente Lucio, quien podía hablar abiertamente con el personal policial legislativo. En cambio, otras escenas muestran a la misma policía impidiendo el ingreso de los asambleístas “correístas”, a quienes agredieron utilizando gas lacrimógeno. También en el local del Regimiento Quito-1 se hallaban civiles infiltrados. El gobierno denunció con imágenes la presencia del mayor Fidel Araujo, alto dirigente de Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez.

Además quedaron sin protección ni vigilancia los edificios y oficinas públicas. Eso facilitó la incursión contra la televisión pública. Ecuador Inmediato ha denunciado que existió un plan para destruir sus instalaciones, junto con las de Radio La Luna y Radio Tarqui de Quito, consideradas “correístas”, y que la información de inteligencia fue proporcionada por los agentes de seguridad policial asignados a los ministros y otros funcionarios, que conocían bien de las instalaciones y equipos pues siempre acompañaban a sus autoridades a las entrevistas.

El Presidente Rafael Correa finalmente ha tenido que reconocer que fallaron los servicios de inteligencia nacional. Por tanto, quedan una serie de preguntas sin respuesta actual: ¿a quiénes reportaban y servían? ¿Ocultaron información o la tergiversaron? ¿Qué esperaban con ello?

Anticipándose a cualquier desenlace y con el propósito de guardar las espaldas de los comprometidos con la insurrección policial, a las 16h50 un grupo de asambleístas de oposición planteó ante la prensa un texto para la Asamblea, solicitando la amnistía en estos términos:

Para ser tratado en el segundo punto del orden del día: la amnistía, que no exista cambios administrativos, cambios de plazas, ni sanciones de ninguna clase a los señores Policías, Militares y demás Funcionarios Públicos que se movilizaron el día de hoy 30 de septiembre de 2010, que demostraron su inconformidad con el Veto Presidencial de la Ley de Servicio Público.

El pedido fue expuesto por Enrique Herrería, asambleísta de “Madera de Guerrero”, acompañado por el asambleísta Gilmar Gutiérrez, de “Sociedad Patriótica”. Indigna y llama profundamente la atención este pedido, que, en medio de las bombas, las agresiones y el secuestro, se abstrae del peligro ciudadano por la actuación de los insubordinados, de los riesgos para la democracia y de las horas más severas para la vida del propio Presidente de la República.
SEIS. La insubordinación policial se inició en horas tempranas aquel 30 de septiembre. Y a ella plegaron elementos de la tropa, con quienes se solidarizaron los cuarteles del país.

Es evidente que existió descontento en la tropa policial. También se advierte que ese descontento estuvo suspendido y latente entre elementos de tropa de las propias FFAA. Eso es lo que seguramente generó las iniciales vacilaciones al interior de las FFAA que tardaron en su pronunciamiento.

Pero se demostró, una vez más en la historia ecuatoriana contemporánea, que sin el respaldo uniforme de las distintas ramas de las FFAA (Ejército, Aviación y Marina) no se produce el golpe de Estado que posiblemente añoraban los instigadores e inspiradores de la insurrección policial. En 1925 con la Revolución Juliana, en 1938 con la dictadura del General Alberto Enríquez Gallo, en 1963 con la Junta Militar de Gobierno y entre 1972­1979 con los sucesivos gobiernos del general Guillermo Rodríguez Lara, primero (1972- 1976) y luego el Consejo Supremo de Gobierno, fue la institución armada la que decidió tomar el poder. Ninguna de las intervenciones militares señaladas (que son las únicas en el siglo XX ecuatoriano) respaldó a caudillos militares o a “golpistas” civiles.

La sublevación de los “Tauras” contra el presidente Febres Cordero o la de Lucio Gutiérrez y los coroneles del Ejército contra Mahuad, no lograron el respaldo institucional de todas las distintas ramas de las FFAA y por ello esos intentos de golpe de Estado finalmente fracasaron.

Cierto es que en el derrocamiento de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez todo el país estuvo expectante sobre el pronunciamiento de los militares, cuyo “arbitraje” llegó el momento oportuno para que el camino político siguiera y esos presidentes fueran reemplazados por los sucesores determinados por el Congreso bajo forzadas fórmulas constitucionales. En ninguno de los tres casos las FFAA estuvieron dispuestas a tomar el poder como institución.

El “30-S” la definición militar fue a favor de la democracia, con lo cual apuntalaron al gobierno del presidente Rafael Correa, frustrando cualquier aspiración golpista. Nada hace pensar que hubo alguna intención seria y firme de las FFAA o de algún jefe militar para tomar el poder. Adicionalmente es necesario tomar en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en las décadas de los sesenta o setenta del pasado siglo, hoy no existen ni las condiciones nacionales ni las condiciones internacionales para algún golpe de Estado militar en Ecuador. La movilización social al interior del país en defensa de Correa y del régimen constitucional, fue acompañada por los claros pronunciamientos latinoamericanos y mundiales condenando el “golpe” y, especialmente, de los propios Estados Unidos, cuyo presidente respaldó a la democracia ecuatoriana.

Lo que también cabe observar es que la tropa policial (y posiblemente cierto sector de tropa en las FFAA), no supo o no pudo encausar sus propias demandas. En medio de la insurrección policial se dieron claros y abiertos pronunciamientos contra las jerarquías, a las que se acusó de no haber defendido los derechos de la policía. Ese descontento jerárquico sirvió para la utilización política de la institución policial (y de aquellos sectores que se manifestaron impulsivamente al interior de las FFAA) como instrumento de un afán golpista cuyas cabezas visibles aún se pierden en la maraña de las investigaciones.

SIETE. La oposición señala que no hubo el tal “golpe” porque a nadie beneficiaba en forma concreta y que “nadie” ha pensado en “botar” al presidente Rafael Correa. Y también afirma que no hubo “secuestro”.
Es una trampa política discutir si hubo o no “golpe” y “secuestro”. Eso conduce a negar la evidencia de los hechos, que quedan suplantados por una abstracta polémica jurídica de palabras y conceptos.

Nada, absolutamente nada justifica la insurrección policial en la forma en que ocurrió. Se olvida que, además de la insubordinación, hubo retención del Presidente de la República, con amenaza inminente sobre su vida; pero no solo eso, sino amenaza a la seguridad ciudadana en todo el país, con agresiones a la población y con peligro sobre las instituciones del Estado. Es decir un conjunto de delitos que resultan más graves (preterintencionales) y, sin duda, mayores frente a los conceptos discutidos sobre “golpe” y “secuestro”.

No hay “imprudencia” alguna que sirva de atenuante a la cadena de delitos contra el Estado ecuatoriano. Si el Presidente fue “imprudente” al ir “a la boca del lobo”, en la lógica que ha esgrimido la fanática oposición anticorreísta también lo son los centenares de manifestantes que fueron hasta el sitio de los acontecimientos a enfrentar a los policías. En esa misma lógica, los propios manifestantes se buscaron las agresiones, pues sabían a lo que tendrían que atenerse con un grupo de policías armados y enardecidos. Como se ve, los conceptos jurídicos quedan cortos frente a los acontecimientos.

El 30 de septiembre de 2010 todo el país estuvo en jaque. Y con una oposición agresiva, lista para la confabulación inmediata. Ningún país en el mundo justificaría esta situación. A ningún Estado es admisible la retención de un Presidente y el peligro de su vida. ¿Es posible imaginar algo parecido en los EEUU, por ejemplo?

Siguiendo los hechos, el cuartelazo no fue “espontáneo” sino preparado y coordinado con anticipación. Estaba en marcha cuando el Presidente Correa llegó al regimiento. La intención de la tropa insurrecta, conforme lo prueban sus exigencias, fue la de obtener un documento firmado por el Mandatario con el que posiblemente se creían seguras sus reivindicaciones. La retención del Presidente a fin de que no salga mientras no firme, fue la medida que siguió a la negativa presidencial. La presencia de Correa y su decisión desarmaron a los rebeldes. El Presidente cayó en una trampa política, que por poco le cuesta la vida.

Aprovechar de la insubordinación fue la estrategia del sector más radical del anticorreísmo. Tumbar al gobierno y desembarazarse de Correa posiblemente era el camino más apetecido. De allí la naturaleza tan sui géneris del “golpismo” de aquellos momentos, porque no existía ni la figura capaz de encabezar una toma del poder, ni el sector en el cual podía respaldarse una ruptura institucional. Era inútil pensar en un “vacío del poder”, la ciudadanía salió a respaldar al Presidente y a la democracia, el caos no se produjo y el “golpe” quedó en medio de las ilusiones.

OCHO. La institución policial ha quedado mal parada: se generalizó la reacción en su ontra, porque la insurrección no fue, evidentemente, el camino a optar y menos aún con semejante espectáculo de agresiones a la ciudadanía, inseguridad, comportamiento y, sobre todo, atentados contra el Presidente de la República y contra el Estado. Esta es una situación dolorosa para el país, pues toca recuperar la imagen institucional de la Policía, algo que requiere tiempo, pues ha entrado en juego la organización interna, el ingreso, la capacitación, la formación integral, los ascensos, etc.

Ecuador requiere un esfuerzo concertado para cambiar de manera integral a los servicios de inteligencia que fallaron en forma grave, a la Policía y a las FFAA. Romper con el antiguo pasado de la formación militar y policial en los viejos esquemas de la “seguridad nacional” y el “anti-izquierdismo”, cuyos rezagos todavía parecen persistir, según fue evidenciado entre la tropa insurrecta, cuando se gritaba al Presidente: “Fuera venezolanos, fuera cubanos, fuera comunistas”.

El “golpe” evidenció la precariedad en la que pueden estar las instituciones de la democracia cuando los políticos no actúan en el marco de la institucionalidad constitucional. En todo caso, también demostró Ecuador que la decisión de su pueblo fue capaz de preservar la constitucionalidad y con ella la democracia. Eso ha beneficiado a toda la América Latina, pues el triunfo institucional en el país contrarresta cualquier tentación del “golpismo” en la región y alinea a todos nuestros países en los valores históricos.

Finalmente, los acontecimientos del “30-S” marcan la necesidad de que el gobierno ecuatoriano afirme la capacidad de avanzar en la construcción de su proyecto político, evitando la generación de posiciones que descuiden el ideal de democracia participativa.

Sin duda, una serie de protestas sociales acumuladas en los últimos meses (universidades, sectores indígenas, trabajadores, etc.) dan cuenta de que surgen contradicciones serias al momento de enfrentar estructuras del pasado con decisiones políticas de cambio que resultan impositivas. El conflicto entre el Ecuador heredado y el que se pretende construir, requiere de mayor democracia y de más participación, capaces de vencer las resistencias del camino hacia el “Socialismo del Siglo XXI”, que postula el gobierno nacional.

NOTA
Artículo publicado en BOLETÍN DEL THE – TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Facultad de Economía Quito, Septiembre de 2010 – No. 06 – http://the.pazymino.com

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